Un ex ministro de Dilma Rousseff admitió haber recibido un soborno de OAS para interceder en su favor ante el gobierno de José Mujica.
Un documento de la Policía Federal Brasileña define como «creíble» la versión que señala que la empresa OAS le pagó una coima de 3 millones de reales a Fernando Pimentel, ministro de Industria durante el gobierno de Dilma Rousseff, para interceder en su favor ante las autoridades uruguayas en la licitación de la planta regasificadora.
La revelación fue hecha por el propio Pimentel en el marco del «acuerdo de delación premiada» por el cual en ese país un acusado puede obtener una reducción de su pena a cambio de aportar información.
Si bien los investigadores señalan que aún no se pudo comprobar que, efectivamente hubo sobornos, aseguran que los hechos relatados por el ex jerarca tienen todas las características de ser verdaderos.
Las conclusiones forman parte de la documentación presentada este jueves por el diputado nacionalista Pablo Abdala (Corriente Renovadora) ante la Comisión Investigadora que analiza las denuncias sobre irregularidades en la construcción de la planta regasificadora.
El documento policial da cuenta que los dos empresarios de OAS señalados por Pimentel como los que le pagaron el soborno se negaron a declarar, pero negocian al mismo tiempo con las autoridades su propio «acuerdo de delación».
Abdala dijo a ECOS que obtuvo esta información de manos de la delegada de la Policía Federal que estuvo al frente de la «Operación Acrónimo», llevada a cabo contra Pimental en el marco del «Lavajato».
Pimentel había sido, eventualmente, electo para las gestiones por su supuesto nexo con un jerarca del gobierno de José Mujica, que nunca fue identificado por las autoridades brasileñas.
Luego de abandonar el gobierno de Rousseff, Pimentel fue gobernador de Minas Gerais. En su testimonio ante la Policía de su país, especificó que las «gestiones» por las cuales recibió una coima estaban referidas a la construcción de un «gasoducto».
Para Abdala, se trata del gasoducto subacuático que conectaría la regasificadora con tierra firme, una obra que terminó siendo adjudicada a OAS por US$ 64 millones, pese a los bajos resultados que obtuvo en la precalificación con respecto a sus competidores y a que no tenía ninguna experiencia en tareas de este tipo.
Al punto que, posteriormente, Gas Sayago le ordenó a que subcontratara a otra empresa para llevar adelante los trabajos.
La adjudicación había despertado polémica además al haber sido en 2015 decidida en forma directa por el entonces presidente de Ancap, José Coya en uso de sus prerrogativas, siendo derivada dos días después al resto del directorio para su ratificación.
Al respecto Abdala consideró llamativo que, entre la voluminosa información enviada el mes pasado por Gas Sayago,el consorcio formado entre UTE y Ancap para administrar la obra, no aparezcan los datos con las ofertas de las demás empresas que se presentaron a la licitación para construir el gasoducto.
Según dijo, entre los más de 1000 folios que aportó el consorcio, se incluyen generalidades y antecedentes de cada una de las firmas, pero no el dato que el legislador considera fundamental.
«Revisé de punta a punta, pero los precios no aparecen», afirmó. El legislador solicitó que Gas Sayago «ayude» en su hallazgo o que, en su defecto, envíe los datos. «Si no aparecen, deberé sacar mis propias conclusiones», mencionó.
OAS terminó por hacerle un juicio al Estado y logró que la Justicia uruguaya accediera la semana pasada a trabarle un embargo genérico a Gas Sayago por US$ 14 millones. La empresa brasileña reclama un supuesto pago por la parte del gasoducto que se llegó a construir.
Al respecto, Abdala pretende conocer cuál es la posición oficial de las autoridades sobre el último episodio de este proceso.
El legislador cursó además un pedido de información al Poder Ejecutivo para conocer qué pasó con la anunciada reestructura salarial de Gas Sayago.
A principios del mes pasado ante el Parlamento, la ministra de Industria, Carolina Cosse, había anunciado que se procedería a un ajuste a la baja en los salarios de la empresa, que aún opera a la espera que Shell concrete su interés de construir la planta regasificadora.
Los salarios de Gas Sayago estuvieron en el centro del la polémica por el alto costo que representa una firma sin cometido y que supone para el Estado una erogación de US$ 2,5 millones anuales.
Pese a que concluyó con el llamado a testigos, la comisión definió este jueves extender el plazo de su actuación hasta el 31 de marzo. Ese mes, oficialismo y oposición redondearán los respectivos informes que elevarán a la Cámara de Diputados con respecto a las conclusiones de la investigación.
Oficialismo y oposición se aprestan ahora a comenzar la preparación de los informes que, el 8 de diciembre, deberán presentar a la Cámara de Diputados con las conclusiones de la investigación.
Abdala ya había adelantado que en la comisión pudo comprobarse la «impericia» y la «negligencia» en el proceso de construcción de la planta, por lo que derivará los antecedentes a la Justicia para demostrar un eventual «dolo» de las autoridades que estuvieron vinculadas, en conclusiones que serán elevadas ante la Justicia Penal.
El Frente Amplio mantiene por su parte una conclusión radicalmente distinta.
«Puede haber distintas opiniones sobre el proceso, pero no hay ningún elemento que indique que hubo irregularidades», sostuvo Roberto Chiazzaro. El diputado socialista le restó importancia a la decisión de los nacionalistas de concurrir a la Justicia. «Que vayan, no tendrá ninguna consecuencia», aseguró.
