Un «ambiente muy politizado» en Salto provocó que desde principios de este año los funcionarios de la intendencia de ese departamento tengan prohibido hacer declaraciones a los medios de comunicación. La resolución fue firmada por el intendente, Andrés Lima, y el secretario general, Fabián Bochia, el 24 de enero, y dispone «que los únicos funcionarios del gobierno departamental de Salto que están facultados a hacer declaraciones públicas en cualquier medio de comunicación, sobre temas vinculados con la comuna de forma directa o indirecta son aquellos funcionarios que tienen un cargo político de particular confianza».
La comuna salteña indica que los demás funcionarios «deberán guardar estrictamente el deber de discreción y reserva y por tanto les está prohibido divulgar por cualquier medio información de la que tengan conocimiento». La resolución, a la que accedió El Observador, aclara que solo pueden hablar cuando «tengan expresa autorización de su superior jerárquico». Desobedecer lo resuelto implica una «falta grave». En su cuarto inciso, deroga «toda resolución que se oponga» a la medida.
Bochia dijo a El Observador que ese «ambiente muy politizado», producto de enfrentamientos entre la administración y la anterior, a cargo del colorado Germán Coutinho, derivó en pensar en formas de «proteger a los funcionarios». En febrero de este año, por ejemplo, el intendente Lima denunció penalmente a la exadministración de Coutinho por presuntas irregularidades.
«Queremos proteger a los funcionarios y frente a resoluciones políticas pedimos que no hablen», sostuvo. Bochia puede declarar ante un medio de prensa porque su cargo es de particular confianza. El jerarca puso como ejemplo los cuestionamientos que hubo al zoológico de Salto y dijo que en ese caso habla él o el director de Servicios Públicos.
Consultado sobre aquellos funcionarios que deseen hablar con un medio, el secretario general dijo que tanto él como el intendente Lima o directores de áreas de la comuna están disponibles para recibirlos y ser quienes transmitan la información. «Pueden hablar con nosotros que siempre lo atendemos», afirmó.
Por su parte, el edil colorado Gustavo Grassi indicó a El Observador que está analizando la resolución y planteará a la bancada de ediles de su partido convocar al intendente Lima porque considera que se viola la libertad de expresión. Grassi fue abogado del gremio departamental años atrás y algunos integrantes del sindicato de funcionarios de un sector minoritario lo consultaron cuando vieron la resolución.
