Solo hay cinco empresas de atención médica de emergencia y traslados móviles habilitadas en Uruguay. Otras 123 se encuentran haciendo el trámite ante el Ministerio de Salud Pública (MSP). Y quedan otras, como es el caso de varias firmas que son contratadas por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que no cuentan con habilitación, pero tampoco empezaron a gestionarla.
Situaciones similares al Hospital de Bella Unión, con funcionarios que trabajaban de un lado y del otro del mostrador, se dieron también en Colonia, Treinta y Tres y Soriano. Pero según se pudo constatar, todas las otras empresas que recibieron cuestionamientos por parte del Tribunal de Cuentas sí empezaron a hacer el trámite de habilitación ante el MSP.
Las cinco empresas habilitadas son Emergencia 1727, Emmy – Emergencia Médico Móvil de Young, SEMM, SUAT y UCM, según los datos que se desprenden de la respuesta a un pedido de informes hecho por el diputado nacionalista, Martín Lema, ante el MSP.
La cartera, también consultada sobre la demora promedio para completar la habilitación de una empresa de traslados y emergencias, señaló que «los tiempos son muy variables y dependen de múltiples factores, entre los que se encuentran que el prestador ingrese la documentación requerida en forma completa y no en etapas, así como la celeridad en el levantamiento de las observaciones que pueden surgir durante el análisis del trámite».
El País comparó la lista de empresas que están habilitadas o en proceso, con todas aquellas firmas que prestan servicios para ASSE (la cuales son más de 100 y figuran en la respuesta a otro pedido de informes hecho por Lema a mediados de 2016). De allí se desprende que de las firmas que trabajaron para el organismo en 2015, varias no contaban con la habilitación correspondiente y que tampoco se encontraban en trámite.
En la mira.
En septiembre del año pasado el fiscal en Crimen Organizado, Carlos Negro, reclamó a la Justicia Penal que se abriera una investigación por el incremento en el gasto de ambulancias parte de ASSE. En concreto solicitó que un juez penal sea quien analice una serie de documentación que fue aportada al diputado Lema, en una gran cantidad de pedidos de informes, donde se documenta el crecimiento de los gastos.
La cifra de lo que se gasta en contratos de ambulancias por parte de ASSE, que administra 900 hospitales y policlínicas en todo el país, crece año a año. En 2008 fueron US$ 1.200.000, mientras que en 2015 este número trepó a $ 11.700.000.
Uno de los casos más polémicos en este sentido es el del Hospital de Las Piedras, que gastó US$ 2.354.770 en 2015 en el contrato de ambulancias. En 2008, al inicio del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), gastaba solo US$ 217.955. Esto implica un aumento de 980%.
Ante la ola de denuncias, que incluyen también el caso de directores de hospitales que tienen empresas de emergencias móviles y traslados, el presidente Tabaré Vázquez ordenó en un decreto de octubre pasado la creación de un «registro» de las firmas de traslados especializados en ambulancias, y una serie de condiciones para que puedan operar.
Para conseguir la habilitación del MSP, las empresas deben garantizar que las ambulancias de traslados especializados tengan capacidad para que los pacientes puedan «someterse a estudios, tratamientos o procedimientos específicos».
Presidencia también llamó a ASSE a efectivizar un plan de ahorro, luego que en 2016 los hospitales públicos gastaron más de lo que se tenía previsto. Todo terminó con un reclamo de la institución a los directores de los centro, en el que se los instó, bajo amenaza de percibir sanciones, a crear un plan de ahorro que permita recuperar el déficit de 2016. También se los conminó a controlar el gasto y a pedir permiso a la Gerencia General para comprar ciertos medicamentos y efectivizar el contrato de nuevos trabajadores, entre otras cosas.
Polémico.
Entre las empresas de emergencias móviles que no tenían el aval del MSP y que tampoco se encontraban haciendo el trámite, figura Siemm, que le vende servicios al Hospital de Bella Unión, y cuyos dueños son dos directores del Pereira Rossell y uno del centro de salud público del departamento de Salto.
La firma fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas por violar la ley anticorrupción, dado que los funcionarios públicos no pueden contratar con el mismo organismo con el que trabajan.
Mientras los traslados comunes y especializados que ASSE contrata a privados implicaban para la institución de Bella Unión un gasto de US$ 28.500 antes de la llegada de Siemm; en 2013, cuando se empezó a trabajar con esta empresa, la cifra pasó a ser de US$ 400.000 (14 veces más). En 2014 el monto continuó creciendo, llegando a 560.000 dólares (casi 20 veces más).
Hasta el primer semestre de 2016 se le adjudicaron a Siemm trabajos por US$ 825.000. Hoy en día sigue trabajando en el hospital.
Lo curioso es que en el pliego de licitación de octubre de 2015 por el que ASSE volvió contratar a Siemm, no figura como requisito que la empresa de traslados esté habilitada por el MSP, como si aparece en otros pliegos de otros hospitales públicos.
Un reclamo para Vázquez cuando viaja al interior
Las empresas de ambulancias en Montevideo son las que están habilitadas. En el interior la regulación brilla por su ausencia. Los hospitales no mandan ambulancias a los hogares ni a rutas nacionales. Este reclamo suele ser uno de los que recibe el presidente Tabaré Vázquez cuando viaja por el Consejo de Ministros. El año pasado una vecina de Isla Patrulla, Treinta y Tres, le pidió una ambulancia y le dijo que hacía 5 años que el pueblo no contaba con una. En Soriano, el alcalde de Rodó, le pidió lo mismo.
«No se puede administrar la salud como un comité de base»
El diputado nacionalista Martín Lema salió al cruce de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), por las demoras que tiene la cartera en decidir si habilita o no a una empresa de emergencia móvil.
«No pueden seguir administrando salud pública como si fuera un comité de base y el MSP debe asumir que es la policía sanitaria para empezar a fiscalizar con seriedad», manifestó el legislador a El País.
«Hoy la división Fiscalización del MSP tiene tan solo 21 inspectores para controlar puertas de emergencias, CTI, Block Quirúrgicos, Emergencias Móviles, IMAE, medicamentos y otros servicios, tanto en el sector público como en el privado. De esta forma es imposible controlar la calidad de asistencia. Ya hemos realizado propuestas para fortalecer la fiscalización y hasta ahora no recibimos respuesta», añadió.
Lema consideró que «el gobierno perdió el control de la salud». Y también criticó al directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por «actuar con compañerismo». También apuntó al presidente Tabaré Vázquez que, sostuvo, «a pesar de ser médico ya no tiene liderazgo en la dirección de estos temas importantes».
La división Fiscalización del MSP, que es blanco de las críticas de Lema, empezó a funcionar en el año 2009, en el marco de la reforma de la salud. Antes de esto cada área del ministerio llevaba a cabo las inspecciones vinculadas a su rubro y luego concedía las habilitaciones. Al diseñar la nueva división, que se dedica exclusivamente a la inspección, se llamó a concurso y se contrató a 53 profesionales. Ocho años después el área está formada solo por 26 funcionarios, de los cuales cinco no salen a hacer inspecciones, sino que son administrativos. Según una nota de El País de octubre del mes pasado, los inspectores calculan que el 85% de los servicios de salud están sin habilitación.
