Según informó el viernes el semanario Brecha, la Dirección de Rentas confirmó que el edil nacionalista del sector Todos, utilizó su inmobiliaria (Blás Propiedades) para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de terrenos del fraccionamiento fernandino Valle di Saronno, propiedad de la empresa Javipark SA.
El 6 de julio el director de Rentas, Joaquín Serra, firmó la resolución que declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares). En este caso la multa por defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos defraudados. Por esto también tendrá que responder el empresario argentino Oscar Andorno, quien figura como responsable de Javipark SA, empresa de la que Blás admitió públicamente ser apoderado.
Por otra parte, la DGI entiende que tres escribanos que trabajan para Blás –José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y dos funcionarias municipales– tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento” y deberán responder personalmente por defraudación, con multas de 7.337.964 pesos, 24.736.123 pesos y 5.131.896 pesos, respectivamente.
Aunque los profesionales alegaron que no están vinculados a Javipark SA y que por eso no se les puede imputar defraudación, la Dgi fundamentó que “faltaron a su deber de depositarios de la fe pública y falsificaron ideológicamente un documento público, lo cual es de trascendencia para que se concretara el engaño”.
También se consideró que la participación del edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades, fue “indispensable” para cometer la maniobra fraudulenta. Una imputación similar se aplicó a la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con 14.389.110 pesos de multa.
Todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014, y además fueron denunciados por la Dgi en la justicia penal especializada en crimen organizado. Hasta ahora los múltiples recursos que presentaron ante la Dgi y la justicia han sido rechazados. En el ámbito judicial su estrategia de interponer recursos logró dilatar las citaciones de testigos durante meses. No obstante, fuentes del caso adelantaron a Brecha que es inminente el reinicio de las actuaciones a cargo de la sede especializada de segundo turno.
LA MANIOBRA. La Dgi basó su resolución en “exhaustivos informes de la División Fiscalización”, que incluyeron “múltiples declaraciones testimoniales y documentación respaldante”. Así estableció que Javipark SA utilizó la inmobiliaria de Rodrigo Blás para vender inmuebles y operar de la siguiente manera: primero se emitía un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña; el día del otorgamiento de la escritura de compraventa se integraba parte del precio, hasta completar aproximadamente el 40 por ciento; el saldo del 60 por ciento restante que quedaba a pagar en cuotas era el que figuraba como precio en la escritura. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la citada resolución.
La Dgi también constató que cuando un comprador objetaba la diferencia entre el precio real y el que figuraba en las escrituras se le proponía un acuerdo extrajudicial en el que obtenía beneficios a cambio de guardar reserva sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi, en caso de ser citado. “Con la participación de diversos sujetos y sirviéndose de la estructura comercial de la inmobiliaria de Blás, se diseñó y ejecutó un aparato formal destinado a la obtención ilícita de un enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del fisco”, enfatiza la resolución. Y agrega: “El engaño estaba pergeñado para generar una apariencia de verdad susceptible de error a los funcionarios del fisco.
Tan así, que sólo pudo ser expuesto al descubierto por el desarrollo de una exhaustiva y eficaz labor inspectiva, que requirió la colaboración de terceros y una ardua tarea de investigación”. Para esto los investigadores contaron con testimonios de compradores, de escribanos que se negaron a participar de la maniobra, y diversa documentación. Entre esta fueron determinantes varias cuadernolas incautadas en la sucursal fernandina de la inmobiliaria –a cargo del edil Correa–, donde estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados. “El engaño habría tenido total éxito de no haberse presentado la denuncia” por parte de un particular.
La resolución administrativa de la Dgi (independiente de la investigación judicial) es recurrible ante el propio organismo (en tal caso, la decisión definitiva pasaría al Ministerio de Economía) y ante el Tribunal de lo Contencioso.-
