El endurecimiento de penas por homicidio intencional, la nueva ley de zonas francas, la de fotocopias, los cambios a la ley de nocturnidad y la cuota de empleo para discapacitados en el ámbito privado, eran proyectos prioritarios para el oficialismo, pero por diferentes motivos fueron postergados hasta el 2017.
El primero está a estudio en el Senado y lo que dificultó su sanción fueron las diferencias a la interna del Frente Amplio, donde existe una fuerte corriente que se niega al endurecimiento de las penas. Esta iniciativa fue una de las medidas enviadas al Parlamento por el presidente Tabaré Vázquez, luego del debate realizado con la oposición en el marco de la cumbre de seguridad.
El proyecto establece el aumento de la pena mínima a dos años de cárcel, por lo que pasaría a ser no excarcelable, algo que es objetado por el sector Casa Grande, de la senadora Constanza Moreira. Las diferentes opiniones dentro del oficialismo obligaron a prorrogar su aprobación hasta el 2017, dijeron a El País fuentes de la bancada.
El otro tema en que no hay acuerdo está asociado a la creación de las zonas francas especiales, que ahora se llamarán Zonas Económicas Especiales (ZEE), un proyecto redactado por el Ministerio de Economía que genera resistencias hace meses en el Senado. A tal punto, que a pedido del Movimiento de Participación Popular (MPP) será retirado del proyecto la creación de una «ciudad de la salud» que se pensaba construir en el departamento de Maldonado. En la última sesión del Senado, el jueves 29, el senador oficialista Rafael Michelini pidió que se retirara del orden del día.
Otros dos proyectos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados están corriendo similar suerte en el Senado. Se trata de los cambios a la ley de nocturnidad y el establecimiento de una cuota para la contratación de personas discapacitadas en empresas privadas. En estos casos, la única diferencia es que el Poder Ejecutivo es el que está trancando su aprobación y no la bancada oficialista.
La ampliación del beneficio de la nocturnidad fue presentada por los diputados Gerardo Núñez, del Partido Comunista, y Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo. A diferencia de la ley vigente —que establece como condición el trabajo de cinco horas consecutivas para el cobro de la nocturnidad— esta iniciativa apunta a que el trabajador que realice una, dos, tres o cuatro horas de trabajo nocturno pueda cobrar la compensación del 20% más. La norma fue objetada por las cámaras empresariales y también generó reparos del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijeron a El País fuentes de la coalición.
Otra norma impulsada por el Partido Comunista —y aprobada en Diputados en el mes de octubre—, no cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo lo que dificulta su sanción en la Cámara Alta. Se trata de la que establece la obligatoriedad de que las empresas privadas —con más de 25 empleados— contraten al menos un 4% de personas con discapacidad.
El tema genera resistencias en el Ministerio de Trabajo por el temor de que pequeñas y medianas empresas no tengan los recursos económicos suficientes para hacer frente a la nueva obligación.
«Es muy loable el objetivo, pero no fui consultado», ese fue el mensaje de texto que le envió el ministro de Trabajo Ernesto Murro a la bancada del Frente Amplio unas horas antes de que se votara el proyecto de ley que establece la cuota de discapacidad en el sector privado.
A pesar de los comentarios del ministro, la bancada decidió seguir adelante y aprobar el proyecto. De todos modos, la iniciativa quedó stand by en el Senado.
En tanto, en mayo de 2016, la Cámara Alta aprobó por unanimidad un proyecto que en su texto quitaba las penas previstas en la norma actual (por derechos de autor) para quienes fotocopien libros completos con fines de estudio y «para uso personal, y sin fines de lucro».
Tras las resistencias que generó, la Cámara Uruguaya del Libro, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Asociación General de Autores del Uruguay y el Pit-Cnt llegaron a un acuerdo para considerar lícitas las reproducciones por medio de fotocopias o digitales, obtenidas a partir de un ejemplar lícitamente adquirido de textos breves (30 páginas) de estudio o material educativo, en la medida en que lo justifiquen necesidades educativas.
Pese a ello, los diputados no terminan de cerrar la redacción del proyecto que debe volver al Senado, por lo que su tratamiento quedará para el año próximo.
En la última semana, el Parlamento aprobó varias leyes. Una de ellas es por la cual se crea un registro bajo la órbita del Banco de Previsión Social (BPS) de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente.
Otra fue por el proyecto de ley en el que se establecen normas de convergencia con los estándares en Transparencia Fiscal.
Los días «D» que quedan por definir.
Además de redactar o aprobar proyectos sobre temas de interés general, diputados y senadores encuentran tiempo para sancionar iniciativas que implican simplemente ponerle un nombre a un día del año. Por ejemplo, en la Cámara Baja hay uno presentado por los diputados nacionalistas Alejo Umpiérrez y Gloria Rodríguez que designa el 20 de marzo como el «Día del orgullo de la Negritud». «En nuestro país, donde generalmente la mayoría de la población nos definimos como no racistas, está demostrado que la población afrodescendiente sigue sufriendo grandes desigualdades», dice la exposición de motivos. El proyecto tiene como finalidad «establecer un día especial para el reconocimiento de esa contribución permanente a toda la comunidad». Otro texto a estudio de Diputados es el que pretende cambiar el nombre del 12 de octubre —Día de la Raza— por «Día de la Diversidad Cultural». La iniciativa es de los diputados Alejo Umpiérrez (Partido Nacional) y Ope Pasquet (Partido Colorado). También hay un proyecto del diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) para designar el Día del Secretario como feriado no laborable el día 27 de junio de cada año con motivo de conmemorar la histórica huelga general de 15 días. En tanto, varios legisladores de todos los partidos (Pasquet, José Carlos Mahía, Graciela Bianchi, Iván Posada y Rubio) promueven que el 6 de abril de cada año se pase a celebrar el «Día de la Laicidad».
