El Frente Amplio intenta bloquear investigación

Fuente: Lr21

La mayoría del Frente Amplio bloqueó en una primera instancia la formación de una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela y el lunes 31 el Plenario de Diputados deberá ratificar o rectificar la decisión. El sector del diputado Darío Pérez evalúa si vota la instancia promovida por el Partido Nacional. Los diputados frenteamplistas Óscar Groba (Espacio 609) y José Querejeta (Lista 711) desestimaron ayer la denuncia del diputado nacionalista Jaime Trobo (Todos) al sostener que «no tiene pruebas» que la respalden, que fue hecha «en base a recortes de prensa y dimes y diretes», y esperan que en la sesión plenaria la mayoría esté de su lado.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el financiamiento de US$ 19.400 que recibió el Movimiento de Participación Popular (MPP) de parte de la empresa de intermediación de negocios con Venezuela, Aire Fresco, es «solo la punta del iceberg» de la denuncia que realizará Trobo.

A favor de la investigación se pronunció el representante del Partido Nacional Rodrigo Goñi, quien declaró que el gobierno «no quiere ver» las irregularidades existentes en los negocios de intermediación de Aire Fresco, perteneciente a allegados al MPP. «No hay mérito para formar una investigadora. La denuncia de Trobo no tiene ninguna prueba. Todo es transparente», subrayó Groba en alusión a los negocios denunciados por el legislador nacionalista.

Groba afirmó que la vinculación que hace Trobo de la intermediación de Aire Fresco, supuestamente favorecida por el gobierno de Mujica, no se puede probar. «No hay ninguna prueba, ninguna firma de un jerarca o empleado público» del gobierno pasado, «absolutamente nada, ninguna orientación». Según él, han sido «las empresas privadas que han elaborado su propio negocio con el gobierno venezolano».

Trobo había entregado el lunes a la comisión un escrito de 35 páginas de extensión más una carpeta con 31 carillas y documentos anexos donde quedaría probado que Aire Fresco, intermediaria en los negocios con Venezuela durante el gobierno de Mujica, hizo aportes a la campaña del MPP al Senado en las elecciones de 2014.

 Según la Corte Electoral, la empresa cuyas caras visibles son Carlos Decia y Omar Alaniz, ambos extupamaros, y el diputado del MPP Daniel Placeres, el 3 de septiembre del año electoral colaboró con el sector de Mujica con la suma de $ 480.000, que al tipo de cambio de ese mes de 2014, US$ 24,66, era el equivalente a US$ 19.400.

Groba quitó entidad al documento de la Corte diciendo que «no es ilegal que empresarios hagan aportes a los partidos», porque «lo dice la ley de partidos políticos, incluso para el Partido Nacional es ético».

El diputado Trobo fue recibido ayer por los miembros de la comisión preinvestigadora quienes le formularon diversas preguntas sobre el tenor de su denuncia y los aportes de documentación relativa a la contribución de la empresa Aire Fresco a la campaña del MPP.

Groba sostuvo que sabe que dentro de los partidos Nacional y Colorado hay legisladores que no están de acuerdo con la denuncia de Trobo «porque tienen negocios con Venezuela» que «dijeron que (el procedimiento) es transparente y cristalino».

En su informe en minoría, Goñi sostiene que los elementos aportados por Trobo «revelan una trama tejida sobre una pantalla con apariencia legal que se compone de acuerdos estatales de cooperación y fondos de financiamiento que ofrecen garantía de pago», pero que «también oculta un entramado ilegal de favores gubernamentales a través de preferencias en la concesión de licencias y ventajas cambiarias, a la vez que confiere la llave del negocio a determinadas empresas, en un juego combinado que permite un pago injustificado de sobreprecios».

En duda.

El sector Liga Federal —que encabeza Darío Pérez— está evaluando la posición a tomar con respecto a la investigadora propuesta por los nacionalistas. Fuentes de ese grupo político dijeron a El País que no pueden adelantar si votarán o no la iniciativa porque todavía no conocen las pruebas aportadas por Trobo.

