En mayo de 2016 la Intendencia de Montevideo (IMM) envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental por el que busca aumentar las exigencias para las academias de conducir y para quienes quieran obtener la licencia. Entre otras cosas, ese proyecto establece que son necesarias 25 clases para poder dar el examen de la libreta de conducir. Actualmente son 15 clases.
Ese ya proyecto fue aprobado en la Junta y el gobierno departamental lo reglamentó en los últimos días, por lo que comenzará a regir a partir de mayo.
Cada clase no podrá ser de menos de 60 minutos ni durar más de 120 minutos. De esta forma, el precio de obtener la libreta de conducir supera los $16.000. Las academias cobran, en promedio, $ 575 la hora por lo que completar las 25 clases cuesta $ 14.375. A ese costo se le debe sumar el trámite de la libreta de conducir ($ 1.373) y el examen médico (alrededor de $ 1.000).
La comuna había asegurado en 2014 que la nueva normativa apuntaba a revertir el hecho de que no había un control sobre la calidad de las academias. Ahora, esas empresas pasarán a prestar un servicio de «actividad privada de interés público». Y, además de aumentar las clases, la intendencia limita la cantidad de empresas de este estilo y pondrá exigencias también a los vehículos con los que se da el servicio.
«La explotación de este servicio queda reservada a las personas o empresas que hayan obtenido el permiso respectivo», dice el decreto enviado a la Junta. La comuna dejó de otorgar nuevos permisos en 2012. Cada permisario podrá ser titular de un solo permiso y, a las exigencias de tener licencia de conducir y no presentar antecedentes graves como conductor, se suma que no podrán ser funcionarios de la división de Tránsito o Transporte de la intendencia.
Además de estar domiciliadas en Montevideo, las academias no podrán presentar a aspirantes para obtener licencias en otros departamentos. El servicio, decía el proyecto de decreto, debe prestarse en forma continua y «cada academia de conducir deberá presentar al menos 30 alumnos en el año». El hecho de que el desempeño de los aspirantes en más de un trimestre sea insuficiente, «que haga presumir la inadecuada capacidad de enseñanza», tener el vehículo en condiciones antirreglamentarias o no concurrir a las inspecciones podrá hacer que se revoque el permiso. Las multas van además entre 1 UR ($ 1.067 a valor actual) y 35 UR (unos $ 37.345 a valor actual).
Los funcionarios de Tránsito y Transporte tampoco pueden ser instructores y se mantiene la exigencia de que todas las academias deben contar con al menos un instructor habilitado. Cada instructor puede trabajar hasta en dos academias y para poder dar clases se debe estar inscripto en el Registro de Conductores, tener un certificado de aptitud psicofísica, y un certificado judicial libre de antecedentes; aprobar el curso que dicte la IMM, no tener infracciones de tránsito, y cumplir con las exigencias de seguridad social.
Por otra parte, quienes dicten las clases deben «lucir un aspecto higiénico y prolijo y vestir con sobriedad y pulcritud», y dar un trato cortés y correcto.
También se reglamentaron las condiciones que deben tener los vehículos, como la antigüedad e identificación, y se establece que no pueden haber sido utilizados anteriormente para cumplir con otro servicio de interés público. Si el vehículo es utilizado para otro fin que no sea el de dictar clases, la multa será del 20% del máximo legal vigente en el mes de la infracción. Si eso se reitera, se cancela el permiso. Los autos pueden tener propaganda aunque el 20% debe reservarse para campañas de seguridad vial.
