Finalmente, luego de más de dos años, la Ley de Tiempo Equitativo de los hijos de padres separados, impulsada por la ONG Stop Abuso primero y presentada por los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Gerardo Amarilla después, comenzará a tener su trámite parlamentario.
Esto será el miércoles 27 de junio en la Comisión de Legislación, Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, dijo Goñi a ECOS. Para ese día, está prevista la comparecencia de los representantes de las cátedras de Derecho de Familia de la Universidad de la República, Universidad Católica y Universidad de Montevideo para dar su opinión sobre el tema. «Habían sido invitados para este miércoles (20), pero como uno no podía y queríamos que fueran todos lo pospusimos para una semana más», agregó.
De acuerdo con la psicóloga Nita Próspero, referente de esa ONG que trabaja con niños y adolescentes víctimas de abuso emocional, físico y psíquico en su entorno familiar, esa ley únicamente busca agregarle un inciso al artículo 34 del Código de Niñez y la Adolescencia, sobre la tenencia por los padres: «El juez procurará que el niño pase un tiempo equitativo con cada uno de los padres».
«Estábamos muy expectantes y ansiosos de que esta ley llegue a buen puerto, que se trate y se debata», afirmó Próspero a este portal. Esta psicóloga señaló que estos casos refieren a separaciones en las que no hay violencia de por medio.
Sin embargo, se refiere a casos en los que, luego de una separación, uno de los padres -casi siempre la madre- impide el vínculo del otro padre con el hijo, ya sea por resentimiento u odio, incluyendo denuncias por violencia que resultan ser falsas. «El padre, que no es violento antes, se ‘vuelve’ violento luego de la separación», indicó Próspero. En esta ONG, afirmó, estudian cada caso «durante meses» para estar seguros de que no hubo episodios reales de violencia que admitan medidas judiciales.
«Eso es algo que está pasando. Es la realidad. Hay hijos que son separados completamente de sus padres sin fundamento», indicó por su lado Goñi.
Para Próspero, lo que ocurre es un «maltrato invisible» en el cual el niño «queda rehén de una guerra conyugal».
Lo que se busca, entonces, es establecer en la norma un criterio legal para que el juez aplique en los casos en que no hay razones que se justifique una desvinculación.
«Este proyecto lo presentamos hace años y estaba encajonado. Recién ahora tiene un andamiento porque gente perteneciente al oficialismo sufrió este problema y se acercó a pedir ayuda», indicó, no sin cierta amargura, Próspero.
La semana pasada, Stop Abuso se reunió con Mariana Mota, Juan Faroppa y Wilder Tayler, integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Según la psicóloga de Stop Abuso, le pidieron un informe de los casos recibidos para dentro de un mes. «Y le dijimos que cuando se lo presentemos, en un mes, le van a llegar la situación de 3.000 niños».
Hace dos años atrás, aseguró, recibirían una llamada por día. «En ese lapso, todo se incrementó exponencialmente; son miles y miles los casos».
En una comparecencia ante el Parlamento a fines del año pasado, Próspero estimó en «casi 5.000» los niños víctimas de estas guerras conyugales que no han podido ver -o los han visto apenas- a sus padres luego de la separación.
