El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia Rocco, fueron procesados por la Policía Federal en una causa sobre corrupción y lavado de dinero recibido de la constructora Odebrecht. El exmandatario (2003-2011), su esposa y el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, son sospechados de haber lavado dinero en la compra de un terreno donde estaba prevista la construcción del Instituto Lula, en el centro de San Pablo.
Por otra parte está en la mira de la Policía Federal el cobro del alquiler de un departamento próximo a la residencia de Lula, en San Bernardo do Campo, localidad de la periferia de San Pablo.
Para los investigadores de la Policía Federal la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil, se valió de contratos de fachada para pagar los favores políticos de Lula y su entorno.
Antonio Palocci, que también fue ministro durante el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), ya está preso debido a su participación en la red de corrupción del «Petrolao» que causó perjuicios millonarios a la empresa estatal Petrobras.
En esa misma causa, conocida como «Lava Jato» (Lavado Rápido), Lula fue procesado en septiembre pasado cuando la Procuraduría General de la República lo caracterizó como el «comandante» de la corrupción.
Luego de la apertura de este nuevo proceso, anunciado el lunes por la Policía Federal, el caso será analizado por la Procuraduría, la cual decidirá si cabe o no presentar una denuncia contra Lula ante el juez Sergio Moro.
El conocido magistrado anticorrupción Moro es el responsable de la causa «Lava Jato», que ha condenado a decenas de altos dirigentes políticos, entre ellos varios correligionarios de Lula, y a empresarios que participaron en esa trama delictiva.
Casi 20% a favor de una dictadura
El 18 % de los brasileños declaró que apoya la instalación de una dictadura como salida para la crisis política que enfrenta el país, según una encuesta publicada hoy por el diario Folha de San Pablo.
El sondeo indica que el 62% de los entrevistados respalda el régimen democrático.
«En ciertas circunstancias es mejor una dictadura», respondió el 18% de los ciudadanos indagados por la consultora Datafolha, en la que se detectó un alto descontento con la clase política brasileña, envuelta en escándalos de corrupción.
En el mismo sondeo, el 12% de los consultados dijo que le es indiferente si el modelo político es una dictadura o una democracia. La consulta fue realizada en todas las regiones del país entre los días 7 y 8 de diciembre.
El primer informe de esa encuesta, publicado el domingo pasado, indicó que el 63% de los brasileños quiere la renuncia del presidente Michel Temer y el llamado a elecciones directas para elegir a su sucesor.
Temer cumplió ayer siete meses como presidente, cargo que asumió provisoriamente el 12 de mayo cuando el Senado abrió un juicio político contra su antecesora, Dilma Rousseff. El 31 de agosto la Cámara alta condenó a Rousseff y la separó definitivamente del cargo, tras lo cual Temer se convirtió en presidente efectivo hasta el 31 de diciembre de 2018.
