La magnitud de los aranceles que los comercios deben pagar a los emisores de tarjetas de débito y crédito cada vez que realizan una venta por ese medio es hoy uno de los principales reclamos planteados por diversas gremiales de pequeños comercios a nivel de todo el país.
Por estos días se reavivó el debate en torno a la necesidad de regular las comisiones que cobran los sellos. Y de la mano con esa inquietud, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) comenzó a trabajar en la presentación de una denuncia por posible abuso de posición dominante y colusión de emisores de tarjetas. Una delegación de la gremial se reunió la semana pasada con el comisionado de Defensa de la Competencia Javier Gomensoro, para recibir asesoramiento sobre los caminos que deberían recorrer, dijeron a El Observador fuentes del sector.
Los comerciantes plantearon su preocupación respecto a qué grado de ilegalidad puede presentar el hecho de que se les obligue a aceptar determinados aranceles que se considera «son altos».
El otro punto considerado es la imposibilidad de cobrar precios diferenciales entre los pagos al contado y los pagos a crédito, porque hay cláusulas en los contratos con los proveedores de las tarjetas que lo impiden. De esa forma el comerciante no puede realizar bonificaciones por pago en efectivo a manera de incentivo, cosa que sí pueden hacer los sellos a través de crédito mediante distintas promociones.
Otro de las argumentos manejados por los comerciantes es que cuando se plantean diferencias con los contratos, las tarjetas actúan de manera «corporativa», lo que podría dar lugar a «una acción gremial colusoria», se indicó.
El tema fue planteado el sábado en Florida durante una asamblea nacional de la que participaron la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Cambadu y otras gremiales empresariales y comerciales del país.
En primera instancia Defensa de la Competencia aconsejó a Cambadu a que presente una consulta. En función del estudio del mercado y de posibles ilegalidades que se pudieran detectar Cambadu optará luego por hacer una denuncia. Como se trata de un mercado regulado como el financiero, el tratamiento de la denuncia le correspondería inicialmente al Banco Central (BCU). No obstante, como puede haber más de un mercado afectado la comisión de Defensa de la Competencia podría tener jurisdicción en el caso.
En la actualidad el grueso del comercio paga aranceles de entre 2%y 2,2% para el caso del débito y de 4,5% en operaciones con crédito. En el caso de las grandes superficies, tienen acuerdos preferenciales dado el volumen de negocios que operan.
En diálogo con El Observador, Gomensoro afirmó que la libre competencia «tiene que garantizar ciertas reglas, pero si hay poder de mercado y poder de negociación eso se refleja en la posibilidad de cobrar mejores precios y acceder a mejores prestaciones. El tema es ver si eso no representa en algún momento por una alta concentración de mercado o por un acuerdo artificialmente elaborado que se llama colusorio un abuso de posición dominante», añadió.
Por otra parte, la semana pasada en entrevista con Radio Carve, el coordinador de la ley de inclusión financiera, Martín Vallcorba, reveló que el Poder Ejecutivo pretende seguir el ejemplo de México, donde el BCU se encarga de relevar los aranceles (mínimos, máximos y promedio). «Nos parece una muy buena iniciativa y estamos trabajando con el Banco Central para poder tener esa información. Este es un mercado muy opaco», reconoció Vallcorba.
Presentan nueva propuesta para regular tarjetas
En la asamblea del sábado en Florida las cámaras empresariales acordaron proponer algunas modificaciones y agregados a las iniciativas legislativas para regular las tarjetas que próximamente tratará de nuevo el Parlamento.
La propuesta a la que accedió El Observador consta de nueve puntos. El primero establece que el proveedor será «libre» de aceptar o no tarjetas de crédito o débito como medio de pago. En caso de aceptarlo podrá fijar mínimos y trasladar los costos que implique el uso del medio de pago al precio final.
Además el consumidor o usuario deberá ser informado en forma previa de los costos asociados y las diferentes formas de pago. «En caso de no brindar la información necesaria, en forma legible y al alcance del usuario o consumidor, el comerciante deberá mantener el mismo precio respecto del producto o servicio no pudiendo beneficiar el pago contado sobre el pago con tarjeta de crédito o débito», dice el documento.
En segundo lugar se establece que el arancel por todo concepto de comisiones en el caso de tarjetas de crédito no podrá superar el 1,5% de las liquidaciones y 0,5% en el caso del débito. Aclara que esto «no impide que los artículos de primera necesidad o que por su especialidad tuvieren un trato preferencial o bonificado sigan manteniendo esas condiciones especiales en forma proporcional». Este es el caso, por ejemplo, de las estaciones de servicio que tienen topeadas sus ganancias. Añade que la dispersión de aranceles no podrá ser mayor a 0,5% en ningún sector de actividad.
Un tercer punto propone que toda promoción deberá ser ofrecida en forma previa a todas las empresas que quieran adherirse en un mismo sector de actividad.
En relación a los tiempos de pagos, se establece que una vez presentadas las liquidaciones correspondientes, el emisor deberá realizarlo en un plazo máximo de 24 horas para las tarjetas de débito y de una semana como plazo máximo para las tarjetas de crédito. Un quinto punto propone que para el caso que el pago se haya realizado en cuotas, la comisión será debitada en forma proporcional al plan de cuotas que se haya pactado con el usuario. Según señalan las gremiales comerciales, un problema que existe hoy es que el arancel se cobra todo en la primera cuota.
«Los contratos que se firman con las tarjetas de crédito son un sometimiento total a plazos de pago, aranceles y prohibición de hacer promociones contado», dijo el asesor legal de las gremiales empresariales, Julio Facal.
Por otro lado, se plantea que las propinas no se consideren para el cobro del arancel. Se argumenta que cuando se coloca el servicio en la cuenta el arancel lo incluye y luego al trabajador se le debe pagar íntegramente la propina, a veces en el día. Otro punto propone que las tarjetas emitidas en el exterior mantengan las mismas condiciones que las emitidas tarjetas emitidas en territorio nacional.
En octavo lugar se plantea que el comerciante sea libre de elegir el sistema de terminales POS o similares que «le resulte más conveniente». La semana pasada en entrevista con En Perspectiva Vallcorba reconoció que hay una red (POS 2000) que «tiene una posición dominante» porque tiene la mayor cantidad de terminales, pero que la reglamentación de interoperabilidad ha limitado la realización de prácticas abusivas.
Por último, la iniciativa plantea que una vez se comience a aplicar la ley de tarjetas no se realizarán retenciones por concepto de adelanto de pago de impuestos al comerciante.
