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La Lista 711 celebró este domingo la decisión de la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu de, a pedido del fiscal Luis Pachecho, disponer el archivo de la denuncia penal sobre infundados sobrecostos de la planta de bioletanol que Alcoholes del Uruguay (Alur) construyó en Paysandú.

Una denuncia que apuntaba directamente al senador de ese sector y ex presidente de la empresa, Leonardo De León.

“En los últimos tiempos hemos asistido al circo de la judicialización con fines políticos, sostenida por actores de la derecha, sus potentes medios de comunicación de masas y la fuerte presencia en redes sociales para ejercer una enorme presión pública con un objetivo concreto”, sostuvo el grupo a través de un mensaje.

El objetivo, según su visión, era debilitar la determinación de quienes consideran sus enemigos, intentando minar su imagen pública. “De este tenor son los que han venido teniendo la Lista 711 con el fin de perseguir el desprestigio de la gestión de los compañeros Raúl Sendic y Leonardo De León”, se aseguró.

Para los comandados por Sendic, el caso demuesta el “fracaso de la derecha por mediatizar denuncias sin fundamentos”, tomando en cuenta que, con respecto a eventuales sobrefacturaciones de la obra, el fiscal Pacheco requirió “en reiteradas oportunidades la realización de peritajes que no detectaron ningún ilícito”.

La Lista 711 lamentó que gran parte de las acusaciones contra sus integrantes se hicieran pese a que la comisión investigadora que actuó en el Senado en relación a Ancap no había encontrado ninguna evidencia delictiva, lo que “da la certeza” sobre su finalidad político partidaria.

La decisión de Pacheco se fundamentó en que no pudieron constatarse conductas irregulares pasibles de un delito penal por parte de las autoridades de Alur ni cualquier indicio de sobrefacturación, impugnaciones o reclamos de los oferentes que perdieron la licitación para la construcción de la planta.

El archivo de las actuaciones fue adelantado el jueves pasado por parte de uno de los denunciantes, el abogado Gustavo Salle.

Entrevistado por Rompkbzas, de Radio El Espectador, Salle sostuvo que el paquete tecnológico de la planta de bioetanol terminó costando diez veces más.

Según afirmó, la empresa estadounidense Kartsten ofrecía el trabajo por US$ 500 mil, pero la gestión de De León pagó a otra firma un total de US$ 5 millones.

“De León, qué hiciste con esos cuatro palos verdes y medio que pagaste de más”, se preguntó.

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