La propiedad intelectual tiene en los tiempos que corren un valor cada vez mayor. La necesidad de patentar todo aquello que sea innovador resulta casi una obsesión para quienes se dedican a esa actividad. En algunas industrias, las patentes son el activo y el diferencial comercial más importante. Lo que hacen es otorgar un derecho exclusivo sobre un invento en cualquier campo de la tecnología. A pesar de esa gran importancia, los encargados del área de Ciencia y Tecnología del gobierno creen que el país está corriendo de atrás en el asunto.
«Tenemos que tener un sistema de patentes siglo XXI», dijo a El Observador el presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Fernando Brum.
La clave del problema radica en que Uruguay no adhirió al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés), un acuerdo que coordina acciones en la materia.
Ante esa dificultad, el Poder Ejecutivo –que suele afirmar que apuesta a desarrollar al máximo todas aquellas cadenas productivas que tengan un fuerte componente de innovación– está decidido a dar vuelta la situación.
En julio del año pasado, la ministra de Industria, Carolina Cosse, anunció que solicitaría a la cancillería que realice las gestiones necesarias para integrar a Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
El 13 de marzo de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Asamblea General un proyecto de ley que propone dar ese paso. Según Cosse, la adhesión de Uruguay al acuerdo facilitaría y abarataría las solicitudes de patentes, sin interferir con los sistemas nacionales.
«Todos los que hacen investigación científica y tecnológica se verán beneficiados», sostuvo la ministra. El proyecto de ley del gobierno tiene un único artículo. «Apruébase la adhesión de la República al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes», dice el artículo único de la iniciativa que ahora deberán discutir los parlamentarios.
Ese acuerdo fue suscrito en Washington en 1970 con el objetivo de fomentar el progreso y la investigación tecnológica, así como lograr una protección más eficaz de las invenciones. En una primera etapa fueron apenas 18 los países que suscribieron el acuerdo, pero actualmente ya son 151. La enorme mayoría de las naciones desarrolladas son parte del acuerdo, pero Uruguay, por el momento, los mira de afuera. A nivel regional, Brasil es miembro desde 1978, Colombia desde 2001, mientras que Chile y Perú se sumaron en 2009, de acuerdo a los datos que aparecen en la exposición de motivos del proyecto de ley oficial.
«Formo parte de un gobierno que está comprometido con el emprendedurismo» Carolina Cosse, ministra de Industria
La ANII ha sido uno de los principales impulsores de que Uruguay dé ese paso. Esa agencia oficial dedicada a la innovación y a la investigación ayuda a los inventores uruguayos a patentar pero, dado el atraso en la reglamentación, las gestiones terminan realizándose fuera de fronteras.
«Nosotros en ANII tenemos instrumentos que ayudan al patentamiento. Lo que hacemos es ayudar al grupo de investigadores a patentar en el exterior, porque como nosotros no reconocemos las patentes externas, ellos no reconocen las nuestras», informó Brum. Si prospera la iniciativa del gobierno, eso dejará de ser un problema. La medida cuenta con el visto bueno de algunos expertos en la materia.
Alejandro Alterwain, experto en propiedad intelectual de Ferrere Abogados, fue contundente en ese sentido. «Sería una herramienta muy útil para los inventores uruguayos que deseen patentar en el exterior y desde ya, para las empresas extranjeras que patentan en Uruguay», argumentó. «Las estrategias de protección de patentes son generalmente globales, casi nadie planifica patentar solo en Uruguay. En ese sentido, el PCT es un tratado que facilita y abarata los costos de patentar en varios países», agregó.
¿Qué se patenta en Uruguay?
En Uruguay, casi la mitad de las solicitudes de patentes son de productos farmacéuticos.
«En los últimos años también ha habido un aumento significativo en la cantidad de solicitudes de patentes sobre inventos biotecnológicos», comentó Alterwain. El mercado sufrirá una gran alteración si prospera el proyecto de ley del gobierno. Será barajar y dar de nuevo.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) abrirá este año sus puertas para ayudar a los organismos públicos a solucionar las problemas de gestión que enfrenten.
El presidente del directorio de la ANII, Fernando Brum, informó a El Observador que la agencia ya ha realizado experiencias similares con el sector privado y, como los resultados fueron evaluados como muy positivos, la novedad para este año es que también incluirán al sector público.
¿En qué consiste la iniciativa? Hay empresas que han recurrido a la ANII a solicitar ayuda para resolver cuestiones de gestión o de procesos en las que enfrentan dificultades. El organismo oficial encargado de las áreas de Ciencia y Tecnología lo que hace es conectar a la compañía con expertos que puedan aportar soluciones. Esas personas entregan sus proyectos y luego se ejecuta el más adecuado. La ANII otorga un subsidio para financiar el programa, cuyo monto varía en función del caso.
Hubo casos de todo tipo, desde frigoríficos hasta industrias que intentaban mejorar su gestión con sus residuos. A partir de este año, los organismos públicos que atraviesen dificultades similares a los privados podrán contar con el asesoramiento de la ANII.
«Para este año queremos abrir una línea de desafíos para el sector público. Cualquier organismo del sector público va a tener que traer el dinero, presentar su problema y tratar de resolverlo de esta manera. La experiencia que tuvimos en el sector privado fue muy buena, entonces estamos armando una segunda ventanilla», comentó Brum.
