El gobierno busca aprobar en las últimas dos semanas del año, algunos proyectos de ley que considera de importancia y es así que tanto el Senado como la Cámara de Diputados se reunirá en dos oportunidades para sancionarlos.
Mientras la Cámara Alta se reúne, por lo menos el próximo miércoles, la Cámara de Representantes lo hará el miércoles 28 y el jueves 29.
El impuesto a los retirados militares, es uno de los temas de mayor importancia.
El Parlamento quiere aprobar también el proyecto que flexibiliza el secreto bancario que establece que las instituciones financieras deberán informar al fisco sobre saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y extranjeros.
De esa manera, será obligatorio identificar a los beneficiarios de las sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales.
Con respecto al impuesto a retirados militares, se busca equilibrar las finanzas del Servicio de Retiros y Pensiones Militares antes de reformarlo.
Se trata de un impuesto, paralelo al Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS), para a los retiros y pensiones militares en los pasivos que perciben más de $50.000.
El Poder Ejecutivo se ha mostrado firme en defender el nuevo impuesto, que ha sido atacado por considerarse que se está gravando dos veces un mismo «hecho generador», algo que puede catalogarse como inconstitucional.
Si bien, la fuente sería la misma, la recaudación por ese concepto no iría al mismo organismo, a la Dirección General Impositiva (DGI) sino que iría al servicio de retiros y pensiones militares.
El cuestionamiento es sobre si se trata de una acción constitucional o no, porque si bien se cambia el destino, lo que se grava, la fuente, es la misma.
Mientras que, en el Frente Amplio hay sectores que están de acuerdo en votarlo, otros están de acuerdo en hacerlo, pero sin modificaciones, ya que atenuar la carga implicaría disminuir el efecto recaudador que apunta a financiar, en parte, el déficit que presenta el sistema de pasividades militares.
Debido a que las pasividades de más de $ 100.000 son alrededor de 3000, no representan un número tan importante como para gravarlas en forma más alta y compensar lo que ocurre con las otras pasividades de entre $50.000 y $100.000.
El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, indicó que la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, determina que el 80% (40.000 en 50.000 de las pasividades militares) no pagarán la prestación y, por el contrario, un promedio de 3.000 pasivos, de mayores ingresos, que ganan más de $100.000 por mes, tendrán el peso mayor de la recaudación que se está planteando.
Se grava a partir de los ingresos mensuales que superen los 50.100 nominales, y desde esa franja, y en función del nivel de ingreso, la prestación va a subir en su escala que comienza en el 2% (aplicado a las pasividades más bajas) y llega hasta el 20% (aplicado a las pasividades más altas).
Según Ferreri, se trata de una solución «análoga» a la planteada en su momento para los pasivos de la caja bancaria que tienen una prestación similar a esta que se propone.
Con respecto a la prestación actual, Ferreri indicó que es más benevolente porque el mínimo no imponible, en el caso de la caja bancaria, es de 6 BPC (Bases Prestacionales y Contribuciones) y para el nuevo impuesto, será de 15 BPC.
Se trata de un impuesto por fuera del IASS, que busca financiar en un 10% el déficit fiscal que presenta el sistema de pasividades militares, que hoy representa un total de US$400 millones.
