Un proyecto de ley en Filipinas, respaldado por el presidente Rodrigo Duterte, que permite que niños de 9 años puedan ir a la cárcel, provocó ayer alarma en Naciones Unidas y en asociaciones defensores de los derechos de la infancia. En el marco de su plan de seguridad, la iniciativa del oficialismo también promueve reimplantar la pena de muerte en ese país.
Los aliados del mandatario filipino en la Cámara de Representantes quieren votar el proyecto de ley que habilita la reducción de la edad penal de 15 a 9 años y el restablecimiento de la pena de muerte antes de fin de año.
Duterte fue electo en mayo tras una campaña en la que prometió erradicar las drogas eliminando a decenas de miles de involucrados, tras advertir que el país corría el riesgo de convertirse en un «narcoestado».
El mandatario señaló durante la campaña que la pena de muerte podría ser aplicada para casos de drogas y también sobre las personas halladas culpables por violación, secuestro o robo si el delito termina con una víctima mortal.
Además, en la carrera electoral prometió atacar los vacíos del sistema judicial que, según él, permitían a los traficantes de droga utilizar a niños y adolescentes como mulas.
El mandatario no se quedó solo en el discurso. Desde su llegada al gobierno a finales de junio, Duterte inició una cruzada contra el tráfico y consumo de estupefacientes que derivó en la muerte de más de 4.700 personas a manos de policías o «justicieros». Más de 2.000 personas fueron abatidas por la policía y al menos otras 2.700 murieron en circunstancias no aclaradas, según las estadísticas oficiales.
La política anticriminalidad que promueve Duterte generó duras críticas por parte de los defensores de derechos humanos. Duterte proponía reducir la edad de responsabilidad penal a 12 años, pero sus aliados quieren ir más lejos.
«Criminales adultos utilizan de forma deliberada a menores de 15 años para cometer crímenes como el tráfico de droga», dijo Pantaleón Álvarez, uno de los defensores de la iniciativa.
Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, recordó ayer al gobierno filipino sus obligaciones internacionales. Ese Estado es firmante de la convención de la ONU sobre los derechos de los niños que estipula que la edad penal no puede ser inferior a 12 años.
«La cárcel no es un lugar para los niños. Es alarmante enviar a niños a instituciones» penitenciarias, declaró Unicef a la AFP. «Sería un retroceso por parte del gobierno filipino», agregó.
En tanto, varias asociaciones lanzaron en las redes sociales la campaña #ChildrenNotCriminals (traducida al español como «los niños no son criminales») para pedir a los representantes que no apoyen el proyecto de ley.
«Es injusto acusar a los niños. El resultado será niños convertidos en criminales reincidentes», dijo Ernesto Almocera, de Plan International Philippines.
Los defensores de los menores instaron a Duterte a que se centre en las causas de la delincuencia de los menores, como la pobreza, la ausencia de los padres o la falta de educación.
Mientras, una agrupación de organizaciones defensoras de los derechos humanos instó el domingo al gobierno de Filipinas a abandonar el plan de borrador legislativo que propone reimplantar la pena capital, abolida en el país hace una década.
«Los legisladores deben resistirse a la tentación de llegar a la conclusión de que el restablecimiento de la pena de muerte será un instrumento eficaz para combatir la delincuencia», señaló en un comunicado Dimitris Christopoulos, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. «Es hora de que los legisladores rechacen tal insensatez y reafirmen el respecto por los derechos humanos», afirmó Rose Trajano, secretaria general de la Alianza Filipina de Defensores de los Derechos Humanos.
Desde que asumió el cargo en junio, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dejó de lado la histórica alianza militar del gobierno filipino con Estados Unidos, repitiendo que se está desplazando hacia China y Rusia mientras emprende una política exterior independiente.
Duterte declaró el mes pasado que su «héroe favorito es (el presidente ruso, Vladímir) Putin», y consideró que comparte con él una pasión por las armas y las mujeres.
Los objetivos predilectos de sus ataques públicos son el presidente estadounidense Barack Obama, a quien calificó de «hijo de puta», el jefe de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la Unión Europea.
En todo el mundo, unos y otros expresaron su preocupación por la política de mano de hierro que Duterte aplica contra las drogas y la delincuencia.
