Trabajadores de OSE llamarán a referéndum para derogar la Ley de Riego por considerar que atenta contra la Constitución y lo expresado por la ciudadanía en el plebiscito de 2004. Aún quedan empresas que gestionan agua con participación privada.
En conversación con Montevideo Portal, el dirigente Gustavo Ricci planteó que es “claramente inconstitucional” porque permite la participación de inversores privados en la construcción de represas.
“En definitiva es la acumulación del agua para su posterior distribución, donde los productores que quieran acceder a esa agua van a tener que pagar un canon a los privados. “Es estar construyendo un mercado paralelo”, agregó.
Si bien el 64% de la ciudadanía votó en 2004 que el agua debía ser administrada por el Estado, el gobierno decidió mantener los contratos vigentes con privados y aún hay participación privada en Maldonado.
“Todavía al este del Arroyo Maldonado sigue funcionando la empresa Aguas de la Costa que tiene participación privada. No se está respetando aquel plebiscito y con esta ley la violación es más notoria”, agregó.
Ricci señaló que las principales cuencas desde donde se toma el agua para potabilizar están “seriamente comprometidas” y “prácticamente inexistente el control”, encontrando en la cuenca del Santa Lucía “un deterioro importante”.
“Desde el 1º de enero todos estamos pagando un sobrecargo, el ministro de Economía los definió como una tasa ambiental, para que todos banquemos obras que permitan mitigar el impacto negativo que está teniendo la actividad agropecuaria en los ríos de todo el país. O sea que todos estamos pagando la contaminación del sistema productivo agropecuario. Con esta ley de riego le permitan a privados lucrar con el agua y seguir contaminando”, apuntó.
