Iniciativas en el ámbito del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados (promovidas por la oposición), y en la Cámara de Senadores (promovidas por el oficialismo).
El objetivo del acuerdo es lograr que los aranceles que se cobran sean más bajos, y que no superen el 1,5% o 2%, ya que, en algunos casos, es de 4% o más.
Desde el año 2015, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto, presentado por el legislador del Partido Nacional en ese momento, Daniel Peña (y perteneciente al Partido de la Gente ahora), con varias disposiciones pero el artículo más cuestionado es N°7 que dice: «En ningún caso los emisores de tarjetas de crédito podrán establecer diferencia de aranceles por concepto de comisiones y otros cargos entre los comercios y los proveedores por las liquidaciones presentadas, superiores al 2%. Dicha diferencia se apreciará respecto al comerciante o proveedor que haya acordado el arancel más bajo, no importando para ello el sector de mercado que se trate, así mismo no podrán establecerse aranceles diferenciados en un mismo sector de actividad».
En otras palabras, esto implica que se regula, ya que se establece un tope a los aranceles de las tarjetas de crédito y algo similar se plantea para las tarjetas de débito.
En el Senado, Leonardo De León (FA) de la lista 711, planteó el tema, pero el Frente Liber Seregni y el Partido Socialista no lo acompañaron.
El proyecto establece una disposición y normas similares, procurando modificar la ley de inclusión financiera.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, invitó al Dr. Martín Risso Ferrand, catedrático de derecho constitucional, para que diera su opinión sobre la iniciativa de modificar y la exposición fue clara.
El proyecto de ley, estableciendo una fijación de precios o de un arancel, es potestad del Poder Ejecutivo de acuerdo al artículo 133 de la Constitución de la República.
En base a ello, Risso señaló que los precios máximos, topes, limitaciones, o promedios, solamente pueden ser establecidos por ley, ley cuya iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo.
«Entiendo que el artículo 133 hace que sea necesario la iniciativa del Poder Ejecutivo para el artículo 7», dijo Risso.
Hay que tener presente que el artículo 133 implica que ningún precio para la actividad privada puede ser fijado fuera de la ley, ni siquiera pueden hacerlo el Banco Central, ni el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo, ha frenado tanto a la oposición como a la propia bancada de gobierno, de legislar en este tema porque ha anunciado que está negociando un acuerdo con los bancos para topear los aranceles de las tarjetas de crédito y débito.
Sobre el acuerdo entre el Poder Ejecutivo, los comercios y los bancos para fijar los aranceles, topes y promedios, Risso fue categórico y dijo: «es ilegal».
«Van a estar todos los bancos (o la mayoría de ellos), ejerciendo una posición dominante y acordando un precio que va a ser obligatorio para los usuarios. Me parece que va a haber una violación a la ley de libre competencia. No es un problema constitucional, pero creo que es claro que esos acuerdos no se pueden hacer», sostuvo.
Mi intención era solamente advertirle a la comisión de que no puede fijarse el precio en forma de iniciativa y que únicamente se puede establecer por ley, ley que debe surgir desde el Poder Ejecutivo».
Para que sea legal, la única vía es que el Ejecutivo llegue a un acuerdo y lo acompañe de una ley que no sea contraria a la libre competencia y no incurrir así en abuso de poder.
Reclamos
Los estacioneros y empresarios del este del país son quienes reclaman por las pérdidas que le generan el pago de aranceles a los emisores de las tarjetas cada vez que realizan una venta por esa vía.
Varias gremiales de comerciantes, sobre todo del este del país, plantearon a las autoridades la necesidad de rever los porcentajes que imponen los bancos.
Algunos comerciantes, nucleados en la Cámara Regional de Empresarios del Este (Crece), sugirieron impulsar un referéndum para derogar la ley de inclusión financiera.
La idea es, según un comunicado de Crece, es que la discusión «sea resuelta por el pueblo uruguayo y no por los funcionarios que hoy se dedican a defender los intereses de las multinacionales».
