Estamos dispuestos en serio a movilizar al país para combatir la corrupción?». En tiempos en que investigaciones como la del Lava Jato en Brasil o la ruta del dinero K en Argentina sacuden la región, esa es la pregunta que se deben hacer los sistemas político y judicial uruguayos, según el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne. Según Gil, a pesar de que Uruguay es destacado como el país de la región con mejores niveles en el tema, «tiene problemas serios en materia de corrupción».
«Es maravilloso estar mejor que otros países pero la cosa en la región está complicada y parece difícil que estemos bien. Yo no creo que estemos bien, creo que estamos mejor que otros. El punto es el vaso medio vacío: qué tenemos que hacer para que dentro de cinco o diez años no nos pase lo que está pasando en los países de la región», dijo ayer martes 21 durante una ponencia en el seminario Compliance day: transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero, organizado por el estudio jurídico Brum & Costa.
Según el presidente de la Jutep, uno de los principales problemas es que en el país no existe un sistema pensado para combatir la corrupción. «Hoy tenemos actores que funcionan por separado pero no hay un sistema claro y definido para combatir la corrupción. Hay actores que actúan –y capaz que muy bien– pero no tenemos una estructura concebida para que esto sea eficaz y tengamos los resultados que tenemos que tener para prevenir la corrupción y castigarla», afirmó a 45 días de haber asumido su cargo. El resultado de esa falta de sistema, indicó el presidente de la Jutep, es «una percepción de impunidad» por parte de «los corruptos, que les permite hacer cosas que no se deberían permitir.
Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que cerró el seminario, destacó que en Uruguay la falta de un sistema integrado por diferentes organismos con el único objetivo de combatir la corrupción, lleva a pensar que esos casos son menores. «Hay un problema. Es la falta de priorización», señaló.
Según el fiscal, a nivel judicial de Crimen Organizado, los juzgados que tienen entre sus objetivos penar delitos relacionados con corrupción no deberían seguir existiendo como tales con la implementación a partir del 16 de julio de este año del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Con las modificaciones al viejo CPP, los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones –que hoy realizan los jueces– y estarán especializados en diferentes áreas.
«(Los juzgados de Crimen Organizado) van a seguir funcionando pero a nivel de fiscalía no queremos más esta subdivisión del trabajo, porque en lugar de avanzar hoy hay un retroceso y las investigaciones cada vez más lentas. Vamos a distribuir la carga de trabajo de manera distinta a como se viene haciendo», sostuvo. De esa manera, los fiscales se especializarán según tipo de delito.
