Las pérdidas de Gas Sayago, propiedad de UTE y Ancap, rondan los US$ 180 millones. En el Juzgado de Concurso de 1er. Turno, Gas Sayago y la constructora brasileña OAS intercambian acusaciones que rozan los límites de lo jurídico y alcanzan ribetes agraviantes. La discusión se centra, fundamentalmente, sobre maquinarias que se transformaron en chatarra a la intemperie en el obrador de la planta y en los costos del uso del mismo que pertenece a la Administración nacional de Puertos (ANP).
Gas Sayago y OAS también discrepan sobre la realización de un remate de bienes de la compañía brasileña ubicados en el obrador —zona portuaria; el registro de esos bienes en el Sistema Lucía de Aduanas y el pago de deudas por el uso del predio perteneciente a la ANP, entre otras cuestiones.
La Administración Nacional de Puertos intimó la inmediata liberación del obrador bajo apercibimiento de aplicación de sanciones, según consta en el expediente del Juzgado de Concurso de 1er. Turno al que tuvo acceso El País.
Ninguna de las dos partes quiere afrontar esos elevados gastos diarios generados por el uso de la zona portuaria.
Sobre el negocio frustrado de la regasificadora sobrevuela el fantasma de la corrupción. OAS está asociada a los pagos de sobornos que se conocen en Brasil con el nombre de «petrolao» y a los escándalos de coimas investigados en el marco del caso «Lava jato», según un informe de los integrantes de la comisión investigadora de Diputados sobre la construcción de la planta regasificadora, Pablo Abdala, Amín Niffouri y Mario García.
La empresa japonesa, Marubeni, que adquirió el 50% del consorcio Gas Natural Licuado del Sur (GNLS), encargada del desarrollo de la regasificadora junto con GDF Suez, fue condenada en el pasado por la comisión de delitos de lavado de activos y pago de sobornos.
En Brasil, esta empresa fue investigada por la Fiscalía por operaciones sospechosas referidas a delitos tributarios. Además cuenta entre sus antecedentes, la vinculación con un presunto caso de corrupción, según se desprende de la delación premiada realizada por el empresario brasileño Marcelo Odebrecht.
En tanto, el consorcio GNLS enfrenta una denuncia por estafa que se tramita en la Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay.
Seis escritos presentados por Gas Sayago, OAS y el interventor de la compañía brasileña a la jueza de Concursos de 1er. Turno, Susana Moll, desnudan una pelea sin cuartel por los bienes.
Gas Sayago: «Que viene a solicitar nuevamente (a la jueza Moll) que se ordene a la constructora OAS el retiro de sus bienes ubicados en el obrador. (…) Los bienes de referencia están perdiendo valor y muchos de ellos ya se han transformando en residuos, lo cual se traduce en la sensible disminución del valor de la masa activa con que cuenta OAS para pagar a los acreedores concursales. Tanto OAS como el Interventor (Ricardo Merlinski) han actuado con extrema negligencia en relación a los bienes ubicados en el obrador y no tienen un plan ni lo han tenido en el pasado».
OAS: «La responsabilidad de la depreciación de los bienes que alega la contraria (Gas Sayago) es de exclusiva responsabilidad de Gas Sayago. Es única responsable de que mi representada pueda retirar los bienes. La Sede debe sancionar el tenor de los escritos de Gas Sayago, quienes en forma permanente, utiliza expresiones intimidatorias, amenazantes y en particular sancionar los letrados patrocinantes. La conducta de Gas Sayago podría calificarse de esquizofrénica».
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que, en el concurso de la constructora OAS, hay 300 empresas afectadas, de las cuales 15 son subcontratadas y tienen la mayor parte del crédito (por unos US$ 15 millones).
