La decisión del juez de Familia Gerardo Álvarez de dar lugar al recurso de amparo para que una niña de cuarto año del colegio Santa María (Maristas de 8 de octubre) no repitiera cayó mal entre los colegios privados.
Zózima González, presidenta de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), dijo a El Observador que un juez opinando sobre procesos educativos «es como un juez opinando sobre medicina y cómo operar».
«Un juez que no conoce sobre procesos educativos, ni la reglamentación vigente es una algo que desde el punto de vista ético y profesional no corresponde», manifestó.
González agregó que la situación todavía es más grave, si se tiene en cuenta que la familia de la niña no agotó la vía administrativa antes de ir a la Justicia.
En diciembre, cuando los padres de la niña no estuvieron de acuerdo con la decisión del colegio de hacer repetir a su hija, apelaron directamente a la Justicia, sin hacer el trámite correspondiente en el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) de ANEP.
El CEIP nunca recibió «una petición» para que se revisara la postura del colegio, dijo el consejero de Primaria Héctor Florit a El País. No obstante, aclaró que la Inspección de Privados, órgano del CEIP que regula a los colegios habilitados, apoyó la decisión del instituto.
La semana pasada el colegio apeló el fallo del juez.
«Tengo un juicio crítico sobre el caso, no se siguieron los pasos que corresponden. Me parece que salir de la órbita competente, con autoridades preocupadas por el tema, donde se actúa dentro de un marco reglamentario que nos orienta a todos, es una barbaridad», afirmó González.
Por su parte, Rafael Ibarzábal, presidente de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) -organización a la que pertenece el colegio Santa María- dijo a El Observador que no hará declaraciones al respecto hasta que no termine el proceso judicial. Explicó que así lo acordaron con el propio colegio.
