Vivo en el Cordón y siguen con el maldito mínimo», fue el mensaje que un usuario le envió días atrás a través de Twitter al integrante de la Asesoría Macroeconómica y coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. Este tipo de quejas es muy común y refiere a una práctica habitual que realizan pequeños comercios de Montevideo y el interior del país. En esos locales se acepta que los clientes paguen su compra con tarjeta de débito, pero siempre que el saldo a cancelar supere el mínimo que de forma arbitraria fija el comerciante.
Hay farmacias, ferreterías y almacenes, entre otros rubros, donde el comerciante advierte sobre esto al cliente cuando se le consulta si acepta el pago con plástico. También hay casos en los cuales el comerciante coloca en un letrero el piso mínimo aceptado que suele fijarse en la franja de entre $ 200 y $ 300. Esto lleva a que se pague con efectivo o incluso a que el cliente opte por hacer la compra en otro lugar.
Pero este tipo de prácticas pasará a ser ilegal en el correr de esta semana, una vez que sea promulgado el cambio normativo. El Parlamento aprobó a fin de diciembre una serie de modificaciones a la ley de Inclusión Financiera vigente desde 2014. Entre ellas, hay una que prevé de forma específica que los comercios que trabajen con medios de pago electrónicos no podrán limitar su aceptación estableciendo montos mínimos.
En su redacción original, la ley establecía solo una equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico. Así los comercios no pueden cobrar por los productos o servicios que ofrezcan un precio mayor si el pago se realiza mediante plástico que si el mismo se realiza con efectivo. Ahora la ley es más precisa y agrega que los comercios deberán aceptar operaciones por cualquier monto.
Para que la modificación entre en vigencia solo falta la firma del presidente Tabaré Vázquez. El cambio fue votado el 29 de diciembre pasado y este jueves vencerá el plazo de 10 días hábiles que se tiene para su promulgación.
El cambio atiende a que la fijación de mínimos es contraria al espíritu que promueve el Poder Ejecutivo de promover el uso de los medios electrónicos de pago, a favor del uso del efectivo, según se ha manifestado desde el gobierno.
Por otro lado, los consumidores que constaten la exigencia de mínimos al momento de saldar su deuda podrán denunciar la situación ante el Área de Defensa del Consumidor, que es la encargada de ejecutar las sanciones previstas en caso de comprobar incumplimientos.
Otra práctica que realizan muchos comercios es solicitar al cliente la firma de un voucher, cédula de identidad del titular o un teléfono para permitir la compra con débito, práctica que las autoridades del Banco Central (BCU) pretenden abolir y restringirla únicamente al PIN para compras por hasta 5.000 unidades indexadas (unos $ 17.550). De forma reciente, se otorgó una prórroga de dos meses para que los comercios del país solamente pidan al tarjetahabiente de un plástico de débito únicamente el PIN. Originalmente estaba previsto que esa disposición comenzara a regir a partir del 1° de enero de 2017, pero ahora el BCU fijó como fecha límite para mantener el esquema actual el próximo 1° de marzo.
Pagar el taxi por APP
También desde el próximo 16 de enero se pondrá en marcha el calendario de modificaciones al sistema de pagos en taxis. Desde esa fecha se podrá pedir y pagar por un viaje en taxi a través de aplicaciones móviles.
Para ello se pondrá en marcha un plan piloto que se extenderá a toda la flota del taxímetro (unas 3.000 unidades) un mes después.
Hoy hay alrededor de seis empresas tecnológicas que trabajan en diferentes desarrollos de este tipo.
Luego, a partir de abril se habilitará la opción de que los pasajeros puedan abonar el viaje a través de tarjetas de débito, crédito o prepagas, como, por ejemplo, la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano entre otros plásticos. Para eso será necesario que los taxímetros cuenten con terminales POS. Esa inversión será subsidiada por el gobierno mediante un descuento en los impuestos que paga el sector.
El objetivo que persigue el Poder Ejecutivo es eliminar el uso de dinero en efectivo en las taxis a partir del 1º de julio del año entrante y en función de la evaluación que se haga sobre la marcha del nuevo sistema
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