De los nueve pedidos de procesamiento que el fiscal Luis Pacheco solicitó a la jueza Beatriz Larrieu en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP, ocho fueron jerarcas oficialistas y uno, Juan Justo Amaro, representante por el Partido Colorado entre 2010 y 2013. El delito de abuso de funciones se repitió en todos los casos y se le sumó estafa para el exgerente general de ALUR, Manuela González, y peculado para el expresidente del organismo, Raúl Sendic. De los ocho puntos analizados por el fiscal a raíz de las denuncias presentadas por cuatro partidos de la oposición, encontró causal de delito en seis de ellos. ¿En qué denuncias encontró ilicitudes y en cuáles no?
Dineros públicos
El fallo del Tribunal de Conducta Política del FA sobre el uso «inaceptable» de los dineros públicos por parte de Raúl Sendic, en referencia a sus gastos con tarjeta corporativa de ANCAP, fue la gota que derramó el vaso para que el entonces vicepresidente de la República presentara su renuncia. A una compra en Divino por $ 6.745, se le sumaron entre sus gastos más cuestionables tres compras en supermercados uruguayos, compras realizadas en 2012 en Chicago en la tienda de electrónica Verizon, el comercio de ropa Burlington, la tienda Macy’s y un local de souvenirs de la cadena Bye Bye Chicago. Sendic también realizó compras en América Ropería del balneario La Paloma y en una estación de ANCAP cuando se encontraba de licencia en los primeros días de enero de 2011.
A fines de octubre de este año el Partido Independiente amplió la denuncia sobre el uso irregular de tarjetas corporativas por parte del senador frenteamplista y expresidente de ALUR, Leonardo de León. A partir de allí, la fiscalía solicitó a ALUR que conteste si entre 2011 y 2015 existía o no un reglamento de uso para las tarjetas corporativas. En ese tiempo, De León se desempeñó como director de ALUR primero, y presidente después.
La denuncia señala que De León realizó gastos por US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000 –por los que nunca hizo devoluciones, ni rindió cuentas–, al tiempo que hizo compras en el exterior que no coinciden con los registros de viajes oficiales de ALUR. Entre los gastos sospechados, se destacan pagos en restaurantes, estaciones de servicio y alojamiento en Paraguay por US$ 771. Toda esta información está en manos de la Justicia.
¿Encontró delito?
En el caso de Sendic, pidió su procesamiento por el delito de Peculado. Pacheco no se pronunció sobre la situación de De León porque aguarda por el informe de la Jutep, que decidió actuar de oficio.
La razón
Pacheco destaca que Sendic usó las tarjetas corporativas de ANCAP cuando estaba en el directorio en más de 300 oportunidades y “no figuran comprobantes justificativos”. “Si bien el indagado ha afirmado que tales compras obedecieron a motivos funcionales, ello no se desprende de las características y naturaleza de los gastos analizados, ni se encuentran debidamente justificados, y en la mayoría de los casos él mismo no recuerda a qué concepto responden”, indica en su dictamen, en el que también señala que los demás directores que usaron las tarjetas sí pudieron justificar todos los gastos.
De los montos gastados ($ 550 mil y US$ 38 mil) solamente devolvió US$ 130, algo que para Pacheco supone que “bajo ningún concepto razonable que tamaña cantidad de dinero responda a gastos imprevistos, que era el fin para el que estaba previsto el uso de las tarjetas”.
Petroecuador
La oposición denunció irregularidades en la contratación de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador (petrolera estatal ecuatoriana), entre los años 2010 y 2011. Desde que el contrato se inició, ANCAP trabajó con Trafigura que compraba –como intermediara- crudo a Petroecuador y contrapartida le vendía gas oil. Durante varios meses no hubo contrato de por medio, hasta que el 26 de agosto de 2010 se hace un «contrato espejo». El fiscal indica que hubo un monto de operaciones total entre 2010 y 2012 de US$ 4.900 millones y la ganancia de ANCAP fue de US$ 5 millones.
