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El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori y su antecesor, Fernando Lorenzo, deberán comparecer en las próximas semanas ante la comisión investigadora que, en Diputados, indaga sobre irregularidades en la financiación de las últimas campañas electorales.

El motivo de su convocatoria es muy concreto. Deberán responder por la decisión, tomada por el gobierno de José Mujica – que ambos integraron – de condonarle una deuda que el empresario Francisco «Paco» Casal mantenía con la Dirección General Impositiva (DGI).

Los adeudos fueron fijados en su momento por las autoridades de Rentas en poco más de US$ 100 millones, ante lo cual se trabó un embargo sobre Casal y su empresa, Tenfield. Pero en noviembre de 2011 Lorenzo, entonces titular del MEF, lo rebajó a US$ 10 millones.

Entre varias idas y vueltas y denuncias cruzadas de presiones entre el empresario y las autoridades, la Fiscalía del gobierno de la época concluyó que la inspección que la DGI le realizó al agente futbolístico había tenido una «inocultable desviación». El Ministerio Público ordenó luego que la causa contra Casal se archivara.

Dos años después, en 2013, el presidente Mujica resolvió la condonación de la deuda ante el eventual riesgo de que Casal terminara demandando al Estado. El hecho lo llevó a tener un fuerte enfrentamiento con Astori y Lorenzo. Sin embargo, la deuda fue perdonada.

La convocatoria fue definida en momentos que el responsable de Tenfield aparece complicado por la aparición de cuentas secretas en la Banca Privada D’Andorra (BPA), que operaron precisamente en la época en que estaba en litigio con la DGI por sus adeudos impositivos.

La inclusión de Tenfield en el análisis de la comisión investigadora se debió a la voluntad de indagar sobre sus presuntos vínculos con el gobierno de Mujica y con la campaña electoral que desarrolló su Movimiento de Participación Popular (MPP).

Por parte de Tenfield serán llamados su director, el ex futbolista Nelson «Tano» Gutiérrez. También Gustavo Torena, «El Pato Celeste», que al mismo tiempo que se desempeñaba en la empresa era «asesor» del presidente Mujica y que ocupó un despacho en el sexto piso de la Torre Ejecutiva.

La lista de convocados por el tema incluye más nombres. Entre ellos el ex presidente de Nacional, Ricardo Alarcón y el extitular de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá. Ambos habían hecho en la época fuertes declaraciones públicas denunciando presiones por parte del gobierno de Mujica para favorecer a Tenfield en relación a los derechos de televisación.

También deberán asistir los periodistas Diego Muñoz y Mario Bardanca, el ex titular de la Mutual de Futbolistas y diputado suplente del MPP, Jorge Saravia, y el publicista y ex asesor de Astori, Esteban Valenti.

La nómina se completa con otras personas que desempeñaron cargos de gobierno en pasadas administraciones. Entre ellos los ex directores de Rentas Nelson Hernández y Eduardo Zaidensztat, y el ministro de Turismo y Deportes y actual embajador en Argentina, Héctor Lescano, cuya salida de esa secretaría en 2012 fue atribuida a presiones de Casal.

Por boca del diputado Pablo González, la Lista 711 se opuso a la inclusión de Tenfield en el análisis de la investigadora. «Incorporamos a un medio de comunicación a este tipo de investigaciones y a una empresa en particular, cuando en realidad todos los medios de comunicación deberían venir a esta comisión», dijo el legislador.

González recordó que su sector, liderado por el ex vicepresidente Raúl Sendic, en el centro de las sospechas por la inversión en publicidad electoral durante 2014, había insistido en la necesidad de avanzar en el tema.

«No hemos llamado a ninguno de los canales», lamentó frente a sus colegas. «Ahora apuntamos a una empresa en particular y me parece que estamos en un límite bastante delicado», advirtió. «Me parece que la libertad de expresión y la vinculación de medios de comunicación con investigadoras del sistema político, tal como está planteado, en este caso es muy delicado», insistió.



La comisión también definió esta semana incorporar a su análisis el vínculo entre la Iglesia Misión Vida y la Organización Beracca, encabezadas por el «pastor» Jorge Márquez, con la campaña electoral de la senadora Verónica Alonso.

Además del religioso y la legisladora, deberá comparecer el diputado blanco Álvaro Dastugue, yerno de Márquez y electo en la lista de Alonso por acuerdo político.

Por otra parte, y como dentro del objeto de la comisión está el análisis de las tarifas de publicidad que se les cobraron a los partidos desde 1999 a 2015, varias instituciones privadas serán llamadas a prestar su testimonio.

Entre ellas la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios y la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. También los canales de televisión abierta de Montevideo y la Red del interior. A los convocados se agregarán por su parte los responsables de las últimas campañas de los partidos políticos y de las fórmulas presidenciales.

Los diputados también analizar pedir el testimonio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec). En este caso se trata de que informe sobre las adjudicaciones y derechos de transmisión de las radios mencionadas en la investigación.

Específicamente se intenta investigar todo lo referido a FM Gente y otras dos ondas de Maldonado que figuran en el expediente de Cambio Nelson como propiedad de Francisco Sanabria.

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