Daban libreta para camiones a quienes no sabían manejar

Los detalles conocidos después del procesamiento de 18 personas por el caso de las coimas a los inspectores de tránsito en Canelones y San José, no dejan de sorprender, pese a que muchos de los hechos ya eran vox populi en ambos departamentos.

En las últimas horas se conoció el auto de procesamiento del juez de la causa, Alejandro Asteggiante, donde los indagados relataron en reiteradas ocasiones las maniobras que se llevaban a cabo para conseguir las libretas de conducir sin tener que hacer ningún tipo de prueba, o en varios casos pruebas con ayuda de los funcionarios municipales.

Entre los relatos de los declarantes, existen diversos casos: inspectores que cobraban las coimas en las pistas de pruebas, o en los baños de la comuna. Otros recibían giros a través de redes de cobranza.

El arreglo entre los inspectores y quienes querían conseguir su licencia de conducir siempre era mediado por un supuesto «gestor», de iniciales L.M que vivía en La Teja, y que cobraba entre $ 2000 y $ 14.000, dependiendo del trámite que se tuviera que llevar a cabo.

Lo que encarecía los costos eran las categorías de las libretas. Una de moto, por ejemplo, el gestor la cobraba $ 2000 a sus clientes para hacerles de nexo con los inspectores que sortearían ciertos exámenes elementales. Las más caras, eran las de ómnibus y las de camiones con zorra. Esas llegaban a tener un costo de $ 6000 o $ 8000.

Los casos.

Lo insólito de los hechos estaba precisamente en las maniobras que llevaban adelante los inspectores de tránsito que cobraban las coimas.

Uno de los casos más elocuentes fue el de un hombre de iniciales J.L.P.P que pagó $ 8000 al gestor para sacar su licencia de conducir que lo habilitaba a trabajar en un camión.

El conductor, fue hasta la casa del gestor, en La Teja, y allí concretó el pago. El trámite finalmente llegó a llevarse a cabo en la Intendencia de San José, pero el conductor no acudió en camión a dar la prueba, sino que lo hizo en un auto. Consultado por el magistrado respecto a si alguna vez había manejado un camión, contestó: «manejé en una estancia hace poco, nunca en la vía pública».

El mismo también mintió en cuanto a su lugar de residencia, asegurando que vivía en San José en vez de Montevideo. Para esto usó a una escribana, que también fue procesada por los hechos.

La mujer admitió, en más de un caso, que trabajaba para el gestor y que cuando le pedían un certificado de residencia ella ponía siempre la misma dirección en el departamento de San José. Es decir que más de una persona que llegó a sacarse la libreta de conducir en ese departamento, tiene la misma dirección de domicilio.

Otro caso parecido fue el de un joven de 21 años, que consiguió una libreta para manejar camiones con zorra sin dar el examen práctico. Pues nunca antes había manejado uno. En esta ocasión, el padre del conductor fue quien habló con el gestor. Al día siguiente ya tenía hora para sacarse la libreta, cuando comúnmente ese trámite demora dos o tres meses.

Según surge del auto de procesamiento, el joven hizo «el examen médico y al ir a pista se le aproxima un inspector, le dijo que venía de parte de L. M. (gestor), le preguntó cuánto le iba a cobrar, le dijo que no sabía».

Acto seguido, el inspector se encerró en el baño de la comuna con el joven que quería obtener su libreta para manejar camiones y le pidió $ 6.000, pero el muchacho en ese momento solo tenía $ 3.500. Fue así que el oficial le advirtió que fuera por el dinero restante para completar los trámites correspondientes.

Minutos después, el inspector firmó los formularios de prueba práctica que no se habían llevado a cabo, el joven le dio el dinero a la vista de todos y un rato después se fue con la libreta de conducir a su casa.

Manejó otro.

La frutilla de la torta, según indicaron a El País fuentes judiciales, fue cuando en uno de los casos el que requería la libreta se quedó en la pista de pruebas, y salió a dar la prueba práctica su acompañante.

El hombre pagó $ 8.000 para obtener la licencia, «después de hacer los trámites de rigor, le entregan el formulario teórico, donde no pudo contestar más de cinco preguntas y un funcionario municipal contestó el resto. El práctico consistió en dar una vuelta con el auto, manejando el ayudante del gestor con un inspector municipal mientras que el encausado se quedó esperando que regresaran».

Coimeros llegaron a ser amenazados.

Los gestores que recibían los pagos para que se llevaran a cabo las coimas, en un momento, se vieron amenazados por alguno de sus clientes. Según surge del auto de procesamiento del juez Alejandro Asteggiante, «en una oportunidad de una escucha telefónica, un joven que concurrió más de una vez no pudo sacar la libreta». El joven, intentaba comunicarse telefónicamente con los gestores, pero estos «se pasaban la pelota» entre ellos, asegura el texto del magistrado. Quién requería la libreta, según surge de en una de las escuchas telefónicas, dice que se sentía estafado y que por ese motivo mataría a uno de los coimeros.

El juez Asteggiante informó a El País que los problemas se llevaban a cabo cuando en reiteradas ocasiones los inspectores que recibían el dinero no se encontraban en las pistas de pruebas. La Intendencia de Canelones había determinado en los pasados meses, mientras estaba en pleno transcurso la investigación policial, que los inspectores de tránsito que tomaran las pruebas fueran rotando todas las semanas. De esa manera, los gestores que esperaban a que estuvieran los oficiales con los que habían hecho acuerdos previos, tenían que aguardar más días sin las libretas de conducir que les habían prometido a sus clientes. Estos últimos tenían que volver en reiteradas ocasiones a tratar de sacarse las licencias, y en esos casos, no todos los usuarios entendían la problemática que existía. En uno de los casos, un hombre tuvo que ir a la Intendencia de Canelones cuatro veces. La primera vez que fue a sacarse la libreta, estaba de turno una inspectora, que según mencionan, es incorruptible.

Esta mujer fue entrevistada por El País un día después de que se conociera el procesamiento de las 18 personas. La inspectora afirmó en dicha instancia que no necesitaba recibir coimas para vivir, porqué los sueldos de los oficiales es bueno y los que lo hacen es por «avaricia».

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