El Ministerio de Vivienda le ofreció casas a personas que fueron expulsadas de sus hogares por delincuentes de Casavalle
En el correr de un año, la banda de narcotraficantes autodenominada «Los Chingas» expulsó de sus hogares a 110 personas con el objetivo de apoderarse de sus viviendas y así reforzar el control de Casavalle, un barrio que en los últimos meses ha estado en el centro de una guerra entre bandas criminales.
Los integrantes de esta organización ingresaban a las viviendas por la fuerza y, mediante amenazas, obligaban a sus habitantes a dejar el lugar y entregar todas sus pertenencias.
La denuncia de algunos de los damnificados permitió iniciar una investigación inédita en la que participaron tres fiscales, el de delitos económicos, Enrique Rodríguez, el de homicidios, Juan Gómez, y la de drogas, Mónica Ferrero, y terminó en un megaoperativo con más de 600 efectivos desplegados en la zona, que permitió capturar a la plana mayor de la organización criminal.
En tanto, las personas desplazadas fueron atendidas por la Unidad de Victimas y Testigos de la Fiscalía, quienes debieron coordinar con el Ministerio de Vivienda para dar una solución habitacional para aquellos que perdieron su hogar y no tenían con quién alojarse. Según explicó la responsable de esta dependencia, Mariela Solari, será el Ministerio quien defina, dependiendo de cada caso, si esa solución será temporal o definitiva. Su identidad, el lugar en el que fueron alojados, así como la cantidad de personas que recibieron asistencia, son datos que la Fiscalía mantiene en reserva para evitar que sean identificados ya que están bajo amenaza.
Antes de ser una de las organizaciones más fuertes de Casavalle, Los Chingas se dedicaban a la rapiña y el hurto. En los últimas años esta organización, liderada por mujeres, incursionó en el mercado de la venta de drogas y llegó a aliarse con la banda de la familia Segade, quienes se disputaban el liderazgo en el barrio 40 Semanas con el grupo de la familia Algorta. Los líderes de estos dos grupos, Wellington «Tato» Segade y Gerardo «Lalo» Algorta están muertos. El primero fue asesinado en 2015 por orden de Algorta, al tiempo que el segundo fue asesinado en 2017. La Policía cree que su muerte fue una venganza perpetrada por sus rivales en el narcotráfico.
La caída de ellos dos fortaleció a «Los Chingas», quienes en los últimos meses empezaron a mostrar un nivel de organización hasta ahora nunca visto entre otras bandas que actúan en Uruguay.
Según dijeron fuentes de la investigación a El Observador, la modalidad de ocupar viviendas para ganar territorio es utilizada por narcotraficantes en países donde este tipo de organizaciones se encuentran más desarrolladas. Además, cada miembro de la familia tenía un rol bien definido: algunos se dedicaban específicamente a la venta de drogas, otros integraban un comando de extorsión, cuya tarea era amenazar a los vecinos para que dejen sus casas, al tiempo que la madre de uno de los jefes de estos últimos se encargaba de clasificar los objetos que habían adentro de la vivienda para luego venderlos en el mercado negro.
Si bien se estima que hace al menos un año que la banda extorsiona vecinos para ganar territorio, los últimos meses fueron los de mayor actividad. En los 15 días que pasaron entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre de este año, 77 personas y 25 viviendas fueron desalojadas.
La mayor actividad del grupo se dio en paralelo a la escalada de violencia entre esta banda y su rival de Casavalle, «Los Camala», que comenzó con la detención del líder de estos últimos, Alexis Correa Jabiel, alias «Camala» a mediados de setiembre.
Jabiel fue enviado a prisión por su participación en el triple crimen del barrio Colón en el que fueron asesinados Braian Méndez, sobrino de Wellington «Tato» Segade –líder de una banda de narcos del barrio 40 Semanas-, Micaela Saccone, quien mantenía una relación con Méndez, pero que nada tenía que ver con su actividad delictiva, y un joven de 17 años.
