Unos 400 policías llegaron el 20 de marzo a Casavalle para llevar adelante el llamado operativo Mirador III, una nueva incursión de efectivos de la Jefatura de Montevideo y de la Guardia Republicana en un barrio azotado por el enfrentamiento entre bandas criminales. En los más de 40 allanamientos que se realizaron aquel día, la Policía logró incautar 90 lágrimas de pasta base (medida de entre 0,1 y 0,5 gramos cada una), 20 palancas de marihuana (poco más de 20 porros), y detuvo a más de 11 personas.
Sin embargo, los efectivos no encontraron una sola arma de fuego. ¿Cómo era posible que las mismas bandas que expulsaron a 110 personas de sus casas a punta de pistola en 2017, y que frecuentemente se enfrentan a los tiros, no tuvieran armas en su poder?
La respuesta llegaría dos días después, cuando en un operativo que llevó el nombre de Operación Astra la Policía logró incautar más de 160 armas y 1.600 municiones, y detuvo a 12 personas –una de las cuales fue enviada a prisión por tráfico de armas, al tiempo que otras dos personas sin antecedentes penales quedaron en libertad vigilada por el mismo delito–. Según dijo una fuente de la investigación, esta organización se dedicaba a alquilar armas, y tenían entre sus clientes a Los Camala y Los Chingas, dos de las bandas que se disputan el territorio de Casavalle.
En Uruguay el 60% de los homicidios fueron perpetrados con arma de fuego. En Montevideo ese porcentaje se eleva al 75%, mientras que en el interior se reduce al 41%.
Al alquilar, estos grupos podían tener poder de fuego solo cuando les era necesario, sin necesidad de llevar consigo las armas todo el tiempo. Según dijo una fuente a El Observador, un delincuente puede pagar entre $ 500 y $ 800 por día por un arma, aunque cuando se trata de armamentos más sofisticados el precio puede llegar a los $ 1.500.
El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, confirmó que la Operación Astra desarticuló una organización de alquiler de armas, y dijo que se está investigando a otros grupos que operan de la misma manera, proveyendo a criminales. «Pensamos que hay un mercado ilegal de armas y municiones importante. Hay mucha arma en la calle», agregó.
Vázquez dijo que una de las pistas que llevó a la Policía a llegar a esa conclusión es que «muchas veces cuando se agarra a un delincuente el arma nunca aparece», y además, según los informes balísticos que realiza Policía Científica, se ha encontrado casos en los que una misma arma aparece vinculada a distintos crímenes sin aparente relación entre sí.
Durante la llamada operación Astra la Policía incautó 160 armas, de las cuales 120 eran armas largas y 40 cortas. Entre ellas había 58 rifles, 62 escopetas, 22 pistolas y 18 revólveres.
Las armas dejan siempre una huella única en los casquillos y vainas de las balas disparadas. Con ese dato la Policía puede determinar si dos balas fueron disparadas por una misma arma.
El Ministerio del Interior adquirió en los últimos tres años la tecnología necesaria para hacer ese estudio, y desde entonces realiza un «árbol de participación» de cada arma que participa en un delito. «De esta forma se puede deducir si un arma la tiene alguien en particular o si fue alquilada», explicó Vázquez.
Policía Científica analizó las 160 armas incautadas durante la Operación Astra con el objetivo de poder aclarar homicidios no aclarados presuntamente vinculados al enfrentamiento entre bandas criminales. Para ello probarán cada una de las armas incautadas, registrarán su huella balística y buscarán coincidencias con las balas que se usaron en enfrentamientos y que provocaron la muerte de personas.
En agosto de 2014 el Parlamento aprobó la ley de Tenencia Responsable de Armas (Nº 19.247), una normativa con la que se pretendía aumentar la regularización del armamento ilegal en manos de civiles, al tiempo que se crearon los delitos de tráfico internacional de armas y tráfico interno, y se le confirió al Ministerio del Interior la potestad de incautar aquellas armas que no estén debidamente registradas.
La ley también dispuso una multa de entre 10 unidades reajustables (UR) y 1.000 UR (entre $10.670 y $1.067.00) para quienes tengan armas sin contar con la autorización.
Sin embargo, esta ley estableció un período de gracia de 12 meses para que todos aquellos que tengan un arma que no esté registrada puedan regularizar su situación sin pagar la multa. Ese plazo de 12 meses comenzó a contar a partir del 5 de diciembre de 2016, y finalizó el 5 de diciembre de 2017.
Según contó Vázquez, si bien hubo un aumento considerable en el número de armas registradas, todavía siguen siendo más las que no lo están.
La venta, adquisición o alquiler de armas se castiga en Uruguay con una pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría. Asimismo, si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena es aumentada en un tercio.
El subsecretario del Ministerio del Interior dijo que esto ocurre porque hay gente que pasa las armas desde Argentina o Brasil, otras que las heredaron y nunca hicieron el trámite correspondiente o bien gente que las adquirió en el mercado informal o que las recibió como pago de una deuda.
«Desearíamos que la cantidad de armas sin registrar fuera cero, pero eso va a ser difícil», reconoció.
Cada vez que se registra un arma se hace un disparo en Policía Científica para guardar en una base de datos su «huella balística». De esa forma, si esa arma es utilizada para cometer algún delito se puede identificar a su propietario, y así saber si el crimen fue perpetrado por el dueño original del arma o si esta fue robada con anterioridad.
Vázquez dijo que el Ministerio evaluará el nivel de aceptación de la ley que fue reglamentada en 2016 -ya que el período de gracia finalizó en diciembre de 2017- para saber los pasos a seguir de modo de aumentar la regularización del armamento civil.
Cada vez que se realiza un allanamiento en el que se encuentra armamento de uso civil que está en manos de delincuentes, este debe ser destruido. Sin embargo, cuando se trata de armas que pertenecieron a la Policía o a las Fuerzas Armadas se devuelven a las autoridades.
La secretaria general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, dijo a El Observador que «hay una sensación de que están robando más a policías», y dijo que esto ocurre en momentos en que los efectivos están sin protección.
Una de los momentos en lo que se da este tipo de robos es cuando los efectivos son enviados a zonas críticas a realizar custodias por casos de violencia doméstica, aseguró Rodríguez.
El Sifpom y el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) reclaman que estas custodias se realicen con dos funcionarios y no solo uno, algo que fue aceptado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y por el jefe de Policía, Mario Layera, pero que, según Rodríguez, es incumplido por jerarcas de menor rango, quienes continúan enviado a un solo efectivo a montar guardia en zonas de alta peligrosidad.
