El Banco de Seguros del Estado (BSE) suspendió por 30 días a 19 talleres mecánicos que fijaron sus propias tarifas por encima de lo pautado por las compañías aseguradoras, la suspensión, según explicó a El Observador el presidente del BSE, Mario Castro, inhabilita «provisionalmente» a los talleres a presentar siniestros ante el banco.
Para el Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA), la medida «atenta directamente contra la libertad de trabajo, la libertad de elección de los asegurados para reparar sus vehículos y sobre todo atenta contra los trabajadores», según expresa un comunicado de la gremial.
La actitud del BSE, alegan, «demuestra la prepotencia con la que las compañías aseguradoras imponen condiciones de trabajo sobre talleres que en su enorme mayoría son empresas pequeñas o familiares, pero que dan trabajo a más de 6.000 uruguayos».
El que avisa no traiciona
Castro dijo que el banco estatal ya había advertido que tomaría esa medida con aquellos talleres que fijaran sus propios precios, algo que calificó como «una barbaridad». «Tal vez se pensaron que no íbamos a cumplir, pero fueron ellos los que llevaron a esta situación sin precedentes», agregó el presidente del BSE.
Además, recordó que el banco está realizando un llamado –que vence el próximo 30 de abril– para concretar acuerdos particulares con los talleres que así lo deseen. Los precios, aclaró, los fijará el BSE e incluirán un ajuste por IPC. «Seguramente podremos ir encarando otras cosas con esos talleres», agregó Castro.
Para el CTMA, el banco busca «captar la adhesión de talleres que se sometan a trabajar por debajo de los costos reales de reparación, utilizando la crisis por la que atraviesa el sector». Las condiciones que fija el BSE, argumenta la gremial, se aprovecha de «la desesperante situación de los talleres» y seguramente empujen a buena parte de quienes adhieran «a trabajar en un régimen de informalidad».
En conflicto
El CTMA reclama desde el año pasado que las aseguradoras reconozcan el aumento de costos de las reparaciones. Según argumentan, la brecha entre las tarifas fijadas por las compañías de seguros y los costos reales de los talleres promedia el 35%.
Según un relevamiento de los talleristas, el costo promedio de la hora de trabajo es de $ 1.064 más IVA, mientras que la pieza de pintura cuesta $ 5.267 más IVA. Las aseguradoras, argumentan, pagan apenas la mitad, por lo que ellos terminan asumiendo parte del costo de reparación.
Ante esa situación, la gremial de talleristas resolvió pasar a tarifas esa diferencia, trasladando a los clientes la responsabilidad de reclamar a las aseguradoras la devolución del pago total. Es decir, los talleres pasaron de ser tomadores de precios a fijar sus propias tarifas.
Hasta diciembre de 2016, la gremial de talleristas y el BSE tenían un convenio que fijaba una paramétrica para las tarifas y, según explica Castro, «era un acuerdo bastante mejor al que ofrecen las aseguradoras privadas». En ese sentido, el presidente del BSE afirmó a El Observador que se llegó a pagar un 6% por encima de la paramétrica, «en señal de buena voluntad» con los talleres. Éstos, sin embargo, aducen que se generaban atrasos en los plazos de ajuste y por eso rompieron el convenio a fin de año.
Desde entonces, no hay ningún atisbo de negociación entre las partes. «Con el CTMA no hay posibilidades de acordar un nuevo convenio», dijo Castro. El próximo 4 de mayo, autoridades del BSE comparecerán ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
