La defensa de la temporada turística en forma alguna justifica la tolerancia oficial con los ilícitos y desmanes que se vienen repitiendo en balnearios del este. Es inaceptable lo ocurrido en la terminal de Punta del Este, donde una cincuentena de jóvenes alcoholizados atacaron el ómnibus que cubre regularmente el tramo entre ese balneario y La Barra.
Mientras el conductor mantenía las puertas cerradas para evitar que lo atacaran, jóvenes con navajas trataban de cortar los neumáticos mientras otros se colgaban de las ventas y pateaban la carrocería. “¡Ahora es matar o morir!”, gritaba un adolescente.
El estado etílico de la turba había sido facilitado por un supermercado cercano a la terminal, donde le venden abiertamente bebidas alcohólicas a los menores sin que las autoridades hagan cumplir la ley que lo prohíbe, pese a que el comercio es fácilmente indentificable. Y recién a las 4 de la mañana la policía desalojó del lugar a los revoltosos, aunque limitada por órdenes estrictas de no reprimir, ni siquiera a los que se negaban a irse. “A mí no me pueden pegar porque soy menor”, espetaba desafiante un joven.
Este tipo de desmanes no ha sido el primero en ese servicio. Un inspector de la línea que lo cumple comentó que sus choferes se niegan a trabajar porque, en lo que va de la temporada, jóvenes borrachos y/o drogados han roto tres vehículos de la empresa durante los viajes, arrancando asientos, astillando las ventanillas y hasta haciendo un agujero en el techo.
Y además del alcohol, las autoridades siguen cerrando los ojos al acceso ilegal a la marihuana por visitantes extranjeros, aunque está específicamente prohibido por la nefasta ley Mujica que la legalizó. Existe un notorio incumplimiento de las reiteradas seguridades gubernamentales de que se aplicaría en forma estricta la disposición que limita la venta de la droga a los uruguayos registrados en farmacias. Vecinos de Punta del Diablo y Punta del Este se han quejado del abierto consumo de marihuana por turistas extranjeros, especialmente brasileños, que en algún lugar se aprovisionan en forma ilícita.
Es un bochorno, por otra parte, la odisea que vivieron tres inspectores de la Intendencia de Maldonado cuando trataron de fiscalizar a vendedores ambulantes instalados en la rambla de Piriápolis con mercadería de origen dudoso. Los feriantes los obligaron a refugiarse durante siete horas, hasta las 3 de la madrugada, dentro de su vehículo, que era golpeado en medio de insultos y escupitajos. Los inspectores ni siquiera podían abandonar el lugar porque los enfurecidos feriantes habían sentado a niños de corta edad ante las ruedas para impedir que el vehículo arrancara. Y todo esto ocurría mientras 25 policías presentes se abstenían de intervenir, aduciendo no tener instrucciones de una fiscal para actuar, pese a que esa autorización no es un requisito legal ante una alteración del orden. Incluso la intendencia presentó ante la Justicia una denuncia por la inacción policial.
Para asegurar su éxito, la temporada no necesita de la pasividad oficial antes los desmanes y quebrantamiento de leyes que se repiten en diferentes balnearios. Las autoridades tienen que actuar sin demora para evitarlos, antes de que estallen en hechos aun más graves, como pudo haber ocurrido con la asonada de los jóvenes borrachos en la terminal de Punta del Este.
