El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) prohibió la utilización de cuatro productos agroquímicos y de otros dos de uso restringido, en su política de preservar el ambiente, la inocuidad y la seguridad alimentaria.
Según informa El Observador, el director general de los Servicios Agrícolas (DGSA), Federico Montes, indicó que los productos clase 1 considerados de alta peligrosidad para la salud humana que están prohibidos son Azinfos metil, Metidation y Metomil.
Cumplen la función de herbicidas, en tres de sus variedades y son utilizados para la fruticultura y horticultura. Esos productos se retirarán del mercado quedando prohibida su importación, registro y comercialización.
Aunque se trata de productos fuertemente controlados y con uso bajo receta profesional, su retiro implicará «aumentar las garantías al consumidor final de que el producto contempla los parámetros de inocuidad», indicó Montes.
Se prohíbe la Atrazina (clase 3), herbicida que en el resto del mundo ha tenido dificultades del punto de vista del ambiente, sobre todo en la contaminación de las aguas subterráneas.
Otro producto clase 1 es el Carbofuran, utilizado en Uruguay para el control de aves plagas, como los loros, con efecto importante en los cultivos.
Con respecto a ese producto, se restringe la formulación que se utiliza para plantaciones de papa, morrón y tomate. Sí quedaría utilizable su formulación original para el control de aves plagas, para cuya formulación solo el MGAP puede utilizar, explicó el director de Servicios Agrícolas.
Consultado sobre consecuencias en el mercado por el uso de estos agroquímicos, sostuvo que «hasta el momento no existieron problemas en el mercado, pero se ha hecho un análisis de riesgo que procura disminuir los posibles riesgos y errores humanos que puedan ocurrir en la aplicación de estos productos».
Montes señaló que en Uruguay hay un stock que se permitirá utilizar, pero se contará con una normativa que permita sancionar a quien no cumpla con lo establecido: «Tenemos la potestad para ver los registros y también para fiscalizar todos los comercios que venden productos», dijo.
Restan reuniones entre las autoridades de la DGSA y representantes de las cámaras de agroquímicos, que contarán con un plazo de 30 días para informar el stock (de cada uno de los productos prohibidos) del que disponen.
De acuerdo a ese recuento, se determinará el plazo que se fijará para su retiro final del mercado.