«Las demás son empresas proveedoras de diversos rubros y las deudas son de distintos montos», dijo Abdala a El País. Según el parlamentario blanco, el proyecto frustrado de la regasificadora en Puntas de Sayago demostró la «irresponsabilidad» con la que actuó el gobierno de la época, ya que se tomó decisiones en base a dos escenarios: la compra de gas natural por parte de Argentina y Aratirí. Agregó que el proyecto que impulsó el gobierno de José Mujica resultó «antieconómico» e «inconsistente».
Con respecto a la administración de los bienes, la constructora OAS pidió a la Justicia de Concursos que obligue a Gas Sayago a acatar las intimaciones del interventor Merlinski respecto al pago de más de US$ 13 millones que tiene retenido y no es abonado a la compañía brasileña. Y señaló que no son ciertas las afirmaciones de Gas Sayago de que los bienes de OAS ocupan una superficie de 10.400 metros cuadrados.
Según OAS, la «mayor parte» de los bienes se encuentran almacenados en dos galpones y el resto, que está a la intemperie, «no ocupa más de 300 metros cuadrados».
El interventor de OAS designado por la Justicia, Ricardo Merlinski, transmitió a la jueza de Concursos de 1er. Turno, Susana Moll, que son muchos los bienes de la constructora brasileña que aún están en el obrador de Puntas de Sayago.
«Lo que sí clarifico y afirmo ahora es que la casi totalidad de la superficie del obrador (10.400 metros cuadrados) está ocupada por bienes de propiedad de OAS cuya titularidad está disputando Gas Sayago a la masa activa» de acreedores, dice el escrito al que accedió El País.
Gas Sayago tiene la calidad de operador portuario, que OAS no ostenta. Y agrega que Gas Sayago no es acreedor en este concurso y, «como si fuera poco, está disputando a OAS» la propiedad de bienes situados en el obrador.
Señala que OAS no puede movilizar esos bienes debido a una «omisión» de Gas Sayago que no los cargó en el Sistema Lucía de Aduanas.
«Hace ya un tiempo que Gas Sayago se ha embarcado en una furiosa campaña de desprestigio de este interventor», agrega el escrito de Merlinski. Señala que un interventor es completamente imparcial y no tiene por qué favorecer ni perjudicar a ninguna de las partes involucradas en el proceso.
«Es evidente a estas alturas, que por alguna razón que desconocemos, este interventor no es del agrado de Gas Sayago», dice Merlinski.
La abogada de Gas Sayago, Valeria Techera, señaló que la empresa registró en el Sistema Lucía todos los bienes respecto de los cuales OAS le entregó la documentación correspondiente. Ello permitiría movilizar bienes de la constructora brasileña hacia afuera del obrador y realizar el remate de los mismos.
Gas Sayago entiende que la subasta dentro del obrador «no es una solución viable ni ágil» en el contexto actual, ya que «han variado» las circunstancias en virtud del largo tiempo transcurrido. «Conforme todo lo anterior, es imperioso que OAS proceda de inmediato al retiro de sus bienes», dijo el escrito de Techera.
Expresa que Gas Sayago está dispuesta a financiar la movilización de los bienes al destino que OAS determine dentro de los límites de Montevideo hasta un monto máximo de US$ 130.000 y, si fuera necesario, la financiación del alquiler de un depósito para el almacenamiento de los mismos por un monto máximo de US$ 50.000.
Techera dice que esta solución es beneficiosa para todas las partes , y por encima de todo, mitiga los daños y costos que la inmovilización de los bienes genera diariamente.
Las maquinarias de OAS ocupan 10.400 metros cuadrados en el obrador. Ello implica un costo mensual de US$ 18.408. Al día de la fecha, el costo total asciende a US$ 512.000, señala la abogada de Gas Sayago. Advierte que la solución planteada permitiría a Gas Sayago cumplir con la solicitud de la ANP de liberar el obrador, a OAS evitarse tener que cargar con el «gran costo» que debe abonarse a dicho organismo por el depósito de bienes evitando que se continúe «depreciando» su valor, lo cual redundaría en beneficio de acreedores.