¿Encontró delito?
Sí.
Por este punto pidió el procesamiento del expresidente de ANCAP Raúl Sendic, de los exdirectores Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro, representante del Partido Colorado. Para todos es por delito de abuso de funciones.
La razón
Para el fiscal, ANCAP «incurrió en una grave irregularidad, consistente en contratar con una empresa privada sin el correspondiente llamado previo a procedimiento competitivo». El fiscal tuvo en cuenta que durante varios meses operaron sin contrato y sin llamado a licitación. Según Pacheco, de haber llamado a licitación, la ganancia para ANCAP podría haber sido mayor y la contratación directa puso a Trafigura en «una posición extremadamente ventajosa». A su vez, a juicio de Pacheco que ANCAP entregara gas oil por crudo viola la Constitución porque el ente no puede tener una tarea de «trading», como se le conoce a ese mecanismo. Pacheco sostiene, además, que si bien el organismo estatal obtuvo ganancias, las de Trafigura (elegida sin licitación) fueron «abrumadoramente mayores». Todo eso configura «un acto arbitratio», que se sanciona con el delito de abuso de funciones.
Cemento y Cal
La oposición denunció el costo de la construcción de las plantas de cal y portland, que iba a ser de unos US$ 80 millones y terminó siendo de US$ 147 millones, las demoras en las obras que tuvieron como consecuencia adquirir cal a proveedores locales y el pago de multas millonarias por «diferencias en cantidad y calidad de la cal vendida», así como que «la producción de cal no está contemplada en el objetivo de ANCAP». Además, pidió a la Justicia que investigue la contratación directa de una empresa brasileña para llevar cal desde Treinta y Tres a una central eléctrica en Candiota (Brasil).
¿Encontró delito?
Sí.
Por esta denuncia pidió el procesamiento de Juan Luis Romero, quien fue gerente de la división Portland por el delito de abuso de funciones, pero solo por uno de los puntos cuestionados.
La razón
Romero fue quien «dispuso el otorgamiento» de adelantos a la empresa brasileña sin documentación que lo respaldara y «sin el aval del directorio de ANCAP», lo que para Pacheco implica un «acto arbitrario, cometido en perjuicio de la Administración». Pacheco destaca que esos adelantos fueron admitidos «plenamente» por Romero en sus declaraciones. Pacheco no encontró ilicitudes en los demás puntos de esta denuncia. En el caso de las multas, indica que pueden ser «decisiones estratégicas que pueden ser discutidas y cuestionadas» pero no son delito. Y con respecto a las contrataciones directas, sostiene que en este caso está dentro de lo que indica la norma porque está actuando con las normas del derecho privado, si bien reconoce que hubiera sido mejor hacer un llamado a licitación.
PDVSA
La financiera Exor ofreció sus servicios a la petrolera estatal venezolana Pdvsa y a ANCAP para intermediar en la cancelación de la deuda del ente uruguayo. Sin embargo, Pdvsa la hizo a un lado y optó por Bandes, por lo que ANCAP le prometió a Exor que la utilizaría para el segundo canje de deuda. Finalmente, todo se hizo sin Exor. Aunque se manejaron cifras que ANCAP había pagado a la compañía, el director de Exor para el Cono Sur, César Addario, declaró ante la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, que Exor no había recibido ningún pago. A su vez, la contratación de Exor fue realizada de forma directa, lo que también fue denunciado.
¿Encontró delito?
Sí.
Por esta denuncia pidió el procesamiento de Sendic, José Coya (expresidente de ANCAP) y los exdirectores Juan Gómez y Germán Riet por abuso de funciones.
