El abogado Gustavo Salle pidió a la Justicia que impida al gobierno avanzar en la concesión de los compromisos que asumió con la pastera.
El abogado Gustavo Salle ratificó este viernes la denuncia que presentó contra el presidente Tabaré Vázquez en torno al contrato que gobierno firmó con la multinacional finlandesa UPM sobre la posible construcción de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay.
Así sucedió luego que , como informó ECOS, la Justicia accediera a desarchivar la causa en donde se objeta a ese acuerdo como «abusivo, obsceno y con indicios de representar un hecho criminal».
Ahora el Ministerio Público deberá determinar si accede a disponer de las citaciones solicitadas por el denunciante. En primer lugar, la del propio presidente Vázquez, que aparece como el denunciado por haber impulsado el acuerdo.
La lista incluye además al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, al prosecretario Juan Andrés Roballo y al director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.
En ese sentido Salle señaló que pedirá la divulgación del acto administrativo por el que Vázquez le dio potestades a estos tres jerarcas para negociar, en nombre del gobierno, con la multinacional. El abogado explicó que, al no haber sido publicado no puede pedir su impugnación, tal como es su intención.
El denunciante también pidió la citación de Andrés Masoller, que hasta setiembre del año pasado era el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, y que dejó su puesto por diferencias en torno a este tema.
«La razón fundamental es la discrepancia con el acuerdo que se estaría alcanzando con UPM», había explicado el ex jerarca en ese entonces, en una breve conversación con El Observador. Masoller vinculó su renuncia a las concesiones que se le harían a la empresa para convercerla de que invierta en el país.
Salle solicitó además, a través de medidas cautelares, que el Poder Ejecutivo ejecute cualquiera de las obligaciones que asumió con la empresa.
En particular, la inversión millonaria en infraestructura que tiene planificada a los efectos de lograr que la multinacional instale su segunda planta en el país.
El gobierno alega que las inversiones se realizarán independientemente si la pastera decide instalarse o no, lo que Salle considera una mentira. «Qué sentido tiene hacer a nuevo la línea férrea entre Paso de los Toros y Montevideo si no es para UPM», se preguntó. «Es ridículo».
Salle ha insistido varias veces en torno a sus sospechas de una gran «coima» al entender que se trató de una negociación llevada a cabo en la semiclandestinidad. El abogado argumenta que las acciones del gobierno son inconstitucionales, ya que Vázquez no está amparado por ninguna ley a negociar los recursos naturales, financieros y económicos del país.
Pese a que Pacheco rechazó la solicitud, la jueza Beatriz Larrieux no se expidió y resolverá en los próximos días.
El destino de la causa está en manos de la Fiscalía, que puede resolver su clausura, acceder a lo solicitado por Salle o disponer de medidas complementarias. Consultado, el denunciante dijo intuir que el representante del Ministerio Público se tomará su tiempo.
«Todos los expedientes vinculados a actos de corrupción del gobierno siempre son tomados con mucha parsimonia», lamentó.
