La exdirectora del Hospital de Mercedes, Patricia Laxaga, confirmó este lunes en el Parlamento, en la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que ella misma ordenaba autorizaciones de pago a la empresa de la cual ella era socia.
Se trata de la Empresa Médica de Soriano (EMS), una firma de traslados en ambulancia, que era contratada en ese centro asistencial mientras la jerarca y otros propietarios tenían cargos en el organismo, entre ellos, Ana Falótico, primero neumóloga y luego también directora de Mercedes, que está siendo investigada por la Justicia por esta maniobra.
EMS es una de las empresas que centran las denuncias de irregularidades en ese y otros hospitales de Soriano.
Ante los legisladores, Laxaga admitió que, a sabiendas, contrató varias veces a la empresa de la la que era socia. De todas formas, se justificó afirmando que había puesto sobre aviso a sus superiores jerárquicos en los que, lejos de hacerla desistir, avalaron su conducta.
«Alguna vuelta le vamos a encontrar», relató la médica al respecto de la respuesta que recibió. Entre los responsables de ese aval, mencionó al gerente administrativo de ASSE, Héctor Garbarino, al que la comisión resolvió citar, según dijo a ECOS el diputado nacionalista Martín Lema.
La responsabilidad de Laxaga fue puesta de manifiesto la semana pasada por su ex número dos, Cristina Escola que, ante la situación contractual de su superiora, era la que estampaba su firma en la orden de gasto.
«Firmaba lo que me ponían ahí para firmar», dijo. «Lo hacía sin leer. Hay cosas de contaduría y de tesorería que no las aprendí», admitió ante los legisladores.
La contratación directa de EMS le significó a la administración una erogación de más de $ 11 millones.
Laxaga, que tiempo después fue sumariada y sancionada con 120 días de suspensión con retención de haberes por este tema y que luego terminó renunciando por conjunción de interés público y privado, coincidió en su testimonio con el que, semanas atrás, brindó Falótico, una de sus socias.
«Creo que podrían buscar esta información en los que corresponde y no ponerme a mí en una situación díficil en cuanto a dar nombres,» se había excusado, luego de afirmar que son varias las empresas, a lo largo y ancho del país, que están contratadas en los mismos hospitales en los que se desempeñan sus dueños.
A igual que en Mercedes, Falótico repitió el esquema contratando a EMS cuando pasó a desempeñarse al frente del Hospital de Dolores, en junio de 2014.
Para hacerlo, según afirmaron varios testigos ante la comisión, desarticuló el servicio que venía siendo contratado previamente.
«A veces, prima el hecho de atender al enfermo y tener cierto cuidado en ese aspecto para con la gente», dijo a modo de justificación.
Falótico señaló que para las autoridades era «público y notorio» que ella integraba el directorio de EMS y aseguró que se abstuvo de participar como jerarca todas la veces que la empresa resultó contratada. «Las autoridades sabían que yo formaba parte de EMS».
Más aún, según relató, una vez asumido su cargo «consultó» en todo momento a las autoridades para saber cómo actuar. «Pedí indicaciones acerca de qué hacer. Siempre se trató de buscar una solución al tema», manifestó.
Al frente de Mercedes, de forma interina, continúa desempeñándose Cecilia Acosta, que desde 2016 viene ocupando ese cargo a la vez que ocupa la dirección de la Regional Oeste de ASSE, por lo que está en condiciones de controlarse a sí misma.
Acosta, enfermera de profesión, era la que daba el visto bueno a las contrataciones definidas por su antecesora admitió haber estado en conocimiento de las incompatibilidades qne enfrentaban sus colegas, pero sostuvo que tenían más valor las necesidades asistenciales.
«Frente a la la omisión de asistencia, la vida de las personas vale más que una norma que nos diga que el otro es un funcionario público», afirmó.
A instancias del diputado Lema, la Comisión Investigadora dio plazo a ASSE hasta el 30 de abril para remitir toda la documentación que, en su momento, fue pedida sobre la situación de varios centros de salud, en particular sobre el Hospital de Rivera, cuyo análisis los legisladores retomaron este lunes.
Lema lamentó que hace meses se pidieron los informes, sin respuesta. Si los documentos no vienen en la fecha estipulada, las actuales autoridades, encabezadas por Marcos Carámbula, serán citadas en forma urgente.
A la comisión asistieron la licenciada Inés Támara, la laboratorista Tamara Nasser, la enfermera Patricia Pereira y la instrumentista Graciela Oneto.
Todas se desempeñaron en el Hospital de Rivera bajo la dirección de Andrés Toriani, destituido el año pasado por graves irregularidades que, además motivaron un choque entre la entonces presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y el presidente Tabaré Vázquez.
Vázquez forzó el despido de Toriani, integrante al igual que Muñiz del Partido Comunista, por haber contratado a más de 80 médicos y funcionarios al margen de la normativa.
Lo hizo desviando más de $ 48 millones de rubro «servicios médicos», al habérsele agotado los fondos destinados a salarios y recursos humanos.
Tambien se le cuestionó la contratación de CTI y otros tratamientos en Brasil, argumentando que era más económicos.
Según Lema, las cuatro mujeres coincidieron en que Toriani «ocultaba camas» del sector de terapia intensiva para mostrarlas como «no disponibles», a los efectos de justificar la necesidad de una compra externa.
También apuntaron a que el ex director asignó concursos a una empresa diferente a la que resultaba ganadora.
Al legislador y a otros miembros de la comisión le quedó la «sensación», luego del testimonio de las invitadas, de que Toriani sembraba una «política de miedo» a través de «represalias», como sumarios y amonestaciones, a los funcionarios que quisieran denunciar las irregularidades.
Al respecto el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) sostuvo que la ex presidenta Muñiz estaba al tanto de la situación.
