En las últimas semanas la policía recibió varias denuncias de vecinos de Casavalle que fueron expulsados de sus casas a la fuerza por personas armadas. Según dijo una fuente policial a El Observador, los responsables son integrantes de la banda de Los Chingas, cuyos líderes fueron detenidos el 20 de diciembre durante el llamado operativo Mirador, acusados de haber echado de sus viviendas a 110 personas en un año.
Estas denuncias recibidas durante los primeros días de febrero confirman lo que informantes habían transmitido a la policía a principios de enero: aunque cinco de los líderes de la organización fueron enviados a prisión, a seis se les dispuso medidas alternativas y uno de ellos fue asesinado en un ajuste de cuentas, la banda, que solo tiene uno de los jefes en libertad, había empezado a reorganizarse con caras nuevas.
Según había contado una fuente policial a El Observador, el grupo de delincuentes, que se dedica al tráfico de drogas y a las rapiñas entre otros delitos, estaba comenzando a actuar bajo el mando de integrantes que hasta el 20 de diciembre ostentaban una menor jerarquía. Asimismo, apuntó que la mayoría de ellos son menores de edad.
De todas formas, pese a que están suplantando a sus compañeros detenidos, estos jóvenes continúan respondiendo a los mandatos de sus líderes, quienes dan órdenes desde la cárcel donde cumplen prisión preventiva a la espera de una sentencia definitiva.
El 7 de febrero una mujer de 29 años relató a Telenoche que había sido expulsada de su vivienda junto a sus tres hijos de 3, 5 y 13 años. «Esta casa es de nosotros, queremos que te vayas. Mañana tiene que estar vacía», le dijo uno de los delincuentes. Sin embargo, esta mujer (que prefirió preservar su identidad) decidió no denunciar a los delincuentes por temor a represalias.
Las al menos 110 personas que fueron expulsadas de sus hogares en 2017, y que no incluyen a quienes debieron abandonar su viviendas recientemente, no han retornado debido a que se exponen a represalias. Tampoco fue instalada una guardia policial en el lugar para que custodie las casas que fueron recuperadas de manos de los delincuentes por parte de la policía, razón por la que no se descarta que las hayan vuelto a ocupar.
El director nacional de Policía, Mario Layera, había dicho en una entrevista con VTV Noticias que «el problema (en Casavalle) va a persistir», y que por eso «hay que continuar en la intervención» policial. «Vamos a continuar haciendo nuestra parte y asesorando a los demás organismos del Estado en este tema, pero si queremos una respuesta real en esos lugares hay que adoptar medidas reales y no solo centrarnos en la acción policial», opinó.
Las personas desplazadas fueron atendidas por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, quienes debieron coordinar con el Ministerio de Vivienda para buscarles una casa a aquellos que no tenían dónde alojarse. Esa solución puede ser temporal o definitiva dependiendo de cada caso.
Las nuevas denuncias presentadas recientemente también están recibiendo atención por parte de esta unidad de Fiscalía.
La banda de Los Chingas opera desde hace años en Casavalle, pero fue en octubre de 2017 cuando comenzó a expulsar masivamente a vecinos de sus casas y las denuncias en su contra llegaron a la Policía. Eso dio inicio a una investigación que culminó con el llamado operativo «Mirador», en el que actuaron tres fiscales y 600 policías.
¿Qué llevó a que este grupo optara por esta modalidad que incluye la expulsión de vecinos? Según dijeron fuentes de la investigación, se trató de un plan para controlar Casavalle y ganarle la pelea a las otras bandas de delincuentes que actúan en la zona. Las viviendas ocupadas eran alquiladas o vendidas a personas afines al grupo, usadas como depósito de armas, drogas y objetos robados, o como lugar de reunión.
El aumento en la intensidad de las expulsiones –entre octubre y el 1° de noviembre de 2017 llegaron desplazar a 77 vecinos de Casavalle– coincide con una mayor beligerancia entre ese grupo y una de las organizaciones rivales. Por esas mismas fechas un joven de 14 años fue asesinado frente a la pista de skate de la plaza de Casavalle y se produjeron tiroteos que llevaron a que personal de la policlínica de la zona amenazara con dejar de prestar servicio. Varias líneas de ómnibus suspendieran su pasaje por el lugar.
Los vecinos de Casavalle que fueron expulsados vivían en Los Palomares, edificaciones construidas en la década del 70 por parte de la Intendencia de Montevideo para servir de solución habitacional ante los asentamientos que comenzaban a instalarse en ese lugar. Los pasillos angostos de este barrio se volvieron un escondite clave para los delincuentes, ya que impiden el acceso de los patrulleros de la policía.