Según dijeron fuentes policiales, los Chingas aprovecharon la detención de «Camala» para aumentar la influencia en el barrio. Esto desencadenó una serie de tiroteos entre las bandas que causó la muerte de un joven de 14 años a metros de la pista de skate de la plaza Casavalle. El operativo policial que generó ese suceso permitió incautar un arsenal de armas con alto poder de fuego.
El fiscal Rodríguez señaló en su dictamen que a raíz de estos enfrentamientos, las escuelas del barrio sufrieron «la deserción masiva de estudiantes, de hasta un 60% de los niños que dejaron de concurrir a clases». Asimismo, señala que en horario vespertino la inasistencia llegó a 83%, lo que llevó a adelantar el cierre de cursos.
Asimismo, a principios de diciembre varios trabajadores de la policlínica del barrio pidieron a ASSE para ser trasladados y durante días el servicio se mantuvo cerrado a la espera de que el Ministerio del Interior diera garantías a los trabajadores.
Luego de finalizar el operativo que permitió descabezar a los Chingas, el fiscal de Corte, Jorge Díaz aseguró que en Uruguay «no hay ninguna zona del territorio nacional donde el Estado no tenga presencia».
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para una mujer de 27 años y un hombre de 35 por un delito continuado de extorsión. Ambos eran los jefes del Comando de Extorsión de Los Chingas y tenían antecedentes penales por tráfico de drogas. También se dispuso prisión preventiva para dos de los coordinadores de los grupos de extorsión, que obligaban a los vecinos a abandonar sus hogares bajo amenaza de muerte.
La Justicia también dispuso otro tipo de medidas para los demás integrantes de la banda detenidos. Dos de ellos deben presentarse todos los días ante la Policía durante 60 días, mientras se sigue adelante con la investigación. Una de esas personas es una mujer encargada de los bienes que dejaban los vecinos que debían abandonar sus casas. A otra mujer, de 39 años, se le dispuso arresto domiciliario por un delito de extorsión en calidad de cómplice. En total, hubo 10 formalizaciones.
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, contó con la versión de 15 víctimas que se acogieron a la figura del testigo protegido, así como el testimonio de personas “en un principio detenidas pero que luego fueron liberadas”. A su vez, aportó fotografías y antecedentes de “los posibles integrantes” de Los chingas, con un análisis sociológico de ese grupo familliar organizado. También aportó pericias de armas realizadas por Policía Científica y filmaciones.
En los 68 allanamientos que fueron habilitados por la Justicia a pedido de tres fiscales (Enrique Rodríguez, Mónica Ferrero, de Drogas, y Juan Gómez, de Homicidios), se incautaron armas que se presume están implicadas en homicidios a integrantes de bandas rivales de Los Chingas, municiones, una balanza de precisión que era parte de un laboratorio de drogas, cinco kilos de cocaína en estado puro cuyo valor se estima en más de US$ 122 mil y 695 gramos de cafeína y celulares.
En uno de los allanamientos, se encontró una mochila con algunos kilos de cocaína y cafeína. Los ocupantes de la casa aseguraron que vivían ahí por un acuerdo con los dueños anteriores. Los “dueños” de casa aseguraron no saber de dónde había salido esa mochila y que había “aparecido” en el frente de su casa en la madrugada del 20 de diciembre, día que se realizó el allanamiento. En ese caso, la fiscal Mónica Ferrero solicitó la imputación por un delito de posesión de drogas.
La investigación de la fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos, junto con la Dirección de Información Táctica de la Policía, determinó que Los Chingas operan en Casavalle hace al menos un año. La investigación continúa y se solicitó la captura de tres personas integrantes de esa banda familiar que están plenamente identificadas por la Policía, según dijeron a El Observador fuentes vinculadas al caso. Detenerlos implicará que toda la estructura organizativa de la banda quede desmantelada.
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