Al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no le cabe la menor duda de que el procedimiento policial que llevaron a cabo dos policías contra una panadera de la calle Pagola, en Pocitos, fue «inadecuado».
El hecho se conoció luego de que se hiciera viral un video en el que se registraba la detención de la mujer.
El Ministerio del Interior fue cuestionado por la asesoría legal del gremio policial y de los efectivos, por considerar que se abrió de urgencia una investigación administrativa sin tener más pruebas que las que se desprenden del video.
«No sé hasta dónde se apresuró (el Ministerio)», señaló el secretario de Estado, al consultado por El Observador al respecto.
Los abogados también criticaron que su cartera, mediante un comunicado 24 horas después de los sucedido, ya tomara posición sobre el hecho señalando que «no se comparte la conducta policial de involucrados» y que manifestando que existían «irregularidades» en la conducta de los funcionarios.
«He leído alguna interpretación de los abogados, que sostienen que no pasó como se dijo, sino que los policías estaban persiguiendo y deteniendo a un delincuente. Pero si quien estaba persiguiendo a un delincuente se detuvo tanto tiempo para discutir con una panadera, también merecería un sumario por eso. La tendrían que haber dejado», dijo Bonomi.
En el video, que se hizo viral el martes 25, puede verse cómo es detenida una mujer, luego de recriminar a dos agentes policiales que, según su versión, casi la atropellan por mirar a otra mujer desde su patrullero, cuando intentaba cruzar la esquina de Pagola y Berro para dirigirse a la panadería donde trabaja. Los policías le impidieron el ingreso a su lugar de trabajo y una vez que la discusión se cargó de tensión, ella le dijo a uno de ellos: «Te me acercás y te rompo la cara». Su compañero reclamó a quien filmaba la escena que registrara ese improperio. «Sí, estoy mirando cómo acosás a una mujer después de que casi la atropellás por mirar mujeres», se le respondió.
La situación derivó en que los efectivos terminaran deteniendo a la trabajadora, en medio de los reclamos de los testigos para que no se la llevaran.
Ante esta situación, el dueño de la panadería radicó la denuncia contra los policías.
Una de las reacciones en defensa provino del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), cuyo vocero, en diálogo con El Observador, dijo que «no había garantías» porque es la propia cartera la encargada «de encausar, analizar y juzgar a estos funcionarios. Si ya saben que son culpables, ¿por qué se molestan en iniciarles un proceso sumarial?», cuestionó Miguel Barrios.
Según fuentes policiales, los funcionarios, quienes aún no fueron sumariados, no fueron suspendidos de sus funciones, es decir, trabajan con normalidad, y uno de ellos, finalmente, fue admitido por el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo.
El ministro Eduardo Bonomi compareció ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, para responder sobre la importación de 750.000 municiones de 9 mm. semidescamisadas efectuada en 2016, que el Ministerio de Defensa denegó por estar prohibidas por leyes y decretos nacionales, y por las convenciones de la Haya y Ginebra a las que Uruguay está suscrito. Eso, en el entendido de que tienen una letalidad excesiva. Haber ignorado la objeción de Defensa motivó incluso que desde esa cartera se manejara la posibilidad de iniciar una demanda penal.
Bonomi respondió que se trata de una munición que utiliza la policía «de todo el mundo», dada su capacidad de no trascender los cuerpos de los delincuentes y evitando así daños a terceros, y que el conflicto entre los ministerios respondió a dos interpretaciones legales de una misma normativa, que en todo caso subsanó el presidente Tabaré Vázquez mediante una resolución que aprobó el ingreso del material.
