El 24 de agosto de 2015, en medio de un extenso conflicto con los trabajadores de la enseñanza, el gobierno uruguayo apeló a un decreto pachequista y a otro de la posterior dictadura cívico militar, para intentar impedir el ejercicio del derecho de huelga consagrado en la Constitución de la República.
El punto número 4 de aquella resolución expresó: “que la protección de los derechos fundamentales que puedan verse comprometidos por el ejercicio del derecho de huelga está prevista en nuestro ordenamiento por lo dispuesto en el art. 4º de la ley Nº 13.720 de 16 de diciembre de 1968 y art. 9º inc. 2º del Decreto – Ley Nº 14.791 de fecha 8 de junio de 1978, que facultan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a disponer medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios que han de considerarse esenciales.”
Firmó ese decreto instrumentado en bases pachequistas y dictatoriales, Ernesto Murro, el mismo Ministro de trabajo que hoy está en funciones, cuyo nombre suena como posible candidato presidencial del FA. El presidente era Tabaré Vázquez, y la Ministra de Educación María Julia Muñoz.
La brutal represión en las puertas del CODICEN que vino después, fue ordenada por Eduardo Bonomi, quien sigue muy campante en su cargo.
A estos personajes que no dudaron en apelar a decretos de los gobiernos de Jorge Pacheco y Aparicio Méndez, e igual que en aquellos tiempos trataron de sofocar a palos la protesta social, los condena su propia historia.
Como canta León Gieco, “todo está guardado en la memoria”. Y como escribió Benedetti: “Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia”.
Aníbal Terán Castromán
