El Ministerio de Relaciones Exteriores evalúa extender el subsidio mensual que se les otorga a los seis ex presos de Guantánamo refugiados en Uruguay. El Estado paga el alquiler de cada uno de ellos -que ronda los $ 18 mil- y también les brinda una partida de $ 5 mil por mes, pero el beneficio debería terminarse el 31 de enero, informó el portal Ecos.
Christian Mirza, nexo entre los exreclusos y el gobierno, dijo a El Observador que los refugiados cobran la cuarta parte de lo que recibían cuando llegaron en octubre de 2014. El acuerdo con Estados Unidos preveía que podrían insertarse en el mercado laboral durante este tiempo, pero eso no ocurrió.
La inestabilidad laboral de los ex presos hizo que Mirza se reuniera hace tres semanas con el vicecanciller, Ariel Bergamino, y con representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Según afirmó, Cancillería mostró «una muy buena disposición» para prolongar el subsidio y el ministerio se comprometió a contestar antes del 31 de enero si aprueba el pedido o no.
Los ex presos piden que el Estado les pague el equivalente a un salario mínimo nacional por mes ($ 12.265) y también se haga cargo de sus alquileres. De concretarse, el nuevo beneficio duraría un año más y se terminaría si alguno de ellos consiguiera trabajo durante 2018.
De los seis refugiados, solo dos tienen trabajo estable en un estacionamiento en el Centro. Otro da clases de árabe de forma esporádica y también hay uno de ellos que abrió su propio emprendimiento de dulces árabes. Sin embargo, Mirza afirmó que el ingreso que reciben por mes no les alcanza para subsistir sin el apoyo del gobierno.
Hay dos refugiados que no tienen trabajo. Uno de ellos es Jihad Diyab, quien trató de irse de Uruguay en reiteradas oportunidades pero ningún país lo recibió. Mirza comentó que Diyab se mudó a Rivera, en donde hay una colectividad árabe, por lo que el ex refugiado tiene «una red de contención importante».
«El estigma de Guantánamo los sigue condicionando y por eso no consiguen trabajo», afirmó. Desde que el subsidio del gobierno empezó a mermar -a principios de 2017-, los refugiados reciben ayuda de redes de apoyo y en algunos casos viven de sus parejas uruguayas.
