La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revocó este jueves la sentencia por la cual un hombre perdió la patria potestad de su hija en 2015, y valoró como «plenamente acreditado» que el proceso civil fue un «fraude» que tuvo a la exsenadora comunista Michelle Suárez como «protagonista».
El caso, que incluye firmas apócrifas y testimonios falsos, está también en manos de la Justicia Penal y llevó a la Corte a iniciar una investigación paralela para evaluar el accionar profesional de Suárez, así como a su socia Rosario Sánchez. Además, se remitió todo el expediente a la Justicia Penal, informó Telenoche.
En la sentencia, a la que accedió El Observador, la SCJ sostiene que Miguel (el hombre que solicitó la revocación) fue víctima de indefensión, fraude y «mala fe» por parte de Suárez, Sánchez, y su expareja, Joana. Según concluyó la Corte, existió «una estratagema dirigida a un único fin: privar al Sr. Miguel de su derecho a defenderse en el proceso que la Sra. Joana (su expareja) dirigió en su contra para que perdiera la patria potestad».
El escrito sostiene que la participación de Suárez está «plenamente acreditada», y agrega que hay elementos que «permiten afirmar» que la madre «no sería ajena a la maniobra urdida en contra de» su expareja.
La Corte afirma que «tiene plenamente acreditado que existió una maniobra ejecutada en varios actos que perjudicó, indudablemente, al Sr. Miguel, al punto que determinó que perdiera la patria potestad sobre su hija».
«(A Miguel) se lo privó de su derecho al debido proceso, que compone un plexo de garantías esenciales que son inherentes a la personalidad humana y que han sido reconocidas por nuestra Constitución. En otros términos, se vulneró con flagrancia un derecho humano fundamental del recurrente», señala la Corte.
Miguel no ve a su hija desde fines de 2013, cuando la niña tenía poco más de dos años. En 2014 emprendió un juicio contra Joana en el que reclamaba ver a su hija, sin saber que ese periplo le depararía varias sorpresas.
Cuando llegó el día de la primera audiencia, el 13 de mayo de 2015, Miguel fue informado de que –con su consentimiento– había perdido la patria potestad en un proceso distinto iniciado antes del juicio de visitas, pero cuya sentencia se dictó después de que se abriera ese segundo proceso.
Consciente de que jamás había dado su consentimiento para perder la patria potestad, Miguel se sorprendió al ver su firma junto a la de una abogada que decía nunca haber visto, pero que justo era la representante de su mujer en el juicio de visitas: Michelle Suárez.
En el expediente de la patria potestad, al que accedió El Observador, tanto el padre como la madre de la niña aparecían firmando un escrito de demanda y contestación conjunta, por el cual Miguel aceptaba perder los derechos sobre su hija.
La mujer argumentaba que Miguel se había desinteresado de la niña y que por eso estaba dispuesto a renunciar a la patria potestad. Sin embargo, en paralelo, ese padre supuestamente desapegado emprendía un juicio para poder ver a su hija.
Es decir, mientras que por un lado parecía estar dispuesto a renunciar a todos los derechos sobre su hija, al mismo tiempo reclamaba poder visitarla. «No parece lógico que el 10 de junio de 2014 Miguel promoviera un proceso para que se fijara un régimen de visitas respecto de su hija, luego de que tan solo 21 días antes hubiese firmado un escrito de demanda y contestación conjunta por el cual se allanaba a la pretensión de pérdida de patria potestad que promovió en su contra la señora Joana», señala la Corte.
En noviembre, pericias caligráficas confirmaron que la firma del hombre era apócrifa, y apuntaron que Suárez falsificó otras firmas de su colega Rosario Sánchez, quien también participó de la maniobra.
Citando al jurista Angel Landoni, la Corte concluye que el proceso constituyó «una forma anómala de juicio» y que, «en vez de ser una lucha entre los litigantes», fue «una comedia para dañar a terceros».
La abogada de Miguel, Silvana Gonda, dijo a El Observador que la sentencia de la Corte implica «un paso muy importante» para su cliente, pero aclaró que el hombre todavía no puede ver a su hija y que «sigue luchando por las visitas», aunque haya recuperado el derecho a tomar decisiones respecto a la niña.
«El juicio de visitas sigue adelante», afirmó Gonda, y agregó que «ahora el expediente está en el Inau en Maldonado, con la finalidad de proceder a la revinculación entre el padre y la hija».
Según Gonda, en años anteriores los técnicos y psicólogos eran reacios a permitir un encuentro entre padre e hija, pero que con «el estado público» que tomó el caso en los últimos meses «hay otra voluntad».
«La madre planteaba que a la niña le hacía mal la presencia del padre, y hace dos años los técnicos del Inau decían lo mismo», señaló la abogada, y apuntó que a la niña toda su vida le habían dicho que su padre era otra persona.
Con la patria potestad recuperada, aún sin ver a su hija, el padre puede hablar con sus psicólogos y médicos, e incidir en su educación. «Los tiene teóricamente; desde el punto de vista práctico es otra cosa, porque hay obstaculización y omisión», aseguró Gonda.
