Gobierno asegura que la Ley de Inclusión financiera tiene el objetivo de combatir la exclusión social
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, presentó un informe sobre la Ley de Inclusión financiera, en el marco del impulso a un plebiscito que promueven empresarios y organizaciones civiles para agregar artículos a la Constitución de la República y evitar la obligatoriedad de la bancarización.
Si bien el informe de Astori será analizado en profundidad durante el Consejo de Ministros del lunes 21 de agosto, de todos modos el gobierno realizó una valorización positiva sobre la aplicación y la adhesión a la Ley.
El prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo aseguró que la Ley tiene como objetivos, “además de combatir la exclusión social, trabajar por la equidad y contra la informalidad”.
Resaltó “los beneficios que van acompañando este proceso, tanto para la ciudadanía como para los distintos actores del proceso”.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dijo días pasados -a LARED21- que desde el gobierno se están tomando iniciativas para “mejorar los defectos que pueda tener el proceso de inclusión financiera en el país”.
Asimismo, en el Parlamento existe un proyecto de Ley del Frente Amplio sobre los aranceles que deben pagar las tarjetas de crédito.
“Hemos recibido quejas de diversos sectores sobre la situación diferencial de aranceles con las tarjetas y cómo incide entre los comercios chicos y las grandes áreas comerciales que tienen mejores aranceles y ello genera una desventaja competitiva”, reconoció.
Sendic también dijo que “se debe trabajar mucho para fortalecer la presencia del Banco República en todo el país, porque esta política donde ahora hay sucursales que se cierran puede perjudicar el proceso de inclusión financiera”.
“Tenemos que generar las condiciones para que el Banco República, estando presente en todo el país, se ajuste al proceso”, remarcó.
Plebiscito
El plebiscito que impulsan empresarios y organizaciones civiles para agregar artículos a la Constitución de la República, tiene como objetivo que los uruguayos puedan “elegir libremente cómo manejar su dinero”, aseguran los empresarios.
De ser favorable la iniciativa popular, el sistema de bancarización -establecido por la Ley 19.210 de Inclusión financiera- “seguirá disponible para todos aquellos que opten por él, pero no será obligatorio”.
La convocatoria popular surgió en marzo pasado a instancias de la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este (CRECE).
Desde esa fecha se han sumando asociaciones civiles en todo el país, entre las cuales la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) aprobó en asamblea el apoyo, como también el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), inmobiliarios, cámaras de construcción, escribanos y la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
También recogió el respaldo de los partidos Nacional, Colorado y de la Gente.
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