Los cerca de US$ 250 mil que la familia de la ginecóloga Milvana Salomone recuperó del pago efectuado en junio de 2015 a los secuestradores a cambio de que fuera liberada, no fueron devueltos en su totalidad porque el Banco República (BROU) se quedó con una parte.
La familia, siguiendo las instrucciones de los secuestradores, primero confirmó por la vía de los avisos clasificados del Gallito Luis del diario El País que contaban con el dinero para el rescate. Y el 6 de junio publicaron un aviso que decía: «Chacra compro. Pago US$ 300.000. Llamar tel: xx».
El viernes 12, finalmente se entregaron los US$ 300 mil y la doctora fue liberada cuatro días después en un descampado de Progreso, Canelones.
Fue uno de los allegados a Salomone quien arrojó un bolso con los billetes en el Molino de Pérez, Punta Gorda: al rato una moto pasó por el lugar y sus ocupantes tomaron la plata.
La policía recuperó esa suma, aunque incompleta, en los allanamientos de la operación en que se detuvo a los delincuentes. La Justicia ordenó la bancarización del efectivo en el BROU, pero el banco se quedó con el 1% de ese monto al cobrar una comisión por el servicio, confirmaron a El Observador fuentes cercanas a la familia.
Según explicó Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, la ley establece que todos los dineros que son incautados por las autoridades, o que son objeto de disputa judicial, deben depositarse en una cuenta del BROU.
Esa cuenta de estar debidamente identificada con el número del expediente del caso. Una vez que el juez de la causa emite su sentencia y su decisión no es apelada por alguna de las partes, el dinero depositada debe ser devuelto a su dueño, pero este deberá probar que es el propietario legítimo.
Mientras la Justicia determina esto último, «el dinero debe estar a buen recaudo y, lógicamente, está en manos del banco, que cobrará (por la operativa) según la normativa que disponga», aseguró Oxandabarat.
Este proceso puede llevar varios meses, aunque no fue lo que sucedió en este caso, porque el asunto era de fácil dilucidación.
De este modo, el BROU se convirtió en el único actor identificado que sacó un rédito económico con el secuestro que tuvo a Salomone recluida durante un mes: cobró aproximadamente US$ 2.500 por concepto de sus servicios.
«El banco cobra por la operativa», reinteró Oxandabarat. Desde la institución financiera se comunicó a El Observador que la comisión que se cobra en estos casos «responde a los costos asociados a la gestión de una cuenta bancaria».
Por otra parte, se aseguró que estas cuentas son «depósitos a la vista» y que el banco no paga intereses por la plata que reciben durante procesos judiciales.
Milvana Salomone fue secuestrada el 16 de mayo de 2015, cuando retornaba a su casa, en los alrededores de Parque Batlle. Un mes más tarde fue liberada, y los cabecillas de la banda fueron detenidos y apresados por la jueza Dolores Sánchez. A Gustavo Lepere Medero, poseedor de antecedentes penales e identificado como jefe de la banda, se le imputó «un delito de secuestro en concurrencia fuera de la reiteración real con un delito de incendio». En marzo el fiscal pidió entre 8 y 10 años de prisión. Según declararon los delincuentes, eligieron a su víctima al azar.
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