Lo asesinaron. Le prendieron fuego. Lo enterraron. Lo desenterraron. Lo trozaron y lo volvieron a enterrar en otro lugar.
La organización criminal, supuestamente liderada por el Ricardito, cuenta con un grupo dedicado a limpiar los últimos restos de personas asesinadas. La organización no solo mata a integrantes de otras bandas en luchas por territorio o deudores de drogas. También ultima a personas sin antecedentes judiciales que no quieran trabajar para ellos, según surge de una investigación de varios meses efectuada por la Justicia penal y una unidad especial de la Policía que depende del director Nacional, Mario Layera.
El Ricardito es medio hermano de Luis Alberto “el Betito” Suárez Correa, y desde hace tiempo quería liderar su propia banda, según estiman investigadores policiales. El “Betito” salió en libertad el 26 de marzo pasado y no tiene relación con la banda del Ricardito, según operadores judiciales.
“Lamentablemente, el accionar de esta organización va en aumento”, dijo una fuente del caso a El País.
En la mañana del lunes 29, un grupo de policías de la unidad especial se dirigieron al final de una calle de piedra ubicada en el Cerro. En el lugar había un barrial. A poca distancia, un basural. Los policías tenían el dato de que allí estaba enterrado “el Oreja”, un delincuente que salió de la cárcel hace seis meses y que desde hace dos está desaparecido. Su sorpresa fue mayúscula cuando observaron que en el lugar había un pozo abierto. En el mismo encontraron cal y un trozo de un pantalón de jean.
Al mediodía de ese día, el Ricardito, su esposa y otro sujeto fueron detenidos por la Policía. El delincuente, con antecedentes penales por narcotráfico especialmente agravado por la participación de un grupo criminal organizado, pensaba que su detención estaba vinculada a la droga que encontraron en su casa. Sin embargo, operadores judiciales y policiales esperaban imputarle el crimen del Oreja.
El martes 30, los investigadores policiales obtuvieron otro dato: el cuerpo del Oreja habría sido enterrado nuevamente en los fondos de una casa ubicada en Grecia casi Perú. Allí se hicieron excavaciones y los únicos restos óseos hallados fueron de un animal, según dijo a El País una fuente de la Policía Científica.
Durante la investigación, varios testigos relataron a operadores judiciales que la organización liderada por el Ricardito obliga a personas honestas a traficar drogas.
“Van, le copan la casa y obligan al dueño a poner allí una boca de pasta base”, dijo una fuente del caso a El País.
Enseguida agregó: “Por eso el Ricardito tiene como 20 casas en Cerro Norte. Aquellos que se oponen a vender drogas, reciben amenazas de que matarán a algún hijo y quemarán sus casas. Eso relataron los testigos”.
Ante la Justicia penal, vecinos de Cerro Norte revelaron el modus operandi.
“¿De dónde va a sacar tantas casas? La banda obliga a la gente a que hagan lo que ellos quieren”, agregó un operador judicial. En el juzgado se mencionó la pesadilla que vive una familia en Cerro Norte como consecuencia del accionar del Ricardito y sus secuaces.
Una de las personas, que no quería vender más drogas para la organización criminal, se fue del barrio por 15 días. Varios integrantes de la banda concurrieron a la casa del joven y le colocaron un revólver en la cabeza al padre y también a un hermano. “Si tu hijo no aparece mañana, te prendo fuego la casa y te mato a vos y a uno de tus hijos”, amenazó uno de los líderes de la banda. Al otro día, el joven continuó vendiendo drogas para la gavilla.
El martes 30, al terminar con las indagatorias, la Justicia penal procesó con prisión a Ricardito por incurrir en un delito de posesión y comercialización de estupefacientes.
La pareja de Ricardito, quien carecía de antecedentes penales, fue procesada sin prisión, pero con medidas sustitutivas: debe guardar arresto en horas de la noche.
La organización que opera en Cerro Norte tiene una base familiar, según investigadores policiales.
Betito es el más conocido. Comenzó con rapiñas a fines de la década de los noventa.
El primer asalto de relevancia que se le conoce a Suárez Correa es el realizado a una exfábrica de neumáticos ubicada en la zona de Paso de la Arena. La banda estaba constituida por jóvenes del Cerro que rápidamente fueron atrapados.
Otras fuentes policiales indicaron a El País que Suárez Correa posteriormente incursionó en “las salideras bancarias” (arrebatos con motos).
También tiene antecedentes por venta de drogas. Estuvo encarcelado desde 2006 hasta el 26 de marzo pasado tras redimir penas por trabajo.
El abogado del Betito, Diego Durand, dijo, en ese momento a El País, que a su cliente lo quieren transformar “en un enemigo público”, cuando las causas por narcotráfico que hay en su contra suman en total “nueve kilos de droga”. “¿Eso es un gran narcotraficante”, se preguntó.
El 9 de diciembre del año pasado, la Justicia dispuso el procesamiento de cuatro personas por el secuestro y homicidio de Claudia Annabel Silvera (39), cuyo cuerpo apareció en el interior de un vehículo incendiado, hallado el pasado 15 de octubre de 2016 en Tres Ombúes. Tres de los enviados a prisión son familiares de Suárez Correa. El cuarto es la pareja de una de las hermanas.
Silvera fue encontrada sin vida en el interior de su auto marca Citroen, modelo C3, de color gris.
El coche fue incendiado en un baldío en Camino Tellier, en jurisdicción de la Seccional 19ª. Era pareja de Welligton Rodríguez Segade, un barrabrava de Peñarol ultimado de 20 tiros el 13 de octubre de 2015 en el barrio 40 Semanas.
Continúa la investigación de tumbas clandestinas.
La Justicia penal continúa con la investigación sobre los enterramientos de cuerpos en un predio baldío del barrio El Tobogán, ubicado cerca del estadio de Cerro. Tras un dato suministrado a investigadores policiales, se ubicaron allí los restos de una persona supuestamente asesinada por una banda que opera en la zona de Casabó. Ya lleva casi dos años la desaparición de los adolescentes Jorge Cotelo y Emiliano González (19), quienes habrían sido ultimados en el marco de la guerra de bandas del Cerro.
Informe: aumenta consumo de cocaína en estudiantes.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU consideró, en su informe sobre el tráfico de drogas a nivel mundial, que el uso de cocaína entre los estudiantes secundarios en Uruguay tiene una leve tendencia al alza, aunque en cuanto al uso abusivo, Argentina, Chile y Colombia lo superan. El informe señala que “la prevalencia del uso de cannabis en la población en general presentó una tendencia global al alza” en América del Sur, que se sextuplicó entre 2001 y 2011 en Uruguay. “El gobierno de Uruguay confirmó que la prevalencia del abuso anual del uso de cannabis, llega al 9,3% de la población adulta”, dice el informe. En cuanto a la prevalencia del uso de pasta base de cocaína fluctuó en el país entre 0,7%, un pico de 1,1% en 2007 y un “piso” de 0,5% en 2014, agrega el informe.
El análisis de la ONU también indica que nuevas sustancias psicoactivas han sido mencionadas como un motivo de creciente preocupación en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.
“Las declaraciones de oficiales de policía en Uruguay indican que el tráfico de cannabis sigue sin cambios y que grupos criminales organizados podrían haberse beneficiado en el período previo al establecimiento de la venta en la red minorista de farmacias. En septiembre de 2016, dos años después de la aprobación de la ley de liberalización del consumo de marihuana, partes críticas del sistema de distribución todavía no han sido implementadas”, dice el reporte.