La razón
Pacheco pidió el procesamiento de Sendic «por su conducta en las primeras etapas de la operativa, consistente en la autorización para que Exor operara sin contrato, en la ausencia de procedimiento competitivo y en la aceptación del desplazamiento de Exor por parte de Pdvsa sin oposición». El de los demás exjerarcas por haber, en diciembre de 2014, prometido a Exor –sin licitación de por medio- que iba a ser la intermediara aunque Pdvsa la había querido desplazar, algo que no se cumple. En ese segundo intento con Exor, «se obliga a pagar una multa millonaria en caso de que no se concretara la operación». «ANCAP. pacta el pago de una millonaria «comisión», una multa equivalente al 1,75% del total nominal de la deuda, sin saber a ciencia cierta si el Ejecutivo otorgaría los fondos necesarios para la segunda cancelación. El Poder Ejecutivo efectivamente resuelve realizar la cancelación de deuda mediante otro mecanismo, por lo cual (el ente) incumple la exclusividad que había pactado con Exor en la cláusula novena del Acuerdo de Servicios», indica Pacheco.
El fiscal no encontró delito alguno para le exdirectora Blanca Elena Baldoira porque no dio el visto bueno para el acuerdo con Exor y lo cuestionó.
Barcazas
ANCAP firmó un contrato con la Armada para la construcción de dos barcazas y un remolcador bautizado como Ky Chororo a un costo total de US$ 12,5 millones, que terminó pagando casi US$ 15 millones, según el Partido Nacional. Se cuestionó la contratación directa de la empresa RN consultores de Argentina. El remolcador tuvo problemas de construcción que retrasaron su puesta en funcionamiento. En ese período ANCAP alquiló remolcadores privados por casi US$ 7 millones. El Partido Independiente agregó investigar el contrato de arrendamiento del remolcador.
¿Encontró delito?
Sí y no.
En los casos en los que sí encontró delito, pidió el procesamiento por el delito de abuso de funciones de Eduardo Goldsztejn, jefe de Mantenimiento de la División Marítima y Ricardo Lemes, integrante de la jefatura de Operaciones Marítimas.
La razón
En el caso del costo de la construcción de ambas barcazas, el fiscal consideró que no existe delito porque lo que hubo fueron «diferencias contractuales» entre la Armada y ANCAP que a juicio de Pacheco «deben ser dilucidadas en los ámbitos correspondientes» pero no a nivel de la Justicia penal. Pacheco cree que «constituye una irregularidad» la contratación de remolcadores privados, que fueron realizados de forma directa pero cree que para saber si hubo o no delito se debe «profundizar la investigación».
Donde sí encontró delito –por los que pidió procesar a Lemes y Goldsztejn por «su participación directa»- fue en la contratación directa de una empresa que había perdido una licitación original «a cambio de que desistiera de las acciones de nulidad promovidas» (por esa licitación). La adjudicación fue por US$ 500 mil y para el fiscal «ANCAP resolvió solucionar eventuales irregularidades incurriendo en una nueva irregularidad». Más grave fue, dice el fiscal en su dictamen, que ANCAP hace mediciones para ver si la empresa cumple con las condiciones técnicas establecidas en el contrato sin las condiciones necesarias y de manera arbitraria y que derivó en que terminara la relación con esa empresa y le otorgara el trabajo a otra. Por ese caso hubo una demanda civil que tuvo una sentencia firme a favor de la empresa.
ALUR
La denuncia sobre ALUR fue dividida por Pacheco en diferentes puntos. Por un lado, la denuncia de Unidad Popular sobre la relación entre ANCAP y ese organismo, “derivada de la absoluta dependencia de ésta última, que ha debido ser sostenida permanentemente mediante subsidios, capitalizaciones, condonaciones de deuda y correcciones retroactivas de precios”. Por el otro, la compra de un avión en el año 2012, por US$ 390 mil y los traslados realizados.
También se denunció la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú a cargo de la empresa contructora Abengoa. La compañía entregó seis adendas (pagos añadidos a lo que establecía el contrato) en favor de la empresa constructora Abengoa, que fueron firmadas tanto por él como por el expresidente de ALUR y actual senador, Leonardo de León, algo que fue observado por un informe jurídico remitido por la dirección actual de ALUR. Uno de los premios acordados a posteriori de firmado el contrato para la construcción de la planta, fue el pago de US$ 1 millón por entregar la obra 40 días antes de lo previsto inicialmente. Otro de los pagos acordados entre la constructora y ALUR corresponden a prestación de servicios, como el apoyo de técnicos de Abengoa durante los primeros meses de funcionamiento de la planta, que no habían sido previstos en el contrato, y que en vez de pagarse mediante un monto fijo fueron establecidas en función de alcanzar objetivos de producción.
