Vecinos se movilizan en rechazo a decisión judicial. «Hay tres asesinos capturados in fraganti que quedaron libres. Que no queden impunes».
“Todos por Gustavo. Todo el mundo debe ir de negro frente a la Vinería Viejo Pancho, donde lo mataron. Toda la Costa de Oro. Hay tres asesinos capturados in fraganti que quedaron libres. No dejemos un crimen impune”.
Así señala la proclama que está circulando desde este miércoles en San Luis, la localidad de Canelones visitada apenas dos días antes por el presidente Tabaré Vázquez y que, una vez más, volvió a estar conmovida por un hecho relacionado a la violencia y la inseguridad.
El juez penal Marcos Seijas decidió absolver, por falta de pruebas, a los dos hombres y a la mujer acusados de haber asesinado allí a Gustavo Barón, un lugareño de 51 años, a principios de noviembre del año pasado.
Los imputados venían cumpliendo hasta ahora prisión preventiva y fueron liberados tras el dictamen judicial.
Se trató de un caso que conmovió al pueblo y que fue precisamente, uno de los detonantes de la visita presidencial, motivada por los reclamos de los vecinos en cuanto a una mayor seguridad.
La víctima terminó muerta cuando se resistió a un asalto por parte de dos delincuentes mientras esperaba en su auto a su cuñada, encargada de levantar quiniela en el lugar y que estaba en ese momento en el interior de la vinería.
El hombre, de 51 años, se había ofrecido a llevarla en su recorrido ya que el vehículo de la mujer estaba descompuesto.
Luego del forcejeo, fue abatido de un disparo en el pecho.
El relato de los hechos indicaba que un vecino que pasaba por el lugar persiguió a los maleantes e intentó detenerlos chocando contra la moto en la que se desplazaban, por lo que uno de ellos continuó la fuga a pie.
Ambos volvieron a encontrarse en la ruta, siempre seguidos de cerca por ese vecino que, al cruzarse con un móvil policial, le hizo seña. Los delincuentes terminaron perdiendo el dominio del rodado y cayeron, siendo detenidos.
La mujer, en tanto, fue quien habría avisado a sus supuestos cómplices de que era seguro rapiñar el local comercial frente al cual terminó ocurriendo el asesinato. Lo habría hecho a través de mensajes de texto enviados desde su celular.
En rechazo la decisión del juez es que los habitantes del lugar se declararon “en luto” por su vecino asesinado y así lo expresarán.
“Vamos a manifestarnos en paz, pero también mostrar nuestro repudio acerca de cómo se manejó este hecho en la Justicia”, dijo a ECOS Gabriela Martínez, una de las vecinas que participará en la marcha.
Según señaló, para la localidad es incomprensible la decisión judicial con respecto a los acusados “siendo que había tantas pruebas. Hubo vecinos que los siguieron, muchos los indentificaron, incluso cuando fueron apresados tenían el dinero y otros elementos que robaron”, dijo. “No tiene lógica lo que hizo la Justicia.
El reclamo es que se reevalúe el fallo de Seijas, que será apelado por la Fiscalía.
Los vecinos tienen, además, otra inquietud. Es que la decisión del juez supuso la liberación de los tres imputados por la causa. Y todos son habitantes del balneario. Incluso viven a pocas cuadras del lugar donde fue asesinada la víctima. En el caso de la joven, a apenas cincuenta metros.
En ese sentido, Martínez dijo que la postura de los vecinos es clara en cuanto que desean que abandonen la localidad. “No queremos vivir entre delincuentes. Nosotros somos ocho mil, ellos tres”, indicó.
“No hay una vinculación entre los hechos primarios, no fueron mostrados a los testigos presenciales los efectos incautados y no se extrajo del cuerpo el proyectil”, indicó este jueves el juez Seijas sobre su decisión, al ser entrevistado en El Espectador.
Lo cierto es que Seijas cuestionó duramente en su fallo la labor de las dos fiscales que actuaron en el caso, y que habían pedido 28 años de prisión para los imputados.
En el dictamen, al que accedió ECOS, el magistrado sostuvo la inexistencia de pruebas para vincular a los detenidos con el caso. Específicamente, indicó que no se pudo confirmar que el arma que se les incautó fuera la utilizada en el homicidio.
La pericia para ubicar restos de pólvora en los acusados dio negativa. Además, y en el detalle más polémico del informe, Seijas afirmó que la autopsia realizada sobre la víctima no pudo ubicar la bala para cotejarla con el revólver. La razón es que, al momento de hacer el estudio, no había un radiólogo disponible para buscarla. La prueba forense fue realizada un fin de semana.
El juez expresó también que ninguno de los testigos presentados, en definitiva, pudo identificar ante la Justicia a los acusados ni aportar datos sobre el vehículo en el que se desplazaban.
En definitiva, para Seijas la Fiscalía no pudo elevar una prueba suficiente para condenarlos. Ni siquiera algo que permitiera una certeza razonable sobre su culpabilidad.
