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El proyecto de ley incluye normas que interpretan dos artículos de la Constitución de la República, el 77 y el 81, que refieren a derechos y obligaciones de los ciudadanos.
La iniciativa establece que el hecho de residir fuera del país no exime a las personas de sus derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía.
En particular, el proyecto señala que el derecho al voto no se pierde por vivir en el exterior.
Y para definir cómo se votará desde el exterior, la ley crea de una comisión que tendrá un plazo de seis meses para presentar las mejores alternativas jurídicas.
Esta comisión estará integrada por representantes parlamentarios de todos los partidos políticos, un miembro de la Cancillería, uno de la Corte Electoral y dos miembros de asociaciones civiles. Será presidida y coordinada por la Institución Nacional de Derechos Humanos.
El Frente Amplio propuso y defiende el proyecto como forma de garantizar los derechos de los uruguayos en el exterior, mientras que la oposición lo rechaza y acusa al partido de gobierno de desconocer el resultado del plebiscito de 2009, cuando fracasó la reforma constitucional que proponía el voto epistolar desde el exterior.
Al respecto, los senadores Pablo Mieres y Jorge Larrañaga anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia para que se declare inconstitucional la ley.
La ley se aprobó solo con los votos del Frente Amplio: 16 en 28 senadores presentes, y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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