El diputado Sergio Mier (Liga Federal) dijo a El País que su sector «puede llegar a votar o puede llegar a no votar» la comisión investigadora por los negocios en Venezuela. «Como todavía no están los informes de la comisión preinvestigadora no tenemos idea de la decisión que vamos a tomar. Mañana (por hoy) se van a presentar los informes y ahí los estudiaremos. Por ahora no tenemos posición, ni a favor ni en contra, hasta que no se sepa la consistencia de las denuncias», acotó.

El País intentó ayer comunicarse con Pérez para consultarlo sobre la posición que asumirá con respecto a la investigadora, pero éste no contestó los llamados.

Mier dijo que la Liga Federal no tomó resolución, pero tampoco tiene por qué adoptar una posición unánime sobre el asunto. «Cuando nosotros hablamos de libertad de acción, hablamos de libertad de acción no solo para afuera, para nosotros también», afirmó Mier.

Hoy a la hora 16 se reunirá la bancada del Frente Amplio para intercambiar sobre la denuncia del Partido Nacional y definir las acciones a tomar en la sesión del próximo lunes. A su vez, la comisión preinvestigadora se volvió a convocar para la hora 17 con el objetivo de seguir analizando la denuncia realizada por Trobo.

El Partido Nacional, los colorados e independientes respaldarán la comisión investigadora por entender que hay elementos suficientes para indagar los negocios con Venezuela durante el gobierno de Mujica.

Sin embargo, el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular, ya adelantó que no votará la iniciativa por entender que detrás del pedido «hay una intención política de atacar al gobierno de Venezuela».

Bajo sospecha.

Los negocios que hizo el expresidente José Mujica con el presidente venezolano Nicolás Maduro están bajo sospecha por la intermediación de la empresa Aire Fresco, cuyos titulares están vinculados al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. La empresa cobró una comisión equivalente al 2% de cada negocio concretado.

LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Acuerdos y empresas que están bajo la lupa.

Uno de los acuerdos cuestionados lleva la firma del titular de Aire Fresco Omar Alaniz y de la empresa de suministros venezolanos industriales Suvinco S.A. En este convenio se creó una empresa mixta «para importar, exportar, representar, intercambiar, distribuir, comprar y vender productos, bienes y servicios para atender requerimientos de entidades públicas y privadas de ambos países», señala el acuerdo. Otro acuerdo fue en el rubro alimentación para vender a Venezuela 40.000 toneladas de arroz con cáscara, 20.000 toneladas de trigo, y 3.000 toneladas de pollo congelado. También aparece la empresa Urutransfor cuyo gerente de Operaciones, Georgi Iván Vasilev, firmó un acuerdo con el ministro de Energía Eléctrica venezolano para «desarrollar proyectos en el sector eléctrico en Venezuela, vinculados con la transferencia de tecnología en la fabricación y mantenimiento de transformadores». La última empresa privada que figura es Altansur. El presidente de esa empresa suscribió con la Corporación Venezolana de Alimentos el acuerdo para la instalación de dos plantas de alimentos para ración animal.

La denuncia de Trobo sobre las empresas.

La comisión preinvestigadora se reunió a pedido del diputado Jaime Trobo para analizar una denuncia formulada por escrito. En su carta, a la que accedió El País, Trobo señaló que existieron negocios con ese país «por montos que suman varios cientos de millones de dólares (…) El vínculo notorio de personas y empresas con sectores políticos integrados por altas jerarquías de gobierno, a quienes se concedió por parte de las autoridades uruguayas una posición preferente, y en algunos casos exclusiva, para realizar o impulsar negocios con entidades estatales monopólicas de Venezuela, da mérito suficiente para realizar una investigación parlamentaria», sostuvo. «La alta probabilidad que alguna de estas personas o empresas beneficiadas contribuyen con sectores políticos cuyos representantes están cerca de las decisiones que los beneficiaron, incluso las propias declaraciones de jerarcas responsables del gobierno en relación a la legitimidad de las actividades de intermediación de estas personas o empresas, da mérito suficiente para realizar una investigación», concluyó la carta de Trobo.

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