El caso que estalló en la última semana porque Asamblea Uruguay no realizó los aportes de una exsecretaria del exdiputado Jorge Orrico (que le terminó costando su puesto en el Sodre) es producto de una desprolijidad de un sector político, pero es, a la vez, la punta del iceberg de una serie de actitudes de todos los partidos que, a la luz de algunos juicios escuchados últimamente sobre impuestos, aportes y elusiones, es como para mirar de reojo.
Cuando el tema tomó estado público hubo algunos legisladores que salieron a aclarar que hacían todos los aportes, pero otros, la mayoría, guardó un prudente silencio.
Se podían haber hecho un picnic luego de que el sector del hombre que maneja la economía del país –en un asunto que además involucró a su pareja– evadiera los aportes de una secretaria. Pero no pasó. De la misma forma, nadie profundizó en la cuestión de si los secretarios son funcionarios rentados por el legislador o por los partidos. ¿Por qué habrá sido?
Eludiendo la reforma
Tras la recuperación democrática en 1985, cuando llegaba la hora de cobrar el sueldo, los secretarios de las bancadas parlamentarias hacían cola en la ventanilla de la tesorería del Palacio Legislativo, donde se les pagaba.
«Éramos, o nos pagaban, como una partida de gasto», rememora Ita Heber, histórica secretaria de bancada del Herrerismo, hoy jubilada y quien asegura que a ella siempre le abonaron los aportes correspondientes.
De ese dinero se pagaba al menos el aporte obrero–aporte personal que se descuenta del sueldo nominal del trabajador–, de partidas que provenían, y siguen proviniendo, de Rentas Generales, ya que el Parlamento por sí no genera ingresos.
Hasta que llegó el año 2007, cuando el gobierno del Frente Amplio, con Danilo Astori como ministro de Economía, realizó una reforma tributaria y comenzó a implementar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que en los hechos grava ingresos.
Los secretarios cuyo sueldo superara el monto imponible debían comenzar a pagar el impuesto.También debían pagarlo los parlamentarios.
Pero, además, la reforma derogó las exoneraciones a los aportes patronales de que gozaban los partidos. La ley 12.802 que regía desde el 30 de noviembre de 1960 en su artículo 134 establece que los partidos políticos «quedan exonerados de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte y/o contribución por los bienes de cualquier naturaleza».
A partir de 2007, entonces, quedaron planteadas dos nuevas realidades económicas en estos vínculos: por un lado, el IRPF que grava a las remuneraciones de los secretarios y de sus «jefes», los legisladores; por otro, los aportes a la seguridad social, ya que los pagos efectuados por los partidos políticos pasaban a estar gravados por aportes patronales.
Quizá fue por esto que el propio oficialismo propició que los dineros fueran recibidos por los partidos y de allí se pagara al legislador y a sus secretarios.
De esta forma, debían pagar aportes obreros y patronales, pero lo que manejaban los partidos estaba exonerado del IRPF. Sin embargo, ahora parece que la interpretación que se plantea es otra: la plata no es de los partidos. El ministro Danilo Astori lo dijo fuerte y claro en estos días: «Los secretarios de los legisladores no dependen del sector».
Ita Heber abundó sobre esto y confirmó que quienes fijan horarios, descansos y tareas de los secretarios son los legisladores.
Vuelta de tuerca
En noviembre de 2012 el tema tuvo una nueva vuelta de tuerca. En ese mes de ese año los partidos políticos acordaron y votaron por unanimidad que aquel artículo de la reforma tributaria que los obligaba a pagar aportes patronales cayera y consagraron una exoneración de ese aporte.
Como el dinero lo estaban recibiendo los partidos, se exoneraron, una vez más, de pagar el aporte obrero por los sueldos que salían de esa partida del Legislativo.
¿Queda claro por qué existen razones para dudar de las causas por las que figuran los partidos y no los legisladores pagando los salarios aunque «la verdad material» indique que los secretarios son empleados de los legisladores?
Es un hecho que entre las leyes votadas y las decisiones políticas de que el dinero lo reciban los partidos, los parlamentarios lograron disminuir la presión tributaria sobre esos dineros presentando una forma que no necesariamente se ajusta a la verdad material de los hechos.
Es una actitud similar a la de algunos ciudadanos cuyas decisiones de inversión para que el dinero les rindiera mejor quedaron expuestas por los llamados Panamá Papers. Aunque los caminos seguidos por algunos de esos ciudadanos para eludir impuestos eran legales, fueron tildados de poco éticos, señalamiento que fue realizado incluso por algunos legisladores. O sea, habrían visto la elusión en el ojo ajeno pero no la estratagema en el propio.
En este caso no se trata solo de una cuestión ética. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) determina que cuando una forma de documentar algo no tiene fundamento económico ni se adecua a la realidad, lo considera una fachada que no cambia el régimen tributario que corresponde aplicar. El partido sería, en este caso, un prestanombres.
Pero, en definitiva, la cuestión institucional que se presenta con todo esto es la transparencia con que se manejan estos dineros que salen del bolsillo de todos.
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