El ex presidente y actual senador José Mujica fue citado este lunes para ser uno de los próximos convocados por la Comisión Investigadora que, en Diputados, indaga eventuales irregularidades en la financiación de los partidos políticos .
Su citación venía siendo impulsada por la oposición, en torno a las denuncias que sugerían algún tipo de vínculo irregular entre la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2009 y la empresa Tenfield, liderada por Francisco «Paco» Casal.
Entre los elementos que se manejan en la comisión como argumentos están las declaraciones que en su momento realizó el ex presidente de Nacional, Ricardo Alarcón. También las del ex titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá.
Ambos habían denunciado presiones por parte del gobierno de Mujica para favorecer a la empresa en relación a los derechos de televisación.
También se pretendía esclarecer qué rol jugó Gustavo Torena. El “Pato Celeste” quien revistaba en Tenfield al tiempo que se desempeñaba como “asesor” de Mujica, con un despacho en el sexto piso de la Torre Ejecutiva.
Además se procuraba clarificar la polémica decisión del ex mandatario de condonarle una deuda fiscal a la empresa, fijada en su momento en US$ 100 millones por la que se le había trabado un embargo genérico a Casal.
Entre varias idas y vueltas, y denuncias cruzadas de presiones entre el empresario y las autoridades, la Fiscalía del gobierno de la época concluyó que la inspección que la Dirección General Impositiva le realizó al agente futbolístico había tenido una «inocultable desviación». El Ministerio Público ordenó luego que la causa contra Casal se archivara.
Dos años después, en 2013, el presidente Mujica resolvió la condonación de la deuda ante el eventual riesgo de que Casal terminara demandando al Estado. El hecho lo llevó a tener un fuerte enfrentamiento con su vicepresidente, Danilo Astori, y con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
Circo político y reality show
Los empresarios Francisco “Paco” Casal y Nelson Gutiérrez, principales responsables de la empresa Tenfield, agradecieron la invitación pero se abstendrán de concurrir a la Comisión Investigadora.
Lo harán, según afirmaron, al amparo de las normas constitucionales vigentes y por entender que ese ámbito carece de competencias para citarlos.
Casal y Gutiérrez acusaron recibo oficialmente de la citación a comparecer ante la comisión el 25 de junio, en el marco de la denuncia que el diputado colorado Adrián Peña (Ciudadanos) efectuó en torno al financiamiento de las campañas electorales.
En especial si hubo beneficios cruzados debido a contribuciones, aportes o donaciones efectuadas por los empresarios a ese sector.
Comparecencia que nunca se producirá, por una serie de motivos que los empresarios explicaron a través de una carta enviada a la investigadora, a la que accedió ECOS.
“Hemos accedido a abundante información de prensa que distorsiona el trabajo de la comisión y busca parcializarla en forma previa a las indagatorias que pudiera realizar”, afirmaron.
Casal y Gutiérrez dijeron percibir que se busca obtener rédito político y aprovechamiento indebido de pretendidas y falsas situaciones de financiamiento por parte de Tenfield que nunca ocurrieron.
Por otra parte, apuntaron que la competencia de las comisiones parlamentarias no comprende la realización de pesquisas de este tipo sobre particulares, sino la colecta y recolección de datos con mero destino legislativo.
“Los propios integrantes de la comisión han invalidado la labor de la misma”, afirmaron.
Para eso, citaron declaraciones del presidente de la Investigadora, Alejo Umpiérrez (Todos-PN), en cuanto a que ese ámbito se había transformado en “una especia de reality show, que conspira contra la propia investigación”.
También de Daniel Caggiani (MPP-FA), que señaló que “el Partido Nacional había generado un circo político” en torno a la comisión.
Casal y Gutiérrez sostuvieron asimismo que el propio Peña, “en forma temeraria y ante distintos medios, habló sobre posibles favores políticos, sin pruebas ni fundamentos”.
“Con todo respeto, no es esta la forma que pretendemos se siga en un Estado de Derecho”, afirmaron. “No debemos participar ni en un reality show ni en un circo”, señalaron.
En el escrito los empresarios, citando a Justino Jiménez de Aréchaga, argumentaron que la naturaleza de las comisiones investigaciones se encuentra limitada a las funciones de contralor interno del Estado.
“Su función no es instaurar una suerte de Poder Judicial paralelo, que cuestione a los particulares por sus actividades privadas o que busque que rindan cuentas”, afirmaron.
En ese marco le sugirieron a Peña que, si existe algún cuestionamiento a Tenfield en relación al financiamiento de las campañas políticas, recorra los caminos judiciales correspondientes.