Otro de los puntos, fue el pago de ALUR a cortadores de caña de azúcar de Bella Unión de una partida extra de $ 7.500 por una vez al año por la que no se hacían aportes al Banco de Previsión Social (BPS).
¿Encontró delito?
Sí y no.
Para Pacheco no se pudo comprobar que existiera delito en la relación entre ANCAP y ALUR porque “se trata de conductas que no se enmarcan en figuras delictivas”. Tampoco en el caso del avión y los viajes que realizó, a excepción de “un viaje utilizado para el traslado del entonces Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía de la República Argentina en agosto de 2013, para asistir a un evento de la Fundación Propuesta Uruguay 2030, que no tenía relación alguna con ALUR ni ANCAP”. El fiscal consideró que el pago a los cañeros en todo caso es una situación irregular a nivel administrativo pero no delictiva.
Donde sí encontró delito fue en la relación contractual entre Abengoa y ALUR, para la que responsabilizó penalmente al exgerente el ente, Manuel González, y pidió su procesamiento sin prisión por el delito de estafa.
La razón
Pacheco indica en su dictamen que no se expide sobre si hubo sobrefacturación o irregularidades en la licitación en la construcción de la planta de bioetanol. Sin embargo, sí consideró una estafa que ALUR accediera a pagar seis pagos agregados, que considera una “compensación inadmisible que no estaba prevista en el contrato original”. La asesoría jurídica del actual directorio de ALUR había calificado el acuerdo entre la empresa y Abengoa como «increíble e inconcebible».
Para Pacheco la conducta de González «es presuntamente dolosa, ya que (invocando una compensación de valores inexistente, en lugar de no aceptar la recepción provisoria de la obra, otorgar un plazo a la contratista y negar el pago del premio de un US$ 1 millón) indujo en error a ALUR, para procurar a un tercero –Abengoa- un provecho injusto, al que no tenía derecho».
Gastos
Los cuatro partidos de la oposición denunciaron el aumento del gasto entre 2013 y 2014, que multiplicó por 10 los valores a 2005, la concesión a una radio de Quebracho que no emitía por US$ 5000, presuntas irregularidades en la contratación de la agencia La Diez y gastos excesivos –por US$ 370 mil- en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja.
¿Encontró delito?
No
La razón
En el caso del aumento en publicidad, si bien el fiscal Pacheco indica en su dictamen que «surge de la documentación que ANCAP invirtió sustancialmente más en publicidad en el período 2010-2015 con relación a períodos anteriores (…) no se advierten conductas o irregularidades que puedan ser calificadas como delictivas» porque se trata de un porcentaje del presupuesto del ente, «debidamente controlado por el Tribunal de Cuentas». Ese mismo argumento utilizó para los auspicios de ANCAP –incluido el de la radio de Quebracho- y la fiesta en La Teja, a la que considera «desorbitante» pero no ilegal. En el caso de la agencia La Diez, que cualquier irregularidad corresponde al plano administrativo pero no del derecho penal.
No hay delito
El fiscal también analizó las denuncias presentadas por importaciones de crudo, gas butano y propano que hizo ANCAP entre 2011 y 2013 que no se registraron ante la Dirección Nacional de Aduanas; sobre la separación del cargo de un funcionario; la deuda de ANCAP con Pluna; irregularidades en la compra de hidrocarburos y la contratación de una consultoría a la Regional Norte de la Universidad de la República.
¿Encontró delito?
No
Las razones
Según el fiscal, en todos esos casos hubo irregularidades administrativas o diferencias contractuales pero no se puede hablar de delito.
