Ministerio del Interior gastó U$D2 millones en Software que no funciona
Existen graves problemas de compatibilidad con dos empresas telefónicas.
Un software, que habilita a los jueces y fiscales penales a autorizar y controlar en forma digital las escuchas telefónicas efectuados por la Policía con El Guardián, aún no está operativo pese a que hace cinco meses que jerarcas del Ministerio del Interior anunciaron que estaba a prueba.
El programa informático, conocido como Sistema Automático de Interceptaciones Legales (SAIL), es independiente del Guardián y fue desarrollado por el Ministerio del Interior como un instrumento informático que permite procesar digitalmente el diligenciamiento de las interceptaciones dispuestas por los magistrados penales.
El viernes 9, el equipo técnico del Ministerio del Interior, que trata de poner a punto el SAIL, envió una nota a su par del Poder Judicial expresando que existía un retraso en la integración del software con dos operadores de comunicación (empresas telefónicas). «No especificaron más», informó ayer a El País la Dirección de Comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia.
Varios jueces penales consultados por El País explicaron el procedimiento utilizado para avalar escuchas en el marco de una investigación judicial: la Policía informa al fiscal del caso que necesita interceptar teléfonos de sospechosos. En caso de que la fiscal entienda que el procedimiento se justifica, envía su pedido al juez que autorizará o no dichas interceptaciones y fijará una duración de las mismas.
Agregaron que, por el momento, siguen utilizando el sistema antiguo de oficios para autorizar las escuchas.
Hace seis meses, la Suprema Corte de Justicia recibió un oficio del Ministerio del Interior sobre que estaba trabajando en el desarrollo de un sistema de infraestructura informática, el SIAL.
Este mecanismo «tiene como finalidad acelerar los procesos de las escuchas y registrar todos los detalles de las mismas para un control más efectivo de quienes intervienen (policías, fiscales, jueces y empresas telefónicas)», informó la cartera en su oficio. Este sistema —el SAIL— «no incide en el Guardián y su ejecución será comunicada oportunamente, debido a que aún se encuentra en etapa de prueba».
Vigilancia.
A mediados de 2013, el Ministerio del Interior adquirió, en una operación secreta, tecnología de punta —a un costo de US$ 2 millones— que aumentará sensiblemente su capacidad para vigilar llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. La empresa vendedora cobra US$ 200.000 anuales por mantenimiento y servicios técnicos.
El equipo comprado en Brasil y denominado El Guardián WEB, permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.
El Ministerio del Interior argumentó que El Guardián permitirá sintetizar todas las escuchas telefónicas mediante un solo mecanismo.
Antes de la puesta en funcionamiento de este sistema, en el país hacían escuchas telefónicas las 19 Jefaturas de Policías y varios departamentos especializados en el combate al delito.
Migración.
El 27 de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia publicó en su página web que, como complemento de la comunicación telefónica entre el presidente de la Corporación, Ricardo C. Pérez Manrique, y el director de la Policía Nacional, Mario R. Layera, éste último remitió a la corporación el oficio 235/16 informando sobre la migración de las interceptaciones activas a nivel nacional del sistema antiguo al nuevo sistema Guardián.
En el documento recibido por la Corte, Layera indicó que hasta el momento se han realizado «235 interceptaciones dispuestas por 19 juzgados letrados y las correspondientes 19 fiscalías, que involucran 70 investigaciones llevadas adelante por 15 unidades policiales, restando las Jefaturas de Policías de Maldonado, Rocha, Soriano y Treinta y Tres».
El 23 de abril pasado, la entonces jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos procesó con prisión a una pareja de mexicanos que estaría vinculada al cartel Los Cuinis, gracias a las escuchas hechas con El Guardián.
«Resulta imperioso aclarar que los jueces no están operando la aplicación denominada SAIL, que les permitirá ordenar la interceptación de comunicaciones y fiscalizar el cumplimiento de lo ordenado», informó la Corte.
