La Intendencia de Montevideo está «luchando contra Uber con todas las herramientas», dijo ayer el intendente Daniel Martínez, que defendió la legalidad del operativo puesto en marcha en los últimos días para detectar conductores de la aplicación que está operativa desde noviembre del año pasado, y que incluye interrogatorios a choferes y acompañantes.
Martínez criticó que Uber (que conecta a pasajeros con conductores privados) «ni siquiera se sienta a negociar» con las autoridades para promover una regulación. Dijo que lo ideal sería que por ley se establezcan herramientas más «poderosas» para la tarea de fiscalización, pero mientras tanto la comuna va a «usar todas» las alternativas que considere «necesarias», señaló ayer en rueda de prensa.
En los últimos días, la Intendencia de Montevideo lanzó una ofensiva para fiscalizar coches de Uber en el marco de la cual ya se retiraron las chapas a 25 vehículos, dijo Martínez. Los operativos, desplegados en zonas y horarios estratégicos, incluyen interrogatorios a conductores y acompañantes ante la sospecha de que se trate de un servicio de Uber, informó ayer El País. De hecho, ayer se viralizó en las redes sociales un video que muestra las característica de estos controles.
En los interrogatorios, se pregunta al pasajero, por ejemplo, si conoce al conductor o cuál es su relación.
El tenor de los procedimientos despertó cuestionamientos ante la posibilidad de que se trate de un proceder abusivo de parte de los inspectores. Al respecto, el intendente dijo ayer que los operativos fueron ideados con el aval del servicio jurídico de la Intendencia de Montevideo. «Si alguien entiende que se violaron sus derechos, hace la denuncia en el área de Tránsito», señaló el jefe comunal.
Pesquisas no
El abogado experto en derecho administrativo Adrián Gutiérrez dijo a El Observador que los inspectores deben fiscalizar si se cometen infracciones de tránsito y si los conductores cuentan con las habilitaciones pero «no corresponde que hagan una pesquisa para saber si se trata o no de choferes de Uber».
Según Gutiérrez, en el caso de quien viaja como acompañante el interrogatorio «está totalmente fuera de lugar» y en relación a los conductores los inspectores pueden preguntar si está brindando un servicio a través de Uber, pero no si está trasladando a un familiar o a un amigo «porque ahí pasa a un ámbito que está más allá de su competencia».
«El conductor debe limitarse a contestar si está realizando tareas de transporte oneroso. Nada más», indicó.
El penalista Juan Fagúndez declaró ayer a Montevideo Portal: «¿Uber es considerada una infracción de tránsito que amerite que el inspector detenga el coche? ¿Está en el digesto municipal? Si no está no lo puede hacer. Detener a una persona que no comete un delito o una falta de tránsito no es legal, salvo que sea atrapado infraganti o haya orden escrita del juez».
Por su parte, el penalista Mario Spangenberg dijo a El Observador que el proceder de los inspectores de la comuna puede representar un «exceso en las potestades fiscalizadoras».
El abogado advirtió que eso podría configurar delito, como abuso de funciones o violencia privada en caso de que se registren amenazas.
Intimación a pedido de dueños de taxis
A pedido de un grupo de 100 dueños de taxis, el juez de lo contencioso administrativo Gabriel Ohanian intimó el mes pasado a la IMM, la DGI y al BPS a que informen qué harán para fiscalizar a Uber. Los dueños de los taxis, representados por el abogado Martín Risso, promovieron la acción judicial como instancia previa a un futuro reclamo reparatorio contra el Estado por daños y perjuicios.
