Partido Comunista presentó proyecto de ley para topear el precio de los alquileres y subsidiar a hogares de menores ingresos.
Con el objetivo de asegurar el “ejercicio pleno del derecho a la vivienda”, el diputado del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Gerardo Núñez presentó el martes a la bancada del Frente Amplio un proyecto de ley para regular el mercado de los alquileres y desincentivar la existencia de viviendas desocupadas. En la exposición de motivos, el legislador explica que se pretende “disminuir el esfuerzo que hacen los hogares para poder acceder a una vivienda digna, mediante la intervención directa en el mercado de los alquileres a través de aspectos regulatorios, e indirecta a través de incentivos a la provisión de más viviendas en el mercado y asistencia a los hogares que más lo necesiten”.
Núñez estuvo en Treinta y Tres en la jornada de ayer y fundamentó el proyecto: «la iniciativa establece un tope general al precio de los alquileres, que no podrá superar anualmente el 4% del valor catastral del inmueble. Para fijar este porcentaje se realizaron simulaciones. Por ejemplo, una vivienda promedio tiene un valor catastral de 120.000 dólares (menor al precio del mercado), y el 4% anual de esa cifra dividido entre los 12 meses del año da 400 dólares. Esto significa que quien alquila debería pagar aproximadamente 12.000 pesos mensuales por esa vivienda, como máximo». El diputado del PCU explicó que se eligió el valor catastral porque “no está atado a la volatilidad del mercado inmobiliario”.
Según se consigna en el sitio web de La Diaria, se manifestó que: «por otra parte, el proyecto extiende el régimen de garantía de alquileres que rige para los funcionarios públicos también a los trabajadores de la actividad privada, así como a los jubilados y pensionistas de cualquiera de las cajas estatales y paraestatales. Este sistema establece que todo empleado público con un mínimo de tres años de servicio, así como los jubilados y pensionistas, tendrán derecho a que la Contaduría General de la Nación les otorgue la garantía correspondiente en los contratos que realicen por arrendamiento de casa-habitación. El proyecto del PCU deja librado a la reglamentación el procedimiento para la retención del alquiler en el caso de trabajadores y jubilados de la actividad privada, y dispone que en ningún caso se podrá descontar más de 26% del salario líquido del núcleo familiar.
