El Instituto Nacional de la Personas Mayores (Inmayores) presentó el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez (2016-2019), dirigido a proteger el ejercicio de derechos de todas las personas mayores.
La iniciativa incluye un protocolo de actuación ante casos de abuso patrimonial y procura la ampliación de cobertura del servicio de atención a situaciones de maltrato intrafamiliar, al tiempo que procura mejorar el acceso a tratamientos no farmacológicos para abordaje del deterioro cognitivo, y mejorar la formación de especialistas en psicoterapia.
El plan busca que se revise la normativa vigente e impulsa la conformación de un grupo de trabajo que busque la forma de reducir tiempos de proceso judiciales que involucran a personas mayores y asesoramiento judicial en para proteger derechos.
“Se busca una vejez más activa, menos medicalizada y con participación”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien añadió que “los problemas detectados son desprotección, abandono, abuso y violencia económica”.
La elaboración y presentación de este plan coincide con la reciente ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte de Uruguay que fue el segundo país en hacerlo luego de Costa Rica.
El Plan fue acordado con los organismos que integran el Consejo Consultivo, órgano que asesora a Inmayores y que está integrado por la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (REDAM) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).
También participan del consejo el Ministerio de Salud Pública; el Banco de Previsión Social (BPS); el Congreso de Intendentes; y actores académicos: Cátedra de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
El Plan también propone acciones con otros organismos estatales, como el Poder Judicial, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Turismo y la Universidad de la República, entre otros organismos.
Datos
Uruguay ha experimentado un acelerado proceso de envejecimiento que se manifiesta en mayor medida sobre las mujeres: viven 484.407 personas mayores de 64 años lo que representa el 14% de la población.
El índice de envejecimiento ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenida, pasando de 51 en 1996 a 67 en 2015. Es decir que en los últimos diecinueve años hay 16 personas mayores más por cada 100 menores de 15 años.
Seis de cada diez personas mayores son mujeres. Esto revela un predominio femenino en la población mayor. Hay 1,5 mujeres mayores por cada varón mayor.
Las personas de 65 a 84 años representan el 86,8% (420.446 personas) de las personas mayores. Las de 85 y más años, el 13,2 % restante (63.961 personas).
7 de cada 10 personas mayores de 85 años en Uruguay son mujeres, mientras que el 95% de la población mayor en Uruguay vive en zonas urbanas.
Con respecto a la situación conyugal, la más frecuente entre personas mayores es estar casada/o (Casi la mitad: 45% en 2014). Un tercio de la población es viuda (32% en 2014) y el 23% se reparte entre personas solteras, divorciadas y en unión libre.
El arreglo familiar más frecuente para las personas mayores es vivir en pareja sin los hijos/as, (34%). Otra porción importante vive en hogares unipersonales (27%), aunque hay algunas diferencias. Por ejemplo, el 37% de las mujeres viven solas frente a un 22% de los varones.
Uruguay cuenta con una alta proporción de hogares con personas mayores como jefe/a (38%), presentando el valor más alto de la región, un dato que, según los expertos, ayuda a romper el estereotipo de la vejez asociada a la dependencia económica y social. Eso permite conocer que, en muchos casos, las personas mayores tienen responsabilidades centrales.
