El pasado 29 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, con 69 votos a favor de los 84 diputados que conforman este organismo gubernamental; bajo el principio de que la minería metálica afecta al ambiente y la salud de sus habitantes y constituye una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias de El Salvador.
«Es una decisión histórica, valiente y decisiva, nuestro país territorialmente es muy pequeño y practicar la minería metálica significa prácticamente un suicidio», declaró Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa en entrevista con BBC Mundo.
Al pueblo pan… y agua sin metales pesados
Organizaciones sociales, ambientales, educativas y la Iglesia Católica de este país celebraron la prohibición de la minería metálica en todo el territorio salvadoreño, después de más de una década de oposición a esta práctica.
En 2016, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) realizó una encuesta en la que el 77% de la población de El Salvador opinaba que la minería metálica debía prohibirse en el país.
La Iglesia, la UCA y otras organizaciones sociales presentaron a comienzos de febrero de este año el proyecto de ley y a inicios de marzo entregaron más de 33 mil firmas de apoyo a su aprobación.
Las mineras vs. El Salvador
La lucha de El Salvador por sacar a las mineras de su territorio se ha dado desde años atrás, en 2008 el gobierno decretó que no daría más permisos de extracción minera sin antes realizar un estudio de impacto ambiental en la zona y sin la existencia de una normativa para regular la industria.
La minera Pacific Rim Cayman, propiedad de OceanaGold, tenía autorización para realizar exploraciones en territorio salvadoreño desde 2002, y demandó al Estado por negarle permisos de explotación minera.
Después de un largo litigio, El Salvador se adjudicó en octubre de 2016 una victoria legal contra la compañía. La empresa había solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que ordenara a El Salvador pagar 250 millones de dólares por la pérdida de ganancias potenciales cuando la nación no otorgó una licencia para la extracción de oro en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas, y en otras regiones con potencial para la extracción de metales preciosos.
OceanaGold debió pagarle ocho millones de dólares al Estado por los costos del litigio.
¿Qué prohíbe esta ley?
La Ley de Prohibición de la Minería Metálica deja sin efecto los procesos para obtener permisos de exploración y explotación que ya hayan iniciado.
Las actividades de extracción, explotación, exploración y procesamiento a cielo abierto y subterráneo serán ahora ilegales, así como el uso de los químicos tóxicos utilizados en estos procesos de minería metálica.
De acuerdo al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el 90% de las aguas superficiales están contaminadas, por lo que después de esta decisión histórica, El Salvador tiene mucho por hacer para restaurar las fuentes de este líquido fundamental.
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