En octubre, Christian Mirza, nexo entre los refugiados de Guantánamo y el gobierno, explicó a Montevideo Portal que los ex presos cobrarían en enero cobrarían la última partida de asistencia, que representa una cuarta parte de lo que recibían originalmente. El programa preveía que se disminuyera la asistencia monetaria a medida que fueran insertándose y consiguiendo trabajo.
Mirza solicitó entonces una prórroga del subsidio para los seis refugiados. «Me hago cargo de este pedido y no involucro a ninguna organización ni persona más que a mí mismo», dijo Mirza a Montevideo Portal. «Lo planteé porque no se resuelve aún el tema de la inserción laboral, y el Estado tiene una responsabilidad que asumió cuando los hizo venir al país», dijo.
Finalmente, el pedido de subsidio fue aprobado por Cancillería la semana pasada, informó a Montevideo Portal Mirza.
«Se aceptó y está en trámites finales administrativos», dijo, aunque aclaró que no estaba al tanto de algunos detalles menores que podrían haber cambiado, aunque en líneas generales se aceptó la propuesta elevada. «Desde SEDHU (Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana) me dijeron que estaba todo resuelto», acotó Mirza.
El acuerdo económico es que cobren durante un año el salario mínimo nacional ($12.265), pero esta ayuda se reducirá si consiguen un empleo estable en ese tiempo, según establecen las nuevas condiciones.
También se extiende la cobertura de alquiler hasta fin de año. «Se agregaron asuntos que ya estaban en el programa, que tienen que ver con el reforzamiento de la capacitación laboral, y la profundización del manejo de idioma español», dijo Mirza.
El intermediario de los ex Guantánamo comentó que no ha habido avances en los trabajos que tienen, que son precarios y sin garantía de continuidad, pero acotó que espera que este año sea «el definitivo en cuanto a la inserción laboral estable».
«Yo exhorté a los empresarios uruguayos y a su espíritu solidario y responsabilidad social. Hicimos gestiones sin éxito por ahora, pero el gobierno tiene capacidad para incidir e influir de alguna manera en algunas empresas» resaltó.
Mirza reconoció que el caso de Jihad Diyab, actualmente en Rivera, es el más difícil y continuará siéndolo, pero «hay otros cinco que no tienen anda que ver en su actitud y por los que vale la pena seguir intentando».
Dos de los refugiados trabajan en un parking, con ingresos muy magros. Luego hay otros dos que tienen trabajos a tiempo parcial -uno, por ejemplo, da esporádicamente clases de inglés y árabe- y el restante tiene un emprendimiento de dulces.
