Una mujer que agredió a una maestra y la directora de la escuela 251 “General Fructuoso Rivera” fue procesada con prisión por los delitos de lesiones personales intencionales en reiteración real, tal como lo sentencióel juez penal de 18 turno, Humberto Álvarez. Dicha resolución había sido solicitada por el fiscal Juan Gómez, justificando que más de 250 niños fueron testigos de los “desbordes de violencia verbal y física”. Según él, los golpes e insultos se repitieron en distintos momentos, en un corto plazo y contra diferentes personas.
“La prisión preventiva no se justifica por la alarma pública, sino por las características de la agresión, por la cercanía del domicilio de la indagada a la escuela, y por el temor manifestado por las víctimas que merecen la debida protección del sistema judicial”, argumentó el jurista.
Violencia frente a los escolares
Los hechos se dieron cuando la mujer, de 26 años de edad y madre de tres alumnos de la institución, fue citada por la directora, pues esta no había asistido a ninguna de las reuniones a las que había sido llamada, para conversar sobre el estado de sus hijos.
Al parecer, hubo diferencias y discusión entre las funcionarias de la escuela y la mujer, que se retiró bastante alterada de la reunión. Esta salió a buscar a dos de sus hijos, mientras la maestra la seguía para tratar de calmarla, pues los hechos se estaban desarrollando frente a más de 250 alumnos.
Tras localizar a sus hijos, la mujer atacó con una patada en el abdomen y varios manotazos en la cara a la maestra. En la acción incluso intervinieron niños que intentaron separar a la agresora, pero solamente se exacerbaron los ánimos y la maestra terminó recibiendo puñetazos en la cara, que le causaron varias lesiones y marcas.
La atacante se marchó de la escuela, pero volvió varios minutos después encontrándose con el portón cerrado. Fue en ese instante cuando decidió saltarse la reja y arremeter contra la directora, golpeándola contra una puerta.
La acusada aceptó parcialmente su conducta violenta, argumentando a su vez que se trató de un proceder en defensa de su “integridad”, algo que el fiscal consideró una “excusa totalmente desvirtuada”.
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