Tres inspectores de la Intendencia de Maldonado pasaron siete horas y cuarenta minutos de miedo, tensión e intenso calor. Desde las 19 del martes hasta casi las tres de la madrugada del miércoles, los empleados municipales no pudieron salir de su camioneta estacionada en la rambla de Piriápolis, y debieron subir los vidrios para evitar ser escupidos y golpeados por una veintena de artesanos que rodeaban el vehículo.
Los inspectores de la Intendencia de Maldonado desplegaron un operativo sorpresa para fiscalizar a los vendedores ambulantes que se instalan en la rambla sin autorización municipal. Los vendedores no dejaron partir a los inspectores con la mercadería retenida.
Un grupo de 25 policías se hizo presente en el lugar para dar apoyo a los trabajadores municipales. Pero los efectivos se limitaron a custodiar el vehículo y no retiraron a los manifestantes, que impidieron durante horas el paso a los inspectores.
Por ese motivo la intendencia presentó este jueves una denuncia a la Justicia para que se investigue el operativo policial. «Fue un hecho muy grave, se le privó la libertad ambulatoria a nuestros funcionarios que estaban haciendo su trabajo y la Policía no actuó», dijo a El Observador Adriana Graziuso, la directora general de la División de Asuntos Legales, y exjueza penal.
«Según nos informaron, los efectivos consultaron a la fiscal y ella no dio una orden de que actuaran, pero no entendemos por qué llamaron a la Fiscalía para intervenir», dijo la abogada. Eso no está en ninguna parte del nuevo Código del Proceso Penal, agregó.
Sabrina Flores, la fiscal de Maldonado dio la misma versión que Graziuso. Según dijo a El Observador, recibió el llamado de los efectivos, pero ella no dio ninguna instrucción ya que «no corresponde al fiscal ordenar a la Policía cómo actuar ante los delitos de flagrancia». Es decir, frente a los delitos que se están cometiendo en el momento la Policía debe intervenir para impedir que se sigan cometiendo y detener a los responsables. Impedir la libre circulación a trabajadores encuadra dentro de la flagrancia.
A juicio de Graziuso se pudieron haber configurado varios delitos: atentado (violencia o amenazas contra funcionarios municipales en este caso), privación de libertad (privar de cualquier manera a alguien de la libertad personal), y violencia privada (usar la violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa). «Les dije que hicieran lo que valoraran, pero la función de prevenir y disuadir los delitos es suya; no pueden llamar a la Fiscalía para cumplir con esa tarea», añadió Flores.
La única recomendación que tenían los efectivos de parte de la fiscal era que tomaran las declaraciones de los funcionarios cuando se calmara la situación. También estaban instruidos para que identificaran a los artesanos involucrados.
Fuentes del caso dijeron a El Observador que uno de los policías le respondió a la fiscal que no podía hacer eso porque se iban «a dar cuenta y se iba a armar flor de lío». Por su parte, el jefe de la Policía de Maldonado afirmó que la Jefatura «hizo la evaluación en el lugar» y que sus agentes «hicieron lo que dispuso la fiscal y cumplieron con su trabajo».
«Maricones y ladrones»
El inspector general de la División de Higiene, José Larrosa, tranquilizaba a su madre y sus hijos por el celular cuando se hacía la madrugada y no retornaba a su casa, pero la tensión lo «desbordaba». Dijo que nunca vivió una situación similar en 38 años de carrera. «No podíamos ni ir al baño, y nos amenazaron con que iban a voltear el auto y que nadie nos iba a salvar. Nos dijeron de todo, que éramos unos corruptos, maricones y ladrones, que le estábamos quitando el trabajo. Golpeaban el auto y nos escupían», narró.
Afuera, entre niños que acompañaban sentados en la calle, muchos de los agresores estaban «alcoholizados y fumando marihuana», dijo Larrosa. Por esa razón, según contó, debieron cerrar las ventanillas de la camioneta y quedarse sin ventilación, en una sofocante noche de verano. Así fueron pasando las horas, hasta que los enardecidos ambulantes «se aburrieron y se fueron», casi ocho horas después. Recién entonces los inspectores pudieron regresar a la intendencia.
Operativo fallido
Un grupo de 20 inspectores municipales regresó en la tarde de este jueves a Piriápolis para realizar un nuevo operativo pero debieron suspenderlo. Por un lado, los vendedores habían sido avisados y cuando llegaron los funcionarios estaban sacando las cosas, y por otro consideraron que la seguridad policial no era suficiente.
Por otra parte se supo que la Intendencia de Salto reconstruirá el «bagashopping» donde más de 100 puestos venden productos de diverso origen, los cuales se ofrecen incluso en sitios de venta online.